El abogado Arceo Corcuera detalla contenido del nuevo libro de López Obrador

El Encino, caso resumido en 28 "trampas"

"La acusación de la PGR tiene tantos vicios de origen que ganaremos fácilmente", dice

JAIME AVILES

De un momento a otro la editorial Grijalbo pondrá a la venta los primeros 3 mil ejemplares del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador, Mi alegato contra el desafuero, en el que participaron los abogados Alvaro Arceo Corcuera, Alberto Pérez Mendoza, Javier Quijano Baz y Julio Scherer Ibarra. La Jornada obtuvo en exclusiva el documento central del volumen: las 28 puntualizaciones jurídicas sobre El Encino.

"Después de conocer este material, hasta un carpintero le podría ganar el caso a la Procuraduría General de la República. La acusación tiene tantos vicios de origen que si la llevan hasta las últimas consecuencias los vamos a derrotar con suma facilidad", afirma Alvaro Arceo Corcuera, asesor del jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF) y "descubridor" de este asunto, que se empolvaba en algún cajón del Antiguo Palacio del Ayuntamiento sin que nadie advirtiera que contenía una bomba de tiempo.

Nadie le prestaba atención al expediente porque se trataba de la supuesta violación de un decreto de amparo, problema que tradicionalmente en México nunca tenía consecuencias. "Pero cuando me puse a ver cómo lo habían fabricado, con un obvio manejo de los tiempos electorales, decidí que, por si las dudas, había que preparar la más rigurosa defensa legal, y por eso no nos sorprendieron cuando lanzaron el ataque a fondo", relata el asesor.

Ahora, después de documentar todas las anomalías y trampas cometidas por la PGR y el juez Alvaro Tovilla, Arceo Corcuera expuso el alegato en power-point ante el Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se reúnen los directivos de los colegios y barras de abogados de aquella entidad, y la respuesta de los jurisconsultos fue rotunda.

Por unanimidad de los 21 miembros del consejo se llegó "a la conclusión de que existe el ingrediente de especulación (de la PGR en su denuncia) porque no es cierto que desde el punto de vista jurídico el jefe de Gobierno violara la suspensión de un amparo". Por tanto, añadieron los especialistas, "este procedimiento es de los denominados 'artificiales', que no tienen otro objetivo que meter en problemas a las personas involucradas".

-¿Podemos ver algunos ejemplos?

-Hay perlas realmente increíbles -dice mientras explora una gran carpeta que abre, por cierto, con el mapa del terreno que nadie sabe exactamente dónde está y que tiene la forma de una torre de Ciudad Satélite-, pero es mejor comenzar por el principio. El predio fue expropiado por el gobierno de Rosario Robles el 10 de noviembre de 2000. El 4 de diciembre de ese mismo año, la empresa Promotora Internacional Santa Fe interpuso un amparo. ¿Cuándo tomó posesión López Obrador? El 5 de diciembre, es decir, al día siguiente.

El abogado señala la punta de la imaginaria torre y agrega:

-Rosario expropió dos fracciones del terreno, una de 6 mil 287 metros aquí arriba, y otra de 7 mil 119 metros acá -ahora su lápiz toca la base de la torre, para volver a señalar la punta-: aquí es por donde iba a pasar la calle Vasco de Quiroga hacia el Hospital Inglés.

De acuerdo con la fotografía aérea, la única entrada al terreno está junto a la base de la torre, justo por donde pasa la avenida Carlos Graef Fernández. Pese a esto, en el expediente los jueces hablan en todo momento en plural, cuando se refiere a los "accesos" de El Encino.

-¿Qué pasa con la demanda contra la expropiación?

-El 14 de marzo de 2001, el juez Armando Cortés Galván concedió la suspensión definitiva, ojo, para el único efecto de que las autoridades responsables paralicen los trabajos de apertura de vialidades, sólo en la parte de las fracciones expropiadas que servían de acceso al predio denominado El Encino, así como para que se abstengan de bloquear y cancelar los accesos a dicho predio.

-Pero si hay un solo acceso, ¿por qué se usa el plural?

-Porque nunca se precisó topográficamente cuál era la parte de las fracciones expropiadas que servían de acceso a El Encino ni se puntualizó cuántos accesos había ni dónde estaban. De hecho, en las dos inspecciones oculares realizadas, los peritos de la PGR ni supieron decir dónde está El Encino dentro de un terreno bastante más grande llamado La Ponderosa. Pero sigamos con la secuencia.

Tovilla entra en acción

El juez Cortés Galván fue sustituido por Tovilla León, famoso porque sus fallos suelen beneficiar los intereses foxistas. En pocas palabras se le considera "juez a modo" y no precisamente justo. Hay quienes le dicen Topillo. ¿Es verdad?

-No lo sé -responde Arceo- y no me importa. Lo cierto es que el 13 de agosto de 2001, ya con Tovilla León como nuevo titular del juzgado noveno, Promotora Internacional Santa Fe denuncia que el GDF violó la suspensión definitiva, y el 30 de agosto de 2001 ese juez da la razón a la empresa y declara "fundada la denuncia". Pero hay que poner atención a este párrafo, que es una joya: las ocho autoridades señaladas responsables "negaron los actos que motivaron la denuncia... sin que en el sumario haya evidencias de las que se pueda desprender lo contrario", y concluyó que, "por tanto, lo procedente es declarar infundada la denuncia", pero lo hizo únicamente con siete de las autoridades señaladas, y dejó viva la acusación contra López Obrador, alegando que éste había "controvertido la suspensión definitiva". ¡Controvertido, imagínate, no sabe hablar español! ¿En qué se basó para decir esto, si antes había admitido que no existían pruebas de violación alguna? Un hecho existe o no existe. No puede ser real e irreal al mismo tiempo.

"Para resolver este disparate, el juez Tovilla tomó 12 renglones de un informe de 10 páginas que envió el entonces secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti, y que firmó en ausencia de López Obrador. Y con ese documento en la mano, exoneró a Ortiz Pinchetti y acusó al jefe de Gobierno.

"Cuando el séptimo tribunal colegiado confirmó la acusación contra López Obrador, Tovilla ordenó pasar el asunto al Ministerio Público Federal (MPF), y mucho cuidado: el juez giró la orden el 31 de enero de 2002, pero el MPF ya tenía abierta una averiguación previa contra López Obrador como supuesto responsable del mismo delito desde el 14 de noviembre de 2001, o sea, dos meses y medio antes de que el jefe de Gobierno fuera acusado por el juez. Sólo por eso el procedimiento debería ser desechado.

"Esto demuestra el tendencioso manejo de los tiempos electorales: el MP abre una averiguación previa en noviembre de 2001, pero no recibe la denuncia sino hasta enero de 2002 -normalmente es al revés, ¿no?-, y, sin embargo, la PGR activa el caso el 22 de septiembre de 2003..."

El abogado cierra el expediente.

-Y así hay mil cochinadas más. Por ejemplo, Promotora Internacional solicita copia del expediente y la PGR se lo entrega. López Obrador pide lo mismo y la PGR se lo niega, y se ampara contra esa arbitrariedad, gana el amparo y la PGR se lo sigue negando. Otra: López Obrador manda a la sección instructora de la Cámara de Diputados pruebas de que Vicente Fox dijo que la decisión más difícil del año pasado fue la del desafuero, y qué pasa: le rechazan esa prueba, y así hasta el infinito. Otra: según el Código Federal de Procedimientos Penales, si el juez de la causa no asiste al predio a constatar los hechos, la prueba pericial es nula. Lo cierto es que el juez Tovilla nunca fue a El Encino, se acogió a lo que le decía el actuario, pero éste nunca supo dónde estaba El Encino.

-¿Qué va a pasar si no hay desafuero? Cuando López Obrador renuncie para irse a la campaña, ¿la PGR lo puede detener por lo mismo?

Arceo Corcuera no lo duda:

-La PGR es capaz de presentar a una mujer y decir que el jefe de Gobierno la violó. Mientras se averigua que no fue cierto, Andrés Manuel está preso y le impiden registrar su candidatura desde la cárcel. Es el esquema que están siguiendo ellos, y lo complementan con el discurso de que todos los días promueven el estado de derecho y se van a dormir contentos.