Usted está aquí: miércoles 23 de febrero de 2005 Política El fallo de la Corte, para evitar presiones del senador-litigante

López Obrador: buena noticia, reducir indemnización

El fallo de la Corte, para evitar presiones del senador-litigante

JESUS ARANDA, ANGEL BOLAÑOS Y CAROLINA GOMEZ

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ordenar a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) pagar 199 millones 760 mil pesos como indemnización por el predio de Santa Ursula Coapa, en lugar de enviar el expediente al juzgado décimo de distrito administrativo para que éste realizara nuevos avalúos del terreno de 33 hectáreas, tuvo el propósito de evitar presiones del senador litigante Diego Fernández de Cevallos para modificar el monto en favor de sus defendidos, confiaron fuentes del máximo tribunal.

En tanto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, consideró una buena noticia el fallo que redujo el monto de la indemnización que la SRA deberá pagar a la familia Ramos Millán.

"Ya no se van a tener que pagar mil millones de pesos con dinero de todos los mexicanos, que querían cobrar de más quienes reclamaban la afectación y cuyo abogado es un senador muy famoso", apuntó en alusión al panista Diego Fernández de Cevallos.

Esta actitud contrastó con la del subsecretario de la Reforma Agraria, Armando Ríos Piter, quien en breve entrevista se limitó a comentar que este "tipo de resoluciones sólo se acatan" y que la dependencia no debe "decidir si está bien o no lo que dice la Corte".

A su vez, José Durán Vera, presidente de la Unión Campesina Democrática (UCD), consideró que el fallo "estuvo bien, porque era indudable que la cantidad que se tenía que pagar estaba fuera de la realidad" presupuestal de la SRA. Sostuvo que esto beneficiará a los campesinos, pues en cierta forma "protege el presupuesto del sector agrario", pero consideró que aún se castiga las partidas destinadas al sector agrario.

Se congratuló de que la Corte "siente un precedente de esta magnitud, pues hay muchos asuntos que se llevarían todo el presupuesto agrario del país en pago de indemnizaciones".

No obstante, lamentó que el máximo tribunal tenga "criterios distintos cuando se trata de ricos que cuando son campesinos. Nos preocupa que la Corte tenga una forma distinta de actuar cuando son intereses privados que cuando son sociales. Nosotros tenemos infinidad de asuntos que no se pueden ejecutar en favor de los campesinos y que se están desechando".

Fuentes de la Corte señalaron que, a diferencia de otros asuntos similares en que se regresan los expedientes al juzgado de origen para que se tome en cuenta el valor comercial de los terrenos a la fecha de la expropiación y no el valor comercial actual, en esta ocasión el ministro instructor, Juan Díaz Romero, contaba con todos los elementos necesarios para fijar el monto de la indemnización del predio expropiado a los Ramos Millán en 1984. También aceptaron los entrevistados que con este fallo definitivo e inatacable se cerró la puerta a cualquier negociación extralegal de Fernández de Cevallos.

Los funcionarios reconocieron, por otro lado, que "la fuerza" del senador panista quedó demostrada con los cuatro votos en su favor (de los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls Hernández y José Ramón Cossío), pese a que en la discusión del asunto quedó claro que el avalúo inicial superior a mil 214 millones de pesos -a pagar en anualidades de 30 millones de pesos durante 40 años- era "notoriamente ilegal".

Los ministros evitan opinar sobre la actitud de Margarita Beatriz Luna Ramos, quien se excusó para conocer del asunto en razón de que siendo ella magistrada del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa convalidó el avalúo que ayer echaron abajo cinco de sus compañeros. La intervención de Fernández de Cevallos fue fundamental para que fuera nombrada ministra a finales de 2003.

 
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