Washington y López Obrador
Diversos analistas políticos de izquierda y derecha han dicho que el desafuero de Andrés Manuel López Obrador es una decisión tomada en Washington. La afirmación tiene muy poco sustento. Por el contrario, las evidencias de que la maniobra contra el jefe de Gobierno de la ciudad de México se acordó dentro del país son muchas y muy sólidas.
Quienes desde la trinchera del conservadurismo aseguran que la candidatura del tabasqueño está siendo vetada por la administración de Bush formulan un deseo más que una realidad. Quisieran que ese supuesto veto se convirtiera en un elemento de disuasión para quienes, sin ser parte del voto duro perredista, piensan sufragar por él.
Quienes desde el campo de las fuerzas progresistas advierten que el gobierno de Estados Unidos no quiere una versión mexicana de Hugo Chávez en su frontera sur expresan una presunción no documentada empíricamente. Están seguros de que el intervencionismo de la Casa Blanca en nuestros asuntos internos no tolerará un gobierno que reivindique la soberanía nacional y suponen que una ofensiva como la que está en curso contra El Peje no puede ser ajena a la naturaleza imperial de la política exterior de nuestro vecino.
En contra de estas opiniones existen los hechos, que parecen mostrar que las relaciones entre Washington y López Obrador no son malas, y que explícitamente no hay un veto en contra de su candidatura. Durante una visita a México en noviembre del año pasado, el entonces canciller Colin Powell declaró que Estados Unidos podría aceptar un candidato de izquierda y que de escoger un presidente de este signo político "el presidente Bush recibirá a ese líder mexicano tan calurosamente como recibiría a cualquier otro líder mexicano".
El trato entre el gobernante de la ciudad de México y el embajador de Estados Unidos, Tony Garza, es cordial y respetuoso. El pasado 23 de enero ambos funcionarios se encontraron y posaron para la prensa por un asunto de importancia menor: la demostración del sistema anticontaminante que se aplicará en autobuses del Distrito Federal.
En contraste, apenas dos días después, el mismo diplomático envió al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, y al procurador Rafael Macedo de la Concha una carta en la que manifiesta su preocupación por la incapacidad de las fuerzas del orden público locales para hacer frente a la seria situación de seguridad a consecuencia de una mayor violencia entre narcotraficantes. A buen entendedor, pocas palabras. El Peje, a diferencia de otros importantes políticos, no tiene nexos con el tráfico de drogas. Y es un hecho que no pasa desapercibido del otro lado del río Bravo.
Las calificadoras internacionales han sido cuidadosas a la hora de evaluar un posible triunfo de López Obrador.
Un informe de Standard & Poor's de finales del año pasado señalaba que la victoria de la izquierda en México no provocaría, por sí sola, un desplome en la calificación crediticia del país.
Alejandro Encinas, secretario de Gobierno de la ciudad de México, visitó Washington en 2004 para explicar el proyecto de su jefe. Se entrevistó con think tanks y personajes de la administración pública federal. Diversos analistas juzgan que dejó buena impresión en sus interlocutores.
La prensa estadunidense ha sido bastante mesurada con El Peje. Un periodista nada sospechoso de simpatía con la izquierda como Andrés Oppenheimer, con excelentes contactos con los responsables de trazar la política hacia América Latina en Estados Unidos, se encontró en septiembre pasado con el jefe de Gobierno. Su juicio fue cauteloso.
El articulista del The Miami Herald escribió que el gobernante se presentó en la entrevista "como un modelo de moderación y responsabilidad económica". Concluyó convencido de que la "neutralidad positiva de Estados Unidos... ayudó a convencer a Lula de moverse hacia el centro en Brasil y podría tener el mismo efecto en México si López Obrador llegara a vencer sus líos legales y ganar la Presidencia".
Apenas la semana pasada la edición en español de Newsweek publicó como artículo de portada una reflexión sobre "la huella de Obrador". En contra de lo que pudiera esperarse, y a pesar de sobrevalorar los desatinados juicios de Jorguitud Castañeda, el reportaje es relativamente prudente en sus opiniones contra el tabasqueño.
Por su parte, López Obrador ha sido cuidadoso en sus opiniones sobre Estados Unidos. El no es Hugo Chávez y nadie puede reclamarle declaraciones antiestadunidenses. Tampoco puntos de vista contra el libre comercio o la libre empresa.
En la entrevista con Oppenheimer, el jefe del Gobierno capitalino dijo que no estaba en contra del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y que creía que "lo que hay que hacer es buscar mejorar ese acuerdo agregándole todo lo que tiene que ver con lo laboral y, sobre todo, con el desarrollo conjunto".
Su ambicioso programa de obras públicas, en mucho una prefiguración de los que haría de llegar a la Presidencia de la República, ha beneficiado a los inversionistas privados, que, además, han obtenido los contratos sin tener que dar sobornos o "compensaciones" a quienes los otorgan. Aunque fue mejor en otros momentos, la relación actual entre una parte de los barones del dinero y el gobernante no es para nada mala.
Ciertamente, existen razones reales para suponer que Washington no está cruzado de brazos ante la sucesión presidencial mexicana, que desearía un mandatario lo más afín posible a sus intereses y que está dispuesto a mover todas las piezas a su alcance para lograrlo. Nada permite suponer que López Obrador no sufrirá las presiones del imperio. Pero de ello no se desprende automáticamente que la campaña por el desafuero venga de allí.