Exigen su liberación y cese de hostilidades
Niegan habitantes de Tila que los detenidos sean de Paz y Justicia
San Cristobal de Las Casas, Chis., 19 de febrero. Habitantes del municipio de Tila exigieron la liberación inmediata de al menos ocho de los 49 detenidos por policías estatales durante el desalojo de la alcaldía, el pasado martes, "porque no son asesinos ni paramilitares como dice el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, son gente que lucha por defender sus derechos". En particular se refirieron a Enrique Gómez Martínez, de 60 años de edad y quien está "muy enfermo".
En rueda de prensa vecinos de las comunidades de Petalcingo, Nueva Esperanza y Cantioc afirmaron que la situación aún es tensa en Tila, por lo que muchas familias "han huido al monte debido al clima de terror que se vive en nuestros pueblos".
Y la esposa de Gómez Martínez, cuyo nombre no se dio a conocer, divulgó una carta dirigida al presidente Vicente Fox en la que narra: "estaba en la cabecera municipal con mi esposo, en la casa de un compañero, cuando de pronto entraron los policías, patearon la puerta, sacaron a mi esposo, le apuntaron con un arma, lo golpearon y lo arrastraron. Cuando vimos lo que pasaba, las mujeres salimos de la casa huyendo a la montaña, como muchas otras mujeres con sus hijos.
"Algunos lograron esconderse dentro del templo católico; hubo disparos y todos gritaban; casas destruidas o sus puertas tiradas, pues la policía entró a las viviendas a sacar a los hombres y no paraba de golpear a las familias."
Los habitantes de Tila denunciaron que la policía del estado "ha colocado muchos retenes en los caminos del municipio y nos exigen mostrar identificación, nos interrogan con prepotencia, checan nuestros nombres en una lista de personas a las que andan buscando, y si el nombre coincide detienen a la persona, sin tomar en
cuenta que en nuestras comunidades los nombres se repiten".
Lamentaron que Salazar Mendiguchía haya "generalizado en el sentido de que todos los detenidos somos de Paz y Justicia. Pensamos que esto obedece a que el gobernador tiene urgencia de crear chivos expiatorios para contener la fuerte presión que se le ha venido encima luego de la reciente publicación de información sobre el citado grupo paramilitar".
Mencionaron que durante los operativos policiacos realizados en la madrugada del martes y en la tarde de ese día ellos identificaron a varios hombres pertenecientes a la Unión de Comunidades Indígenas, Agropecuarias y Forestales (UCIAF) "vestidos con uniformes de la policía y el rostro cubierto con pasamontañas, agrediendo a la población que no está a favor del alcalde priísta Juan José Díaz Solórzano".
Aseguraron que Paz y Justicia está encabezada por Samuel Sánchez, Raymundo Hernández Trujillo, Marcos Albino Torres, Martín Ramírez Ruiz y otros "reconocidos paramilitares" que fundaron el grupo Paz y Justicia, pero debido a la "ruptura" de esa agrupación en 1999 conformaron la UCIAF, y apoyaron al candidato del PRI, Díaz Solórzano. "Ellos andaban señalando a la policía quiénes debían ser detenidos", indicaron.
Los representantes de las comunidades de Petalcingo, Nueva Esperanza y Cantioc que participaron en la conferencia insistieron en que su demanda es que los presos sean liberados porque "son inocentes".
Señalaron que ellos pertenecen a un grupo de ciudadanos que no tienen
partido, aunque reconocieron que sí han participado en el movimiento poselectoral.
"Nosotros jamás hemos pertenecido a Paz y Justicia, y desmentimos las declaraciones del gobernador de que todas las personas que nos hemos movilizado pertenecemos a ese grupo", se quejaron. Finalmente, acusaron a las dirigencias municipales y estatales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) de haber "negociado con el gobierno estatal a espaldas de nuestro movimiento, reconociendo el falso triunfo al candidato del Revolucionario Institucional (PRI), con lo cual dieron pretexto para que la fuerza pública reprimiera a los integrantes de nuestro legítimo movimiento".