Pese a victorias contra las drogas, la guerra sigue perdida

Se observan nuevas y peligrosas tendencias en el negocio andino del narcotráfico

Economist Intelligence Unit/The Economist

Bien mirado, estos son buenos tiempos para quienes combaten las drogas en Estados Unidos, al menos en lo que se refiere a la cocaína. Cerca de 70% del polvo blanco ha provenido casi siempre de Colombia. Los 3 mil mdd de ayuda que Washington -de acuerdo con los lineamientos del Plan Colombia- ha gastado en el país suramericano de 2000 a la fecha han permitido a las autoridades estadunidenses presentar algunas cifras espectaculares, en particular desde que en 2002 Alvaro Uribe asumió la presidencia y permitió la erradicación aérea en gran escala de los cultivos de droga.

En los últimos conteos realizados por Naciones Unidas en 2003, la tierra destinada al cultivo de coca en Colombia bajó de un máximo de 163 mil 300 hectáreas en 2000 a 86 mil 300. En 2004 las compañías contratadas para realizar este trabajo regaron herbicidas sobre 136 mil 555 hectáreas de coca, cantidad similar a la del año anterior. De acuerdo con John Walters, jefe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas en inglés), estas cifras podrían apuntar hacia un declive aún mayor en la producción de coca del año pasado.

En 2004, cerca de 150 toneladas de cocaína fueron decomisadas en Colombia, un tercio más que en 2003, mientras mil 900 laboratorios fueron destruidos, 40% más que en 2002. El presidente Uribe ha extraditado 166 colombianos que enfrentan cargos de narcotráfico y probables cadenas perpetuas en EU. Funcionarios estadunidenses sostienen haber logrado restringir las ganancias que por tráfico de drogas obtenían las FARC y su oponente derechista, la AUC.

Sin embargo, para muchos en América Latina y más allá, el comercio andino de las drogas parece más eficiente y peligroso que nunca. La prueba más reveladora es el precio de la cocaína. De acuerdo con la Oficina de Washington en Latinoamérica, organización no gubernamental, las cifras de la ONDCP, presentadas ante el Congreso estadunidense, pero todavía sin publicar, muestran que en 2003 el gramo de cocaína era vendida al mayoreo en ese país a 38 dólares, debajo de los 48 que costaba en 2000 y aún más de los 100 a los que se cotizaba en 1986, sin detrimento de su pureza. En GB la cocaína está más barata que nunca: en 2003 se vendía al menudeo en cerca de 46 libras por gramo (75 dólares), debajo de las 57 libras que costaba hace diez años, según la consultora Unidad Independiente de Monitoreo de Drogas. Los precios han bajado pese a que ha aumentado la demanda mundial: según Naciones Unidas, el consumo se ha estabilizado en Norteamérica, pero se ha incrementado en Europa, se eleva también en Brasil, México y Centroamérica, principalmente debido a que las bandas de traficantes reciben mercancía en pago por sus servicios.

Comercio que evoluciona

¿Cuál es la explicación? Funcionarios de EU afirman que si hay existencias más grandes de lo previsto a lo largo de la cadena de abasto es porque existe un desfase entre la reducción de la producción y su efecto en los precios. Esperen a ver los efectos del Plan Colombia, dicen. Pero otros argumentan que las tan cacareadas cifras de hectáreas rociadas con herbicidas no cuentan la historia completa. Una explicación alternativa es que la coca se ha extendido a nuevas áreas, algunas sin detectar, y que las cosechas y la productividad se están incrementando.

Según Naciones Unidas, el Plan Colombia ha producido un modesto desplazamiento de coca hacia otros países: en 2003 el cultivo subió ligeramente en Bolivia pero se mantuvo estable en Perú. Aun así, la extensión de tierra destinada al cultivo de coca en estos países fue menor al máximo alcanzado hace una década. En conjunto, la ONU calcula que la producción potencial de la coca andina en 2003 fue de 655 toneladas, decremento importante respecto del máximo de 950 toneladas de 1996.

En Perú y en Bolivia la lucha antidrogas enfrenta nuevas tendencias. En Perú, segundo productor en tamaño, la coca se extiende a nuevas y los precios de la hoja se incrementan en el mercado local. En la economía distorsionada de un negocio ilegal, dicho incremento significa que las medidas de represión no sirven para restringir la demanda. En diciembre de 2004, el precio de un kilo de hojas de coca en el mercado ilegal subió de 50 centavos de dólar a 5 dólares, según la agencia antidrogas del gobierno de Perú, Devida. Lo anterior atraerá más campesinos a ese cultivo, pues una hectárea de coca rinde hasta 7 mil 500 dólares al año, comparado con los 600 del café o los mil del cacao.

La industria de la cocaína en Perú tiene una organización vertical. Hace una década, pequeñas aeronaves transportaban pasta de coca semiprocesada para su refinamiento en Colombia. Ahora la producción de cocaína refinada en Perú sube vertiginosamente. El año pasado, por primera vez la policía decomisó más polvo que pasta. Más de mil 700 laboratorios han sido destruidos en los pasados dos años. Este paso hacia la refinación de la coca ha sido promovido por los cárteles mexicanos, los cuales, de acuerdo con las autoridades locales, obtuvieron ayuda de Vladimiro Montesinos, antiguo jefe de inteligencia, ahora preso. Para la mafia mexicana, adquirir cocaína terminada resulta mucho más barato y entraña menos riesgo, afirma Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior. Mucho del producto refinado se manda directamente a México o a España en barcos de carga. En noviembre, 700 kilos de droga fueron descubiertos escondidos dentro de calamares gigantes congelados.

El gobierno de Perú afirma que para finales de 2006 desea tener erradicado el cultivo, menos en 10 mil hectáreas reservadas para uso tradicional. Pero existen señales de que el negocio de la droga extiende otra vez su estela de corrupción a las fuerzas de seguridad. De acuerdo con testimonios de algunos de los consignados por el embarque de calamares rellenos de droga, el negocio se planeó en las instalaciones de un club de oficiales del ejército y las drogas se empacaron en una base naval.

Perú no permite que se rocíen plantíos de coca con herbicidas. En cambio promueve una mezcla de erradicación manual con tácticas para convencer a los campesinos de arrancar sus cosechas y plantar alternativas legales. Este plan sufrió un serio revés el año pasado, cuando campesinos indignados expulsaron de Monzón, uno de los principales valles donde se cultiva la coca, a un grupo de agrónomos de Naciones Unidas. Para el próximo año Estados Unidos ha planteado recortar 18 millones de dólares en ayuda para el ''desarrollo alternativo'' en Perú, lo cual hace más necesaria la erradicación de cultivos por medios coercitivos.

Retroceso en Bolivia

La fragilidad política ha complicado también la batalla contra las drogas en Bolivia. A finales de la década de 1990, una intensa campaña de erradicación manual -apoyada por EU- acabó casi por completo con la producción de coca ilegal. Sin embargo, esto provocó un decremento en la economía así como gran descontento, factores que contribuyeron al derrocamiento, en 2003, de Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente pro Washington. Desde entonces EU adoptó un enfoque más tolerante. En octubre, el nuevo presidente Carlos Mesa estableció un acuerdo con los cocaleros del Chapare para que por primera vez pudieran conservar legalmente 3 mil 200 hectáreas del cultivo a cambio de erradicar el resto. El gobierno se ha negado a permitir la erradicación en Los Yungas, principal área del cultivo legal, donde se ha reportado un incremento en la producción de la coca ilegal.

Ecuador, curiosamente, nunca ha cultivado mucha coca. Sin embargo, se ha convertido en el eje del transporte y servicios de esta industria. Desde que en 2000 adoptó el dólar como moneda corriente, este país se ha vuelto más conveniente para el lavado de dinero que resulta de las ganancias de la droga.

Remplazos en México

En México, nuevas oleadas de violencia relacionada con la droga en la frontera con EU incluyen el secuestro y asesinato de varios ciudadanos estadunidenses. Este hecho orilló al Departamento de Estado a lanzar una advertencia dirigida a los ciudadanos que viajan a México. ''Exagerada'', afirmó el gobierno mexicano, que recientemente envió partidas militares al estado de Tamaulipas para tratar de restablecer un clima de confianza.

Detrás de esa violencia hay otras guerras. Hace más o menos una década, tres o cuatro grandes cárteles mexicanos se asociaron con los colombianos para abastecer la zona oeste de EU. El gobierno del presidente Vicente Fox ha hecho esfuerzos más grandes que los de sus predecesores para eliminar estos cárteles, depurar las fuerzas de seguridad y colaborar con Washington en la lucha antidrogas. Muchos barones de la droga están actualmente en prisión.

Una consecuencia ha sido el traslado de los feudos y el negocio de las drogas al interior de las cárceles. A través de sus ''abogados'', los jefes en prisión continúan dictando sus órdenes. En enero, el ejército tomó el control de un penal de máxima seguridad cercano a la ciudad de México después de que el asesinato del hermano de un capo fugitivo provocó un motín. A partir de entonces el gobierno ha enviado gran cantidad de internos a otras prisiones. Seis custodios fueron asesinados en otra prisión en Matamoros, Tamaulipas.

Como ocurrió en Colombia hace una década, el debilitamiento de los grandes cárteles mexicanos ha derivado en su remplazo por grupos más pequeños y escurridizos, difíciles de detectar. Como siempre, los traficantes de droga parecen estar un paso adelante de sus perseguidores.

FUENTE: EIU/INFO-E