Exhorto a ministros
El Comité 68 Pro Libertades Democráticas dio a conocer ayer un documento en el que se detallan "las vigas maestras del derecho nacional e internacional" en las cuales se sustenta la tesis de la imprescriptibilidad del delito de genocidio que se imputa al ex presidente Luis Echeverría Alvarez y a otras diez personas que presuntamente preconcibieron, organizaron, coordinaron, controlaron y ejecutaron la matanza de estudiantes ocurrida el 10 de junio de 1971 en el Distrito Federal, con la finalidad de exterminar a un "grupo nacional" de estudiantes.
En conferencia de prensa, Félix Hernández Gamundi, ex líder estudiantil, exhortó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que el próximo miércoles analizarán el caso del jueves de Corpus- que antes de llegar a una resolución tomen en consideración los criterios jurídicos incluidos en el documento que reveló el Comité 68, "porque podría ser la última oportunidad para hacer justicia a las víctimas y familiares de ese horrendo crimen de Estado y, si se decreta la prescripción, se estaría favoreciendo la impunidad en otro acto genocida que ocurrió en nuestro país, que fue la matanza del 2 de octubre de 1968".
Hernández Gamundi agregó que la Corte está obligada a declarar la no prescripción de los hechos imputados a Echeverría; al ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia; a los ex titulares de la disuelta Dirección Federal de Seguridad Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro; al general retirado Manuel Díaz Escobar y a otras seis personas, ya que de lo contrario "México podría convertirse en refugio de genocidas".
Para el Comité 68 los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, y que por tanto tienen carácter de ley suprema, obligan al máximo tribunal del país a pronunciarse en el sentido de que no hay prescripción para los delitos de lesa humanidad, entre los cuales se encuentra el genocidio.
Hernández Gamundi precisó que desde 1948 México ha suscrito diversos tratados internacionales en los que se establece la obligación de las naciones de perseguir y castigar al genocidio.
Asimismo refirió que en ocasiones anteriores la Corte ha tomado decisiones basadas en la no prescriptibilidad del genocidio, "como ocurrió en el caso del torturador argentino Ricardo Cavallo, quien fue detenido en México y extraditado a España por ese delito".
Alfredo Mendez Ortiz