La Semarnat aprobó el estudio de impacto ambiental sin consultar a pobladores
Cinco comunidades poblanas se resisten a construcción de gasoducto de 265 km
La empresa Transportadora de Gas Zapata y la Secretaría de Gobernación local presionan a los campesinos para que permitan la obra
Abarcaría además Tlaxcala y Morelos
Puebla, Pue., 21 de febrero. Pobladores de las comunidades de La Magdalena Axocopan, San Jerónimo Coyula, San Francisco Huilango, San Juan Tejupa y San Juan Amecac, cercanas al volcán Popocatépetl, crearon un frente común contra la decisión de la empresa Transportadora de Gas Zapata (TGZ) de construir un gasoducto de 265 kilómetros que atravesará los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Tomás Pérez Morelos, dirigente del frente, y la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosa María Avilés Nájera, denunciaron que "gestores" de TGZ y funcionarios de la Secretaría de Gobernación estatal continúan las presiones y hostigamiento contra los campesinos para que permitan el paso del gasoducto por sus terrenos.
Mediante engaños, refirió la legisladora, la compañía gasera, subsidiaria de la trasnacional alemana Oiltanking, obliga a los pobladores firmar documentos de aprobación del proyecto, pues aseguran que son cartas para darlos de alta en Procampo.
La perredista señaló que representantes de TGZ se dedican a descalificar a opositores del proyecto y los amenazan con expropiar sus tierras, y agregó que las violaciones en contra de los pobladores se extienden a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que aprobó el estudio de impacto ambiental para la construcción del gasoducto sin haber informado y consultado a las comunidades afectadas, pese a estar obligada a hacerlo.
Este lunes, los dirigentes del frente acompañaron a una centena de campesinos de 15 localidades de la región de Atlixco en una protesta frente a la delegación de la Procuraduría Agraria en Puebla, donde manifestaron su rechazo a la obra, al tiempo que denunciaron una serie de irregularidades cometidas por la dependencia en su afán por obligar a los labriegos a aceptar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede).
Pérez Morelos relató que hace unos días la delegada de la Secretaría de Gobernación estatal en Atlixco, Hortensia Parra Aguirre, fue a su casa -ubicada en la comunidad de la Magdalena Axocopan- para advertir que "el gobierno del estado había sido muy tolerante" con él y que no tenía más opción que aceptar el paso del gasoducto.
El campesino informó que el frente contra el gasoducto trabajará en dos lí-neas para detener la construcción de la obra. La primera será ante instancias jurídicas, con la ayuda de varios abogados ambientalistas, quienes ya presentaron escritos de protesta por la falta de información y consulta de la Semarnat a las comunidades. La otra estrategia será recorrer cada comunidad afectada, incluyendo las de Tlaxcala y Morelos, para que se sumen al rechazo.
"Ya les dijimos que no vamos a permitir el gasoducto. Tenemos estudios científicos de la Universidad Autónoma de Puebla que advierten sobre los riesgos de impulsar el desarrollo en la zona del volcán. Un gasoducto en la región es como una bomba de tiempo y no lo queremos", advirtió Pérez Morelos.
Avilés Nájera informó además que solicitarán una reunión urgente con el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, a fin de encontrar una solución al conflicto y, en caso de que siga el hostigamiento contra los campesinos, presentará un punto de acuerdo al pleno de la 59 Legislatura federal para detener la obra.