Más facultades para combatir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas
El Senado otorga fuero al auditor superior contra presión del Ejecutivo
El Senado de la República aprobó ayer reformas a seis artículos constitucionales y una ley secundaria, con el propósito de fortalecer y dar mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que ese órgano cumpla con su función de combatir la corrupción y trasparentar la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo y de los organismos y dependencias federales.
Entre los cambios fundamentales está el otorgar fuero constitucional al auditor superior de la Federación, adelantar la fecha de presentación de la Cuenta Pública, a más tardar para el último día hábil de febrero, establecer la obligación de la Cámara de Diputados de dictaminar cada año la Cuenta Pública y adelantar la fecha de revisión de la misma, así como el informe de resultados.
Otro cambio toral es establecer la facultad de la ASF para fiscalizar a los partidos políticos y a fideicomisos públicos o privados, fondos o cualquier otra figura análoga que opere con recursos públicos, ello para evitar casos como el de la fundación Vamos México, que se mantienen al margen de la rendición de cuentas.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Manuel Bartlett Díaz, comentó que se trata de cambios de gran relevancia, toda vez que fortalecen a la ASF y le dan armas para hacer frente a las tentaciones de los gobernantes de echar abajo sus resoluciones. El senador priísta recordó que el presidente Vicente Fox lleva cinco demandas contra la ASF por determinaciones que tienen que ver con el presupuesto, el Fobaproa y la energía eléctrica, con el argumento de que el órgano fiscalizador invadió facultades del Ejecutivo. "Ello no es cierto, pero se frenan así las resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación que no le gustan al gobernante".
Hizo notar que se decidió darle fuero al titular de la ASF para que pueda cumplir su tarea sin presiones de ningún tipo, sin tener que enfrentar acusaciones sin fundamento, como las que se lanzaron en contra del actual auditor, Arturo González de Aragón.
Con las reformas a los artículos 74, 79, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución se reducen los plazos de presentación de la Cuenta Pública -ésta deberá llegar a la Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil de febrero, y el plazo para la entrega de resultados, a más tardar el 31 de octubre del mismo año. La intención, se precisa en la iniciativa, es que la ASF cuente con la información oportuna para dictaminar la Cuenta Pública.
Paralelo a ello se establece que la Cámara de Diputados, además de recibir y turnar la Cuenta Pública a la ASF, tendrá la obligación de dictaminarla y evitar así situaciones como la que se presentó en 2001, cuando el PAN evitó que se dictaminara el primer año de ejercicio del presidente Fox.
También en esta ocasión el PAN influyó para proteger al gobierno foxista, toda vez que la iniciativa lleva un artículo transitorio en el que se establece que será hasta 2007 cuando entre en vigor la determinación de adelantar la fecha de presentación de la Cuenta Pública y su informe de resultados.
PRI y PRD debieron aceptar esa condicionante impuesta por el panista Fauzi Hamdan, presidente de la Comisión de Hacienda, toda vez que de lo contrario la bancada panista no la votaría y, por tratarse de una reforma constitucional, son necesarias dos terceras partes de los votos. De hecho, en diciembre se frenó la aprobación por ese motivo.
Ayer, sin embargo, las reformas constitucionales por las que se crean entidades fiscalizadoras similares a la ASF en los estados y municipios fue aprobada con 98 votos en favor, una abstención y uno en contra. Pasó a la Cámara de Diputados.
El Senado aprobó también la minuta que modifica la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para que la ASF pueda auditar e investigar a los fideicomisos públicos y privados, como es el caso específico de Vamos México y muchos otros organismos de ese tipo, "que se mantienen al margen de la rendición de cuentas".
Más facultades a la CNDH
En la sesión de ayer, el senador del PRI Sadot Sánchez Carreño presentó una iniciativa que modifica varios artículos de la ley que rige a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para otorgarle mayores facultades, entre ellas la de interponer denuncias penales o administrativas respecto a actos ilícitos que se desprendan de las investigaciones que realiza. Asimismo, el ombudsman podrá solicitar sanciones contra servidores públicos que entorpezcan u obstaculicen las tareas del organismo a su cargo