Si no responde, recurrirán a instancias internacionales
Urgen ONG al gobierno a informar sobre avances en el caso de Provida
Organizaciones civiles de defensa de los derechos sexuales y reproductivos informaron que de no tener pronto una respuesta por parte de las secretarías de Salud (Ssa) y de la Función Pública (SFP) en torno a los avances que ha tenido el caso sobre el mal manejo de 30 millones del erario público en que incurrió el Comité Nacional Provida, se verán obligadas a recurrir a instancias internacionales a fin de que "no continúe la prevalencia de la impunidad".
En conferencia de prensa, Pilar Muriedas, presidenta de Salud Integral para la Mujer (Sipam), precisó que desde el 26 de enero pasado le enviaron cartas a los titulares de las citadas dependencias, Julio Frenk y Eduardo Romero, solicitándoles información de los avances en la indagatoria para presentarlos en la Conferencia Internacional de Acceso a la Información que se realizará en Cancún del 20 al 23 de febrero -en ella participarán más de 30 países y es organizada por el Instituto Federal de la Acceso a la Información-, pero no ha habido respuesta, pese a que los acuerdos que firmaron con las dependencias establecen que emitirán reportes constantes sobre el asunto.
Marta Juárez, del Grupo de Información en Reproducción Elegida, precisó que lo que resta es que se sancione de forma "administrativa, civil o penal, o las tres", a los responsables, es decir, a quien autorizó la canalización de los recursos a Provida (Luis Pazos) y a Jorge Serrano Limón, representante de la organización beneficiada.
Pero también urge que se revisen las regulaciones de la Ssa y sus procesos de asignación, "porque no es posible que otorgue dinero público a una organización que está en contra de los principios de sus políticas públicas; ellos están en contra del condón, del aborto legal y de las campañas contra el VIH/sida, entre otros".
Muriedas advirtió que ante la falta de respuesta no sólo acudirán a tribunales internacionales a exponer el caso, sino que también expondrán en la conferencia de Cancún la "incongruencia" del gobierno mexicano, el cual por una parte promueve una ley de transparencia y por la otra no la hace efectiva, y agregó que la Ssa también "debe hacer algo para que se recuperen los recursos defraudados".
María Vallarta, de Equidad de Género, resaltó que también está pendiente que "el entonces diputado Luis Pazos sea sancionado por la Auditoría Superior de la Federación y que se legisle de una vez por todas para que esto no vuelva a suceder".
Alejandro Brito, director del suplemento Letra S, sostuvo que el silencio y el hecho de que no se vea alguna acción concreta en contra de Serrano Limón hacen "sospechar que goza de protección en el interior del gobierno", y agregó que no hay que olvidar que los recursos le fueron restados al presupuesto de VIH/sida.
Cabe mencionar que fue el 17 de enero de 2003 cuando estalló el escándalo, fecha en que legisladoras de la Comisión de Equidad enviaron oficios de protesta a Luis Pazos por la asignación a Provida.