Coahuila: ley de la selva en zonas carboníferas

JESUS ARANDA ENVIADO

Sabinas, Coahuila. La zona carbonífera de Coahuila es inconfundible. Enormes tráileres tapizados de polvo negro transportan la riqueza producida en tajos, minas y pozos, donde el uso indiscriminado de explosivos es común. En esta zona hay un ambiente saturado de un olor parecido al de la gasolina, donde las desembocaduras de los ríos tienen altos niveles de contaminación por los desechos de la actividad minera, y la depredación agrícola y ganadera se ha extendido.

La liberalización de las reservas mineras nacionales, en 1992, que convirtió el carbón en producto sujeto al régimen de concesiones, permitió que contratistas de Altos Hornos de México SA (AHMSA) y Aceros Monterrey solicitaran los permisos para extraer ese mineral, con la posibilidad de vendérselo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dado el déficit que persiste hasta la fecha, para abastecer a las carboeléctricas de la paraestatal.

Esa acción, que impulsó la participación de la iniciativa privada en el negocio del carbón, convirtió el territorio "libre" -es decir, el que aún no había sido concesionado- en un lugar donde "impera la ley de la selva". Según la legislación minera vigente, no se necesita ser propietario de un terreno para explorar y, en su caso, explotar una mina de carbón.

Basta que se solicite al Consejo de Recursos Mineros (Coremi) un permiso de exploración para establecer si en dicho predio hay carbón; de resultar positiva la indagación, el minero firma un convenio con el propietario -lo llaman superficiario- para la explotación, sin que tenga que darse necesariamente la venta del terreno. Como en general el propietario de la tierra no cuenta con los recursos suficientes para producir, resulta que obtiene, las más de las veces, un pago único por hectárea de alrededor de 250 dólares, pero queda al margen de la ganancia que representa la explotación del mineral.

En caso de que el propietario se niegue a aceptar algún convenio con los mineros, éstos lo amenazan con acudir a la autoridad para que el predio sea expropiado por motivos de utilidad pública.

Por otra parte, ante la complacencia de la CFE, en el gobierno de Coahuila y la Secretaría de Energía se han creado cotos de corrupción para poder convertir el coyotaje en forma cotidiana de producción y venta del mineral, donde los únicos beneficiarios son la Minera Carbonífera Río Escondido (Micare), así como funcionarios de la paraestatal y del gobierno de la entidad, por conducto de la Promotora de Desarrollo Minero (Prodemi), la cual tiene el monopolio para comprar a casi 60 pequeños y medianos mineros el carbón que, a su vez, es revendido a la CFE.

El secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, tiene conocimiento directo de las denuncias de corrupción y coyotaje en contra del director de CFE, Alfredo Elías Ayub, y otros funcionarios de la paraestatal, así como contra el gobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, por solapar la venta ilícita de carbón por conducto de Prodemi y por permitir que empresas fantasmas desplacen a auténticos mineros en la venta del producto.

El senador panista Alberto Rico Samaniego, junto con las asociaciones de Productores Rurales, de Productores Independientes, de Productores del Norte de Coahuila y de Productores de Carbón, presentó desde el año pasado las denuncias correspondientes a Eduardo Romero, sin que hasta la fecha se hayan obtenido resultados.

En una misma área conviven diferentes formas de propiedad y producción, y se han acentuado la desigualdad y la pobreza de 2002 a la fecha.

Enormes empresas -entre las que destaca Micare, propiedad del Grupo Acerero del Norte (GAN)- utilizan maquinaria pesada y medios de transporte en sus minas y tajos a cielo abierto; medianos y pequeños mineros están obligados a venderle a la Prodemi o, en caso contrario, entregar su carbón a los coyotes, que sin ser productores comercian el mineral con la propia promotora, ante la complacencia de las autoridades que encabeza el gobernador Enrique Martínez y Martínez.

Y los más desprotegidos son los mineros llamados poceros, quienes con técnicas rudimentarias extraen el carbón de "pozos" donde una sola persona debe bajar más de 50 metros en un malacate, especie de canastilla por la que también se sube el mineral obtenido a golpe de pico y pala.

Sin contar con medidas elementales de seguridad, los poceros corren el riesgo de morir ahogados -es común que se encuentre agua en el lugar y que el trabajador muera si no lo sacan rápidamente- o por asfixia, ya que en el subsuelo existe un gas muy venenoso, conocido como grisú, el cual al mezclarse con el aire puede explotar.

Los poceros, que muchas veces viven en los alrededores de las minas, en la mayoría de las ocasiones carecen de seguridad social y, de acuerdo con mineros del lugar, tienen que utilizar ese método de extracción "porque son los más necesitados, los que no tienen otra forma de ganarse la vida".

Uno de los mineros -recientemente expulsado con otros 14 trabajadores de la Unión Nacional de Productores de Carbón por denunciar el coyotaje de que son objeto-, que por temor a represalias omitió su nombre, comentó: "No hay semana en que no haya accidentes fatales con los poceros, porque con esta crisis que vivimos, si la economía no está buena la seguridad en la mina tampoco lo está".

Apenas el pasado 17 de enero, el periódico Zócalo, del municipio de Sabinas, daba cuenta del caso de Pablo Moreno Ruiz, de 23 años, a quien le cayó una enorme piedra en la cabeza cuando laboraba en un pozo y tuvo que ser atendido en el centro de salud por no ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con un documento de la Asociación de Productores de Carbón, fechado el 7 de diciembre de 2004, se tienen ubicadas 13 mineras medianas y pequeñas que no tienen registrado un solo trabajador en el IMSS y que, a pesar de esta irregularidad, son favorecidas por la Prodemi en la compra de miles de toneladas de carbón, mientras a decenas de mineros les han reducido el monto de la compra del mineral, lo que los obliga a recurrir a esas empresas fantasmas, las cuales adquieren el carbón a precio más bajo -con una ganancia estimada de 50 pesos por tonelada- y lo venden a la Prodemi con la venia oficial.

La extracción de carbón no respeta ni a los muertos

Los municipios ubicados en la zona carbonífera de Coahuila (Sabinas, Múzquiz, San Juan de Sabinas -Nueva Rosita-, Juárez y Progreso) se diferencian poco de otros municipios pobres del país, a pesar de la riqueza que generan, salvo por el entorno contaminado y gris por el polvo del mineral.

En esta zona la voracidad por extraer carbón no se detiene ni ante la existencia de casas cercanas a los tajos, en los que de manera indiscriminada se utiliza dinamita para facilitar la extracción.

Tampoco se respeta a los muertos. La barda del panteón de Nueva Rosita, que colinda con la empresa Minsa, "desapareció" porque obstruía la carretera por la que los tráileres llevan el mineral rumbo a las carboeléctricas de Piedras Negras.

Las criptas del cementerio están cubiertas por una espesa capa de polvo gris, e inclusive las flores que dejan los deudos tienen plásticos, pero con el paso del tiempo han dejado su transparencia y es difícil adivinar su color.

Dicen que es imposible que los muertos descansen en paz, porque el trajín de los tráileres y el movimiento de hombres y maquinaria lo impiden.

Coahuila, primera reserva carbonífera

La región carbonífera de Coahuila tiene una extensión territorial de 16 mil 40 kilómetros cuadrados y una población de 160 mil 422 habitantes; representa 95 por ciento de las reservas del país.

* Existen dos variedades de carbón: no coquizable, para producir acero; y coquizable, que se utiliza como combustible en centrales carboeléctricas.

* 58 por ciento de los mineros explota en yacimiento.

* 37 por ciento a cielo abierto.

* 4.17 por ciento en minas.

* Desde 1975 México importa carbón para producir energía eléctrica.

* La Prodemi tiene un convenio con la CFE para venderle 3.3 millones de toneladas de carbón anuales, lo que representa 25 por ciento de las necesidades de la empresa.

* El 75 por ciento restante lo produce Micare, propiedad del Grupo Acerero del Norte.