Se corre el riesgo de desestabilización, advierte Jacqueline López, presa en Ixcotel

Denuncian embestida de Ulises Ruiz contra organizaciones sociales en Oaxaca

Se planea encarcelar a todo opositor al gobierno local, estima Raúl Gatica, del CIPO

ROSA ROJAS ENVIADA

Oaxaca, Oax., 20 de febrero. Hay una "clara embestida" del gobernador Ulises Ruiz Ortiz contra todas las organizaciones sociales que no se pliegan a sus designios, coincidieron Jacqueline López Almazán -entrevistada en la cárcel de Ixcotel, donde está preso también su esposo, Samuel Hernández, ambos dirigentes de la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA)- y Raúl Gatica, líder del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), "exiliado" en la ciudad de México porque pesa sobre él una nueva orden de aprehensión.

López Almazán, quien se considera "presa política", afirmó que en la entidad se está "en la antesala de un gobierno dictatorial como en los tiempos de Porfirio Díaz, de la ley del garrote y la mordaza (...) este estado se puede ir a la desestabilización (...) la embestida de Ulises (Ruiz) es una estrategia para legitimarse en el poder de forma autoritaria, porque en el estado hubo abstencionismo de 60 por ciento y él ganó apenas con poco más de 300 votos; hubo muchas irregularidades en las elecciones, pero a este paso este estado se va a incendiar porque no hay canales de solución política de los problemas.

"Ulises siempre habla de resolver las cosas mediante diálogo, pero nunca llega a él", agregó, refiriéndose al hecho de que ella y otros dos dirigentes de COMPA fueron detenidos precisamente cuando se suponía que se iban a entrevistar con Ruiz Ortiz en una cita concertada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); lo mismo ocurrió con la mayoría de los miembros del cabildo popular de San Juan Lalana, quienes se dirigían a la capital del estado a una cita con el gobernador para dialogar sobre el problema electoral municipal, cuando la policía interceptó el autobús en el que viajaban y los detuvo.

Luego de la megamarcha contra la represión realizada en esta ciudad el pasado viernes 18 de febrero por varias organizaciones, como el Frente de Organizaciones Sociales de Oaxaca (Fsodo) y COMPA, el gobierno estatal se comprometió a liberar a López Almazán y a 11 presos indígenas del Cabildo Popular de San Juan Lalana el próximo miércoles. En total son 22 dirigentes sociales que han sido encarcelados en meses recientes, acusados de diferentes delitos del orden común, desde homicidio, secuestro, privación ilegal de la libertad, lesiones, robo, ataques a las vías de comunicación, entre otros. Se preguntó a López Almazán si temía que después de estas declaraciones el gobernador incumpliera el compromiso de liberarla.

"Yo soy presa política, no tengo nada que ver con los delitos de los que me acusan. Estoy en la cárcel por denunciar que en Oaxaca se están cancelando las garantías constitucionales, el derecho a la libertad de expresión, los derechos humanos y los usos y costumbres de las comunidades indígenas (...) Ulises (Ruiz) no se comprometió conmigo, se comprometió con un movimiento social en el que unas 85 mil personas se manifestaron contra esta situación clamando por la libertad de todos los detenidos y la restitución de las garantías constitucionales."

La también secretaria general de la delegación D-II-149 de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que hay dos expedientes integrados en su contra: el 25/2001 y el 246/2002. En el primero se le acusa de secuestro y plagio; en el segundo de robo específico, robo calificado, ataques a vías de comunicación y privación ilegal de la libertad.

"De esas acusaciones me enteré cuando me las leyeron ya presa en Ixcotel", comentó luego de relatar que cuando la detuvieron, el 3 de febrero pasado, los policías entraron violentamente en las oficinas del Centro Regional Indígena de Derechos Humanos, sin orden de cateo ni de aprehensión; de esto fue testigo y víctima uno de los tres comisionados de la CNDH que los iba a acompañar a la plática con el gobernador por el caso de sus tres compañeros detenidos en Santiago Xanica, acusados de la muerte de un policía preventivo, "cuando ellos habían sido heridos por la policía a 3 kilómetros de donde ocurrió la muerte del uniformado, donde unas 80 personas que estaban realizando un tequio (del náhuatl téquitl, trabajo o tributo) fueron atacadas por policías.

"Nosotros decimos que se detuvo de manera ilegal y dolosa a los compañeros y empezamos a denunciar la forma arbitraria en que se están llevando los procesos y se está torciendo la ley, por eso fuimos al DF, a la CNDH, a denunciar esta situación, que incluso era anunciada porque Ulises (Ruiz) desde su campaña dijo que no iba a haber marchas y plantones que estuvieran por encima de un supuesto estado de derecho que él decide cuál es."

Comentó además que esperan que la CNDH emita una recomendación, porque "de hecho agarraron (los policías) a un visitador sin orden de cateo ni de aprehensión, no es posible que el doctor (José Luis) Soberanes, siendo el máximo representante de los derechos humanos, nos haya entregado en manos de Ulises (Ruiz); él debe deslindarse, el visitador debe haber dado un informe de cómo lo detuvieron".

López Almazán mencionó que en Ixcotel también están presos -además de su esposo- Alejandro Cruz López, de la Organización Indígena de Defensa de Derechos Humanos de Oaxaca (OIDDHO), y Agustín Sosa, del Frente Huautleco, al que detuvieron por un proceso. "Les tumban ése y le meten otro y otro, ya lleva nueve expedientes. También está Mario Lorenzana, presidente municipal de Mazatlán Villa de Flores, y un preso del CIPO. El camino jurídico que está tomando el gobierno de Ulises es acumular procesos a los opositores que no alcanzan fianza.

"Otra prueba de este hostigamiento, de querer acabar con toda oposición son los hechos contra el periódico Noticias, porque no se ha supeditado al gobernador, y se le ha atacado de manera brutal, tan es así que en enero quemaron cinco casetas de distribución y son tomadas sus bodegas y le siembran un muerto", afirmó López Almazán.

Gatica, por su parte, afirmó que "el clima de persecución política que hay en Oaxaca no permite que se cumplan las medidas cautelares" que solicitó para la protección de su vida e integridad física la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); inclusive han empezado a reabrir procesos que ya estaban "agotados", como el 107/98, en el cual se le acusa de privación ilegal de la libertad, proceso, dijo, por el que estuvo detenido más de cuatro meses en 1998 y salió absuelto, tanto de ése como de otros tres del fuero común y uno del fuero federal que había en su contra.

"Es indiscutible que esto tiene que ver con hostigamiento de carácter político, que la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca está planteando encarcelar a todo aquel que represente oposición, que no comparta la forma de gobernar del actual mandatario", subrayó Gatica.

Mencionó que el secretario general de Gobierno "de manera muy precisa durante la reunión para la aplicación de las medidas cautelares hizo una especie de señalamiento, en el cual se indicaba que yo iba a ser detenido; lo hizo saber de forma velada al expresar que no iba a respetar las medidas cautelares dictadas por la CIDH; eso fue el 3 de febrero, curiosamente ese mismo día fueron detenidos Alejandro Cruz López, Jacqueline López y Samuel Hernández Morales, de COMPA", apuntó.

Se le mencionó que en las comunidades donde ha habido detenidos los conflictos han sido tras las elecciones. Gatica se refirió a que en todos, como en Xanica, San Martín Itunyoso, San Blas Atempa y otros, hay movimientos sociales que han promovido la toma de conciencia de las comunidades, "luego entonces el gobierno identifica claramente que la parte que estimula la participación ciudadana tiene que ver con las organizaciones sociales y entonces las ataca de fondo, porque está en la lógica de que agrediéndolas va a desarticular los movimientos de protesta, ya sea en una comunidad, en una región o en el estado".

Mencionó además que al buscar desactivar los movimientos sociales mediante la represión "se busca crear el clima necesario para poder implementar los proyectos del Plan Puebla-Panamá ya sin la oposición organizada de las comunidades".