Decide reducir más de 80% el adeudo de la secretaría con la familia Ramos Millán

Revés de la Corte a defendidos de Diego Fernández en el litigio contra la SRA

Dejemos de lado la rigidez que nos lleva a sentencias injustas, pidió el ministro Silva Meza

JESUS ARANDA

Por un voto de diferencia (cinco sufragios contra cuatro), el pleno de la Suprema Corte redujo ayer de un mil 214 millones 174 mil pesos a tan sólo 199 millones 760 mil pesos -más de 80 por ciento- el monto que debe pagar la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a los deudos de la familia Ramos Millán -representados legalmente por Diego Fernández de Cevallos-, por la indemnización del predio de 33 hectáreas ubicado en Santa Ursula Coapa en el DF.

La decisión representó un "tiro por la culata" para los defendidos por el senador-litigante en razón de que la intervención de la Corte fue a solicitud de ellos, cuando la dependencia se vio impedida de pagar en una sola exhibición la cantidad requerida. En el marco de este juicio, el ministro instructor Juan Díaz Romero consideró que el avalúo estaba viciado de origen, porque se había establecido con base en el valor comercial vigente en 2003 y no cuando los terrenos fueron expropiados, en 1984.

Pero al conocer el fallo, los demandantes entregaron a la Corte un documento en el que aceptaban el pago propuesto por la SRA (anualidades de 30 millones de pesos por 40 años); por su parte, la dependencia alegó que no estaba conforme con la cantidad establecida y que su propuesta de dar anualidades fue para no incurrir en desacato, lo que hubiera significado la destitución de Florencio Salazar, titular de la dependencia, y su consignación penal.

De esta manera, el pago acordado pasó -por la intervención de los ministros- de un mil 214 millones 174 mil pesos a 199 millones 760 mil pesos, pero como la SRA ya abonó en 2003 y 2004 dos anualidades de 30 millones de pesos cada una, resulta que el adeudo pendiente es de 139 millones de pesos, el cual se cubrirá en anualidades de 30 millones de pesos a pagarse a más tardar en el ejercicio fiscal 2009.

Hubo tres ministros (Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls y José de Jesús Gudiño Pelayo) que consideraron que al momento de que los quejosos aceptaron el pago en anualidades, el incidente quedaba "sin materia", es decir, que seguía vigente el pago de un mil 214 millones de pesos.

Sin embargo, al final, el ministro José Ramón Cossío se sumó a la minoría -pese a que había argumentado durante la sesión en sentido contrario-, cuando el pleno descartó su propuesta de tomar en cuenta el índice de precios de inmuebles que elabora el Banco de México para hacer la evaluación final de la indemnización, en lugar del índice de precios al consumidor considerado por el ministro Díaz Romero al hacer el avalúo.

Esto motivó que votara en contra del proyecto, lo que fue calificado como "un berrinche indigno del máximo tribunal".

El primer punto a discutir fue el de determinar si el asunto quedaba "sin materia" o no: la votación fue de seis votos contra tres (Cossío en favor) de que debía continuar el trámite del caso. Esto, bajo el argumento de que en ninguna parte del expediente constaba la existencia de un convenio firmado entre la SRA y los deudos de los Ramos Millán es decir, los ministros consideraron que si bien hubo la entrega de dos parcialidades por un total de 60 millones, éstas se hicieron para cumplir con la sentencia emitida por el juzgado decimosexto de distrito en materia administrativa.

También subrayaron que los quejosos desde el principio se negaron a aceptar las anualidades por 40 años y que, precisamente, su inconformidad había dado lugar al juicio que revisaban.

Los ministros Juan Díaz Romero, Genaro Góngora Pimentel, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y el presidente de la Corte, Mariano Azuela, coincidieron en que la Suprema Corte tenía que ejercer su facultad de revisar un procedimiento de avalúo "notoriamente ilegal", porque además, el máximo tribunal no podía consentir un pago que afectara "gravemente a la sociedad" en mayor proporción que los beneficios económicos que obtendría el quejoso con el cumplimiento de la sentencia.

Silva Meza convocó a sus compañeros a dejar de lado "la rigidez en algunos procedimientos en materia de derecho civil, que nos lleva muchas veces a conclusiones judiciales injustas", y no permitir una decisión de ese tipo por un pago a un particular "que no está ni legal ni correctamente hecha".

Es más, el ministro Azuela dejó entrever que el pago establecido por el pleno era hasta generoso, pues cuando el predio fue expropiado en 1984 estaba ocupado por precaristas, lo que disminuía en mucho el valor comercial de la propiedad en ese entonces.

Apenas el pasado viernes, el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, comentó su beneplácito con la propuesta del ministro Díaz Romero de reducir a casi 199 millones el monto de la indemnización a la familia Ramos Millán.

El mandatario consideró que esa última cifra es coherente con una opinión de la Corte que establece que cuando se trata de una indemnización se debe pagar el valor que tenía el terreno en el momento de la expropiación, más la actualización por inflación. Y cuestionó "¿al final quiénes son los que pagan? Quiero ver cuántas agarraderas tienen los abogados de la familia Ramos Millán...; quiero ver hasta dónde llegamos en este asunto".