El ex presidente Zedillo, Emilio Chuayffet y el ex gobernador Ruiz Ferro, entre los señalados

Acusan ONG al Estado ante la CIDH por la matanza de Acteal

Centro Fray Bartolomé y Las Abejas presentaron una "petición" por el asesinato de 45 indígenas

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de las Casas, Chis., 22 de febrero. Por considerar que las instancias internas se han agotado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la organización de la sociedad civil Las Abejas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado mexicano por el asesinato de 45 indígenas tzotziles, ocurrido en la comunidad de Acteal, el 22 de diciembre de 1997.

"El Estado mexicano no solamente incumplió con su deber de prevención al no evitar la consumación de la masacre, sino que creó las condiciones para que este derecho fundamental fuera vulnerado", se asienta en la petición presentada ante la CIDH el pasado 18 de febrero.

En conferencia de prensa conjunta con la directiva de Las Abejas, Diego Cadenas, abogado del Centro Fray Bartolomé de las Casas, informó que esperan que dentro de tres semanas el organismo internacional, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), responda si es aceptada o no la petición.

"Los peticionarios consideramos que el Estado mexicano es responsable por la violación de los artículos 1.1, 4, 5 8, 17, 19, 25, relativos a la obligación de respetar los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección a la familia y a los derechos del niño de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", agregó.

Sebastián Gómez Pérez, uno de los dirigentes de las Abejas, a la cual pertenecían las víctimas de Acteal , dijo que los responsables intelectuales de la matanza son el ex presidente Ernesto Zedillo; Emilio Chuayffet Chemor, ex secretario de Gobernación y actual diputado federal priísta; el ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro, y otros ex funcionarios, quienes no han sido enjuiciados.

"La petición a la CIDH se basa en la responsabilidad del Estado en dos sentidos: por acción en lo relativo a la organización, formación y apoyo a los grupos paramilitares, y por omisión, al no haber impedido la masacre", cometida por paramilitares priístas, añadió.

Como parte del proceso por el multihomicidio, 88 personas -la mayoría tzotziles del municipio de Chenalhó, al cual pertenece Acteal- fueron encarceladas en 1997, de las cuales una falleció y seis fueron absueltas en noviembre de 2001, por lo que actualmente quedan en prisión 81.

De ellas, 53 son procesadas en tres juicios abiertos y sólo seis han sido sentenciadas. Además, existen 29 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. "Han pasado siete años y dos meses de la masacre y sigue habiendo juicios abiertos, averiguaciones previas en reserva y órdenes de captura sin ejecutarse, sin que se conozca la verdad de los hechos y sin que se hayan tomado medidas para reparar el daño causado a los sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos", aseveró Las Abejas.

Cadenas explicó que para acudir ante la CIDH es necesario haber agotado los recursos de la jurisdicción interna y no haber encontrado justicia. "El caso de Acteal está en esta situación, pues han pasado siete años de investigaciones, y en términos de jurisprudencia de la CIDH esto es considerado como un retardo injustificado, que es lo que estamos invocando en la petición", señaló.

"El Estado mexicano es responsable por la ausencia de esclarecimiento judicial de los hechos, y su falta de diligencia se ve reflejada en la ausencia de la debida recopilación de pruebas, como el levantamiento de cadáveres, autopsias, pruebas de balística y otras omisiones que tienen consecuencias irreparables desde el punto de vista del esclarecimiento de los hechos", se asienta en el documento enviado a la CIDH.

Agrega que siete años después de la matanza "no se han agotado las líneas de investigación relativas a la aplicación de una estrategia militar de contrainsurgencia, y los agentes del Estado presuntamente responsables de la autoría intelectual de la masacre de Acteal no han sido sometidos a investigación, mucho menos ligados a las indagaciones criminales".

En la petición, el Fray Barto-lomé de las Casas y Las Abejas manifiestan que "la guerra de baja intensidad -en el contexto de la cual ocurrió la masacre- que se inició y fortaleció durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, continúa en el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada".

Sostienen que el Ejército Mexicano "sólo ha cambiado sus posiciones, los acuerdos de San Andrés -firmados el 16 de febrero de 1996- no se han cumplido y los diversos grupos paramilitares ya identificados siguen en posesión de las armas de uso exclusivo el Ejército, además de que sus integrantes se mueven libremente por las comunidades, cubiertos por el manto de la impunidad".

Si la petición es aceptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se abrirá un expediente, y en su momento la dará a conocer al Estado mexicano para que elabore un informe acerca del caso, concluyó Cadenas. Simultáneamente a la conferencia de prensa, en Acteal cientos de indígenas participaban en la misa que cada 22 de mes se oficia para recordar a los 45 tzotziles asesinados y para exigir que se haga justicia. Hoy se cumplieron 86 meses de la matanza.

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 22 de feb. La Fiscalía General del estado detuvo al máximo líder del grupo Paz y Justicia, Samuel Sánchez Sánchez, y empezó una averiguación contra ex servidores públicos de la administración que encabezó Julio César Ruiz Ferro, como presuntos copartícipes del desvío de recursos públicos en favor del grupo paramilitar.

Esta es la segunda ocasión en que se detiene a Sánchez Sánchez, acusado de los delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada, en agravio de los entonces militantes de la organización pro zapatista Abu-Xu. En esta ocasión se le capturó también por uso indebido de recursos públicos

Agentes policiacos aprehendieron al líder paramilitar en el municipio de Tila -de donde es originario-, cuando el pasado 15 de febrero se encontraba apoyando activamente al edil del municipio, Juan José Solórzano, quien ganó la presidencia durante las elecciones del 3 de octubre pasado.

Este hecho suscitó molestia en quienes acusan al líder de Paz y Justicia de querer mantener su fuero en el lugar, por lo que empezaron diversos actos de protesta, lo que hizo que fueran desalojados por policías estatales. Ese día se llevaron a cabo diversos actos de violencia que derivaron en la detención de media centena de personas, entre ellas Samuel Sánchez.

Fuentes de la Fiscalía informaron que al intentar averiguar el estado que guardan los expedientes penales iniciados contra Sánchez, encontraron que éstos habían "desaparecido", desde que en octubre de 2000 agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) lo detuvieron. En esa ocasión también fue acusado de múltiples homicidios y otros agravios cometidos contra prozapatistas de la zona norte de la entidad. A los seis meses fue exculpado de los cargos.

Este día, la fiscalía hizo pública la detención y el arraigo domiciliario a que fue sometido nuevamente el líder paramilitar, y anunció que se dio a la tarea de reconstruir los expedientes penales y las acusaciones -al menos ocho por homicidio- que pesan contra Sánchez Sánchez y contra Raymundo Hernández Trujillo, Sabelino Torres y Diego Vázquez, otros tres de los dirigentes del grupo armado actualmente presos en el penal de El Amate.

En la averiguación previa 017/UESP/2003-01, la dependencia considera que Samuel Sánchez Sánchez es fundador y uno de los máximos dirigentes de la organización Desarrollo, Paz y Justicia, conformada en 1995 y con presencia en 121 comunidades de los municipios de Tila, Tumbalá, Yajalón, Salto de Agua y Sabanilla. Su modo de

operación está vinculado a los actos sanguinarios perpetrados contra militantes de izquierda en la región.

La dependencia encontró evidencias de que el inculpado fue victimario directo de Sebastián Pérez López, Mateo Hernández López, Mateo Vásquez Sánchez, Romeo Pérez Pérez, Nicolás Mayo Gutiérrez y Mateo Arcos Guzmán, cuyos casos se investigan desde 2002.

"Actualmente se tienen nuevos elementos de prueba, los cuales se han obtenido en las investigaciones hechas por un grupo especializado, las cuales buscan aclarar otros homicidios y desapariciones forzadas de opositores al grupo Paz y Justicia, así como la muerte de más miembros de la organización", sostuvo la dependencia.

A la par de este proceso, se abrió una nueva averiguación previa contra Samuel Sánchez y los otros dirigentes de Paz y Justicia, así como contra servidores públicos de los gobiernos del estado y municipal en los años 1995 a 1998, "quienes brindaron apoyos a ese grupo".

La Fiscalía acusa a dichos ex funcionarios de apoyar al grupo armado con más de 4 millones de pesos. Estos recursos presuntamente fueron destinados a proyectos agropecuarios y ganaderos, pero se desviaron a la compra de insumos que requirió la organización Paz y Justicia para operar en su zona de influencia. Esta nueva indagatoria se refiere al convenio que firmó el 4 de julio de 1997 el entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro, a través del cual se le otorgó al grupo armado un total de 4 millones 600 mil pesos.

Este convenio fue avalado por 64 representantes de Paz y Justicia y por Homero Tovilla Cristiani, entonces secretario de Gobierno del estado, Uriel Jarquín Gálvez, subsecretario general de Gobierno, y también firma como "testigo de honor" el general Mario Renán Castillo, entonces comandante de la VII Región Militar.

Acusaciones directas vertidas por militantes de Paz y Justicia que desertaron del grupo armado indican que con los más de 4 millones se compro automóviles, armas, radios de comunicación y otros recursos con los que se efectuaron al menos 40 asesinatos de simpatizantes zapatistas, 21 secuestros, y provocado el desplazamiento de 4 mil 112 personas.