Cuatro manifestantes denuncian persecución de José Murat y Ulises Ruiz

Activistas por los derechos indígenas se declaran presos políticos en Oaxaca

ROSA ROJAS ENVIADA

Oaxaca, Oax., 21 de febrero. Cinco meses de prisión y quebrantos de salud ocasionados por los golpes recibidos cuando un centenar de policías desalojó el plantón que durante meses mantuvo el Consejo Indígena Popular Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), en el Zócalo de esta ciudad, para exigir justicia, no han minado su ánimo: Dolores Villalobos Cuamatzin y Habacuc Cruz Cruz, internos en el penal de Etla; José Cruz Cruz, en el de Ixcotel, y Margarita García García, en el de Miahuatlán, se declaran "presos políticos" y manifiestan que no renunciarán a luchar por los derechos de los pueblos indios, la democracia sindical y contra la injusticia.

Ellos temen por su vida dentro de la prisión. Comentan el "ensañamiento" que tanto en la administración de José Murat primero como en la de Ulises Ruiz ahora se ha desatado contra el CIPO-RFM y su dirigente Raúl Gatica, y hablan de los rumores de que en el gobierno estatal se ha hablado de que "podría haber algún motín en los penales". Nunca se sabe.

Por ellos clamó también la marcha "por el restablecimiento de las garantías constitucionales en el estado, contra la represión y por la libertad de los presos" que el pasado 18 de febrero realizaron miles de integrantes de organizaciones indígenas, populares, de derechos humanos y sindicales. La respuesta del gobernador Ruiz Ortiz, al día siguiente, fue que él no es ni represor ni autoritario. "Yo me comprometí con los oaxaqueños a hacer valer el estado de derecho", dijo, y ofreció "seguir con su política de puertas abiertas convocando al diálogo y a la conciliación, pero todo en el marco de la ley" (El Imparcial, 20 de febrero).

Ejemplo de cómo se aplica la ley en Oaxaca es la situación de Margarita García García, ex secretaria de Organización del Sindicato al Servicio de los Tres Poderes del Estado, quien habiendo logrado librar media docena de procesos de los cuales salió absuelta, enfrenta ahora en prisión cinco causas penales más por acusaciones como ataques a las vías de comunicación, robo, daños, lesiones, resistencia de particulares, privación ilegal de la libertad...

Incluso en la causa penal 324/2004, pese a que demostró, con los registros de su pasaporte y testigos, que había estado fuera del país -en El Salvador- el día que supuestamente se cometió el robo del que la acusan, el juez le dictó formal prisión. Roque Martínez Vázquez, abogado de los presos, explicó que tuvo que ser mediante amparo contra el auto de formal prisión como logró salir libre de ese caso.

En ese proceso están acusados igualmente Habacuc Cruz Cruz y Oliverio Neri, ambos integrantes de la directiva del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas. Supuestamente ellos dos y Margarita le robaron a un policía auxiliar, que "espiaba al CIPO", una cámara de video y un radiocomunicador.

Como se supone que entre la cámara y el radio el monto de lo robado era de 36 mil pesos, el delito se clasifica como "grave" y no alcanza fianza. Por esa razón Habacuc -de 33 años de edad, con una hija de 10- tiene que enfrentar ese proceso en la cárcel. "Los supuestos testigos no me reconocen, no dan mi perfil", afirmó.

Además tiene otros dos procesos por privación ilegal de la libertad. "Durante un plantón pacífico, Irma Piñeiro, secretaria de Desarrollo Agrario y Forestal en el sexenio pasado y ahora contralora del estado, se negó a salir del edificio y nos acusó de haberla retenido". En el otro proceso el denunciante es un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos "que llegó como observador al plantón, se quedó voluntariamente y ahora es acusador".

Margarita -madre de dos hijos, uno de 12 años y otro de 15- fue enviada al penal de Miahuatlán, a dos horas de Oaxaca, desde el 15 de septiembre, luego del desalojo del plantón en el que todos los entrevistados coinciden en que fueron "brutalmente" golpeados por policías ministeriales, granaderos y elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que se encargaron de esa tarea. A ella le toca padecer los ojos morados y moretones en varias partes del cuerpo por golpes, patadas y macanazos. A Dolores Villalobos los golpes le ocasionaron una fuerte hemorragia vaginal. A Habacuc y José Cruz Cruz -sin parentesco- y a los otros hombres detenidos les propinaron, además, los telefonazos: golpes en ambas orejas con las manos abiertas. Ambos se quejan de dolores en los oídos, pérdida auditiva y zumbidos.

La otra causa penal que se siguen a Margarita es: la 269/2002 en el juzgado octavo de distrito por ataques a las vías de comunicación. Obtuvo el amparo contra el auto de formal prisión para que el juez lo funde y motive. En ese juicio se dictó orden de aprehensión contra todo el comité ejecutivo del sindicato, detuvieron a tres y salieron libres mediante un amparo, y para el resto "el procurador de Murat pidió la revocación de la orden de aprehensión" y únicamente quedó la de Margarita.

En Etla, Dolores Villalobos -37 años-, maestra de primaria y bachillerato, integrante de la junta de coordinación del CIPO, informó que el plantón era para exigir castigo a los "paramilitares priístas de Tanetze de Zaragoza y Santa Lucía Monteverde". En Yaviche la comunidad se organizó, se declaró autónoma, eligió a su síndico por usos y costumbres. Tanetze es un enclave del PRI y eso los molestó ese partido. Atacaron los paramilitares que matan a dos comuneros. Se instaló el plantón de protesta en el Zócalo. Y de ahí los desalojaron. A ella la acusaron de golpear y lesionar a policías ministeriales y de dañar una camioneta con un palo durante el desalojo.

Hubo 14 detenidos. A cada uno le fijaron una fianza de 43 mil pesos, pero la de Dolores fue de 61 mil porque la acusaron también de delito contra un funcionario público.