El motivo, no dañar la promoción para atraer inversiones al estado, afirma
El gobierno de Sonora se desentiende de feminicidios; 83 en tres años: ONG
La violencia intrafamiliar, factor en los asesinatos; hubo denuncias previas desatendidas
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Miriam Ramos (derecha), fot�fa de Notimex, una de las mujeres asesinadas en Sonora FOTO Cortesia de Cambio, Sonora
Hermosillo, Son., 20 de febrero. El gobierno estatal mantiene en el olvido las investigaciones sobre los homicidios de 83 mujeres asesinadas de 2002 a la fecha, con el único propósito de no empañar la imagen del estado frente a la campaña que ha emprendido en México y el extranjero para atraer inversiones, afirmó la activista Patricia Alonso Ramírez, de la organización no gubernamental (ONG) Nosotras, ciudadanas por la no violencia.
Agregó que la generación de fuentes de empleo ha sido una de las premisas fundamentales de la administración que encabeza el gobernador Eduardo Bours Castelo; por ello la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tiene "instrucciones" de mantener archivados los expedientes de feminicidios, para no ahuyentar los proyectos de inversión.
Los asesinatos de mujeres comenzaron en Sonora hace tres años. La mitad de esos crímenes se han perpetrado durante la actual administración estatal -que se inició el 13 de septiembre de 2003-, y dos casos ocurrieron en enero pasado. A pesar de la incidencia, las autoridades parecen no tener interés en involucrarse.
De acuerdo con Alonso Ramírez, la fiscalía estatal se ha mostrado "tibia, con poco interés, ajena, apática e insensible" ante los casos de mujeres asesinadas, pues el gobierno local busca dinero fresco para Sonora.
En los 38 meses transcurridos entre enero de 2002 y enero de 2005 han ocurrido en promedio 2.18 asesinatos de mujeres cada 30 días. Uno de los factores que comparten esos crímenes es la violencia intrafamiliar, rubro en el cual Sonora tiene el primer lugar en México.
En algunos casos, los cuerpos de las víctimas han sido mutilados y enterrados clandestinamente. Muchos de los cadáveres hallados tenían señales de abuso sexual, pero ni con estas características la autoridad ha hecho algo por atender la situación.
"La procuraduría no percibe los casos de feminicidios como un verdadero problema social, sino como asunto privado de la pareja; de ahí que se mantenga al margen de los acontecimientos", destacó Alonso Ramírez.
Además acotó que la cifra real de mujeres asesinadas podría ser mayor a 83 y superar los 100 casos, pues la PGJE ha presentado algunos asesinatos como hechos suicidas, con la intención de no alarmar a la población y evitar que se empañe la imagen de Sonora.
De acuerdo con una reciente encuesta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Sonora es el estado "más violento" de México contra el género femenino. El estudio arrojó que 49.8 por ciento de las mujeres sonorenses han sufrido violencia intrafamiliar, mientras la media nacional es de 47 por ciento.
Los municipios donde ha habido mayor número asesinatos de mujeres son Nogales (24.56 por ciento), Hermosillo (19.30), San Luis Río Colorado (15.79) y Agua Prieta (8.77 por ciento). También han ocurrido, en menor proporción, en Huatabampo, Navojoa y Puerto Peñasco, entre otras demarcaciones.
Las primeras estadísticas revelaron que las víctimas tenían entre 36 y 52 años de edad, pero de enero a julio de 2004 las edades de las agredidas se redujeron a entre 19 y 35 años.
Alonso Ramírez consideró que la PGJE incurrió en omisiones, pues más de 80 por ciento de las mujeres que fueron asesinadas a manos de su cónyuge, amante, novio o ex pareja presentaron denuncias por violencia doméstica, sin que se hubiera actuado contra el agresor.
La negligencia de la fiscalía, dijo, permite que las mujeres "duerman con el enemigo", pues, a pesar de las denuncias previas, la autoridad no investiga a los principales sospechosos de los asesinatos, lo que provoca que "la impunidad que existe en Sonora sobre los casos de feminicidios sea la licencia para que los hombres sigan matando mujeres sin el mínimo temor a ser castigados, porque conocen la apatía de la autoridad".
La activista criticó que la procuraduría no cuente con una agenda para dar celeridad a los trabajos de la Mesa de Seguimiento de los Crímenes contra Mujeres, la cual quedó formalmente instalada el 12 de noviembre de 2004.
Involucran a familias de las víctimas
Con el propósito de presionar para que las autoridades abran todos los expedientes, Nosotras, ciudadanas por la no violencia ha empezado a involucrar a las familias de las víctimas con el propósito de acudir ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y promover una queja contra el titular de la PGJE, Abel Murrieta Gutiérrez.
La ONG también analiza con un grupo de abogados la posibilidad de demandar por la vía penal al procurador y a agentes del Ministerio Público, porque han violentado el marco jurídico al no abrir los procesos de investigación en torno a estos crímenes, y prescindir de las denuncias sobre violencia intrafamiliar.
Alonso Ramírez sostuvo que mientras los familiares de las víctimas no lo autoricen, su grupo no podrá acudir a la CEDH ni proceder penalmente contra la autoridad, de ahí que el organismo haya hecho contacto con algunos deudos con la intención de presionar para que se brinde celeridad a las investigaciones.
La activista subrayó que las condiciones de las mujeres en Sonora "son realmente preocupantes", debido a que los índices de violencia intrafamiliar van en aumento, y se presentan en diversos estratos sociales.
Sigue impune asesinato de reportera gráfica
A un año de la muerte de Miriam Dennis Ramos Delgado, fotógrafa de la Agencia Mexicana de Noticias (Notimex), el o los responsables siguen libres, porque la autoridad incurrió en una serie de irregularidades durante las pesquisas, lo que propició que el presunto asesino huyera del estado.
Según las indagatorias que realizó el ex procurador estatal, Rubén Díaz Vega, el supuesto feminicida estaba plenamente ubicado. Sin embargo, en un descuido de la PGJE el implicado huyó a Estados Unidos y se tienen indicios de que radica en Arizona.
Miriam Ramos fue asesinada con arma blanca en una tienda de su propiedad, situada en un centro comercial al norte de Hermosillo. Sus padres aún claman justicia sin que las autoridades los escuchen.