Intenta obtener por "vía de la difamación lo que no puede ganar por la razón"
Acusan en Los Pinos a López Obrador de reproducir la "prepotencia del poder"
La Presidencia de la República responde a los juicios del jefe de Gobierno contra Fox
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El vocero presidencial, Rub�Valenzuela, durante la conferencia de prensa que ofreci�er en Los Pinos FOTO Guillermo Sologuren
En respuesta a los señalamientos del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, de que fue directamente el presidente Vicente Fox quien ordenó su juicio de desafuero "porque se le metió en la cabeza que no debo ser candidato", luego de que ayer se publicó una carta con la firma de alrededor de 60 intelectuales que advierten que el desafuero sería una impruden- cia que podría acarrear consecuencias serias, la Presidencia de la República emitió un comunicado.
De última hora se convocó a una conferencia de prensa en la que el vocero presidencial, Rubén Aguilar, dio lectura a un documento de poco más de dos cuartillas, en el que se fija la posición del Ejecutivo federal con respecto a los juicios y calificativos que en los últimos días ha emitido el jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien asegura que la Presidencia de la República promueve la aplicación selectiva y con fines políticos de la ley.
En el salón Venustiano Carranza de la residencia oficial de Los Pinos, sin admitir preguntas, Aguilar Valenzuela acusó a López Obrador de reproducir con sus actos la "prepotencia del poder" que tanto ha condenado la sociedad, como se llama, dijo el vocero, "al hecho de que se haga uso de los recursos públicos en defensa de causas personales; de que se pretenda utilizar la presión política en sustitución de los caminos que otorga la ley; de que se quiera ganar por la vía de la difamación lo que no se puede ganar por la vía de la razón".
A continuación se reproduce el texto íntegro de la respuesta de la Presidencia de la República:
El autoritarismo que sufrimos en el pasado los mexicanos es el que suponía que la autoridad eximía a los políticos de cumplir con las exigencias de la ley. Esas prácticas ya no deben de existir en México, aunque todavía hay quienes creen que la ley se puede acomodar a la conveniencia de los gobernantes en turno. Nadie hace lo correcto en el desprecio de la ley.
Lo que el pueblo de México ha mostrado en su larga lucha por la democracia y cuando ésta triunfó en las urnas es su profundo desprecio por la prepotencia del poder. Así se llama al hecho de que se haga uso de los recursos públicos en defensa de causas personales; de que se pretenda utilizar la presión política en sustitución de los caminos que otorga la ley; de que se quiera ganar por la vía de la difamación lo que no se puede ganar por la vía de la razón.
México no se merece que un discurso de falta de respeto a las instituciones y a las investiduras republicanas sea estrategia de quien dice aspirar a conducir el destino de la nación. Eso, que podía ser un recurso útil en la retórica de los autoritarismos, es inadmisible en la democracia. En la democracia la lucha se da en el nivel de la mesura inteligente, del valor de las propuestas políticas y del servicio a la sociedad.
El contexto democrático que vive el país obliga a los actores políticos a procesar los asuntos públicos a través de las instituciones. Quien promueve un clima de presión y polarización social no contribuye a fortalecer el estado de derecho y la solidez de la República.
En particular sobre el proceso de desafuero que se le sigue al jefe de Gobierno del Distrito Federal, se precisa, una vez más, lo siguiente:
La Presidencia de la República reitera el compromiso de este gobierno con el respeto a las instituciones, el cumplimiento de las leyes y el fortalecimiento del Estado. Lo hace consciente de que la construcción de una cultura de la legalidad implica costos y de que es su responsabilidad asumirlos.
La Cámara de Diputados decidió considerar la posibilidad del desafuero porque el Poder Judicial federal fundamentó el desacato del jefe de Gobierno con respecto a sus resoluciones.
El desafuero no señala culpables o inocentes; simplemente establece la base jurídica para que quien tiene un cargo de elección popular enfrente la justicia. Es ella quien decidirá responsabilidades.
En ningún régimen democrático se lee como persecución política lo que es el ejercicio autónomo de las potestades de los Poderes de la Unión.
El proceso de desafuero concierne exclusivamente a la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo, con respeto absoluto a las atribuciones que otorga la ley a cada uno de los Poderes de la Unión, acatará siempre las decisiones que se tomen en su seno.