Editorial
Se reabre el caso Digna Ochoa
La determinación emitida ayer por el segundo tribunal colegiado en materia penal, de ordenar la reapertura de las investigaciones en torno de la muerte de Digna Ochoa y Plácido, abogada y defensora de los derechos humanos, constituye un hecho positivo y saludable para una sociedad cada vez más escéptica ante las instituciones de procuración de justicia federales y locales. En el fallo referido, la autoridad judicial se abstiene de tomar partido en favor o en contra de la polémica conclusión elaborada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PJGDF) de que la activista veracruzana se suicidó en su despacho, a contrapelo de lo que sostienen desde un principio parientes y amigos de la fallecida, es decir, que Digna Ochoa fue asesinada.
El segundo tribunal simplemente ordena a la PGJDF que tome en consideración dictámenes realizados por peritos independientes contratados por el abogado de la familia Ochoa que demostrarían que la abogada fue maltratada y golpeada horas antes de su muerte, ocurrida el 19 de octubre de 2001. No sólo las conclusiones de la procuraduría capitalina sobre el caso, sino también su negativa a tomar en cuenta los peritajes referidos, han sido motivo de críticas y han generado sospechas sobre su voluntad y su capacidad para llegar a fondo en el trágico episodio y llevar a cabo una investigación profesional y eficiente.
Por lo demás, la muerte de Digna no es el único caso en el que la actuación de la PGJDF suscita profundas inconformidades. La falta de resultados en la pesquisa sobre la muerte del estudiante y activista Pável González González, quien desapareció en abril del año pasado, y cuyo cadáver apareció unos días más tarde en el Ajusco, con indicios de haber sido torturado, es otro factor de justificada exasperación social contra la dependencia que encabeza Bernardo Bátiz. El descontento se ha traducido ya en incidentes lamentables, como la manifestación dispersada con gases lacrimógenos hace cosa de 10 días en las inmediaciones de la PGJDF, cuando diversas organizaciones sociales exigían el esclarecimiento de la muerte de Pável González y la reapertura de las pesquisas en torno a la de Digna Ochoa. Un tercer caso es el de la adolescente Stephanie Téllez, quien oficialmente se suicidó a principios de este mes en la delegación Magdalena Contreras, luego de involucrarse en actividades de narcomenudeo, y cuyos familiares sostienen que en realidad fue asesinada.
El suicidio como culminación de indagatorias penales obliga a recordar las inverosímiles muertes de funcionarios a lo largo del sexenio pasado (el secretario de Transporte del entonces Departamento del Distrito Federal, Luis Miguel Moreno, quien oficialmente se metió dos balazos de revólver en el corazón; el oficial mayor de la Procuraduría General de la República, Juan Manuel Izábal Villicaña, cuyo cadáver permaneció con los lentes puestos después de darse un tiro en el paladar; el subsecretario de Comercio y Fomento Industrial, Raúl Miguel Ramos Tercero, quien murió desangrado en La Marquesa tras infligirse varias lesiones en distintas partes del cuerpo con una navaja tipo cúter), en el marco de algunos de los escándalos de corrupción que marcaron al régimen de Ernesto Zedillo.
Hoy como entonces existe una enorme discrepancia entre las percepciones de la sociedad y las versiones asentadas por las instancias responsables de la procuración de justicia. Aunque sea indignante e inaceptable, no causa ya sorpresa que el foxismo utilice a la Procuraduría General de la República (PGR) para golpear a sus adversarios políticos o ajustar cuentas entre sus propias filas, como pareciera ser el caso de las resbaladizas acusaciones contra el ex coordinador de giras presidenciales, Nahúm Acosta. Pero el que el organismo de procuración de justicia de un gobierno que pretende ser diferente al panismo y el priísmo, como es el de la ciudad de México, recuerde el desempeño de las regencias y presidencias priístas es, además de inaceptable, descorazonador.