Las políticas del gobierno buscan la fragmentación de las etnias: especialistas
Demandas indígenas, peligro para los megaproyectos que impulsan Fox y AN
Ante las demandas de las comunidades indígenas, que exigen justicia y la erradicación de la pobreza, el Partido Acción Nacional (PAN) y el presidente Vicente Fox Quesada han fortalecido el impulso al desarrollo empresarial, y evidencian que las peticiones y experiencias de autonomía de aquellos pueblos representan "un peligro" para la aplicación de megaproyectos impulsados por transnacionales, sostienen académicos en el libro El Estado y los indígenas en el tiempo del PAN.
En el texto coordinado por Rosalva Aída Hernández, Sarela Paz y María Teresa Sierra, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, señalan que las políticas establecidas apuntan hacia la "fragmentación" de los grupos étnicos, como ocurre en Chiapas, mediante procesos de renegociación locales, y no a la recomposición de los mismos.
En tres apartados, varios académicos analizan lo que denominan el neoindigenismo, término acuñado para referirse a las pretensiones de renovación del discurso oficial, aunque en realidad continúa la aplicación de viejas prácticas (priístas) en las instituciones creadas por Fox.
El ejemplo más claro al que alude Natividad Gutiérrez es la desaparición del Instituto Nacional Indigenista para dar paso a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 2003. La investigadora establece que ésta se mantiene como una instancia asistencialista y de carácter vertical que no toma en consideración la opinión de las etnias para el manejo de programas.
Paloma Boffil documenta que los discursos de género del gobierno federal no significan transformaciones estructurales para impulsar programas en favor de las mujeres indígenas. Salomón Nahamad y Neil Harvey muestran que los megaproyectos, como el Plan Puebla-Panamá, o proyectos regionales, como los financiados por los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo en Oaxaca, se deciden, planean y aplican de espaldas a la población a la que van dirigidos.
Otros autores analizan la disputa por los derechos y la pluralidad del Estado. Magdalena Gómez, Consuelo Sánchez, Francisco López Bárcenas y Juan Carlos Martínez insisten en que la negativa a reconocer constitucionalmente los derechos autonómicos de los pueblos indígenas, consagrados en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, deriva de decisiones políticas y económicas calculadas por grupos de poder, porque asumirlos significaría, entre otras cuestiones, imponer contrapesos a las políticas neoliberales y tener que negociar con "actores sociales incómodos" que no comparten el mismo proyecto del Estado.
Finalmente, en el apartado denominado Identidad, Rosalva Aída Hernández, María Teresa Sierra, Héctor Díaz-Polanco y Sarela Paz retoman los análisis de sus coautores para confirmar que "estamos ante un proyecto político e ideológico que, amparado en una retórica legal de la diversidad, apunta a fortalecer un proyecto de nación excluyente, de minorías, y no fundado en el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autonomías".
El texto será presentado hoy.