La SCJN "evitó una transa, un agravio contra la nación", afirma Jesús Ortega
Diego Fernández: "dogmática e injusta", la resolución sobre Santa Ursula Coapa
El panista dice que sus ganancias son legítimas y que no incurrió en tráfico de influencias
El presidente del Senado, Diego Fernández de Cevallos, criticó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de disminuir en mil millones de pesos la controvertida indemnización a sus clientes, los Ramos Millán. Es una resolución, calificó, "dogmática e injusta".
Sostuvo que cumplió con su deber y está tranquilo, porque los casi 200 millones que recibirán sus representados son mejores, en términos relativos, al monto original de mil 214 millones de pesos, si se considera que esa cifra la habrían percibido en abonos y sin intereses durante 40 años, tiempo en que "el dinero se convierte en basura".
Por separado, el coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, celebró la decisión de la SCJN, ya que, señaló, se evitó "una transa, un agravio contra la nación en beneficio de unos cuantos". Se puso también de manifiesto, agregó, el tráfico de influencias y la utilización de la representación pública para beneficio personal.
Consideró que luego de esa resolución se requiere también fincar responsabilidades a los responsables de la maniobra: el juez que dictó la sentencia y el perito que evaluó en más de 4 mil pesos el metro cuadrado del terreno expropiado en décadas pasadas a los herederos de Ramos Millán.
Fernández de Cevallos, en tanto, aunque trató, no pudo ocultar la molestia por la decisión del máximo tribunal del país en torno a un asunto que, dijo, "se volvió escandaloso y motivo de muchas infamias".
Como en ocasiones anteriores, el panista tuvo que responder en el Senado a cuestiones que no tienen que ver con su tarea legislativa, sino con los casos de su despacho de abogados. Manifestó que como jurista que respeta al Poder Judicial acatará el fallo, pero no lo comparte.
Formuló un cuestionamiento: "La Corte dejó sin efectos la sentencia que se dictó en 1996 con base en los criterios que el propio tribunal venía sustentando. ¿Por qué ahora aplica un criterio distinto?"
Criticó también al presidente del tribunal, Mariano Azuela, por quejarse de que en el expediente del caso Ramos Millán no aparecía el peritaje de la Procuraduría General de la República.
"Eso no lo pudimos quitar nosotros, porque era un peritaje que nos favorecía. En todo caso habría que preguntarle al presidente de la Corte si no estaba ese peritaje, ¿con base en qué determinó su valor histórico? Eso es lo único que nos interesa".
El legislador y litigante rechazó que haya incurrido en tráfico de influencias y sostuvo que está tranquilo porque cumplió con su deber: "Defendí a mis clientes en términos de ley, como era mi obligación". Y dio a entender que no es tan mala la reducción de la indemnización.
"Paradójicamente, mil 214 millones de pesos, pagaderos a 40 años y sin actualización, son una cantidad inferior a los 200 millones actualizados en cinco años". De esa forma, añadió, la Secretaría de la Reforma Agraria pagará más, pues "en 40 años el dinero se hace basura".
No quiso precisar cuánto recibirá su despacho por honorarios: no es el 40 por ciento con el que "malamente se especula", pero "si fuera ese porcentaje no sería ilegal".
La mayoría de los senadores, inclusive muchos del PAN, festejaron la decisión de la SCJN, pero pocos quisieron declarar sobre el tema. El perredista Jesús Ortega recordó que eran evidentes las irregularidades en el caso de los clientes de Fernández de Cevallos, toda vez que nunca se pudo localizar al perito que fijó la indemnización millonaria para el predio de 33 hectáreas en Santa Ursula Coapa, y añadió que obviamente "estaba amafiado y coludido con quienes trataron de defraudar al erario".
Celebró que la Corte frenara "esa transa" con una resolución que pone de manifiesto el tráfico de influencias y la utilización de la representación popular para beneficiarse a costa del erario y los recursos fiscales.
-¿Tendrían que fincarse responsabilidades legales? -se le preguntó.
-Sí, el Consejo de la Judicatura debe investigar al juez y al perito, ya que es evidente que actuaron de mala fe.