El hijo del premier israelí sí enfrentará cargos por uso de recursos ilegales
Sharon libra proceso por corrupción electoral
Decide el Ejército de Tel Aviv suspender la demolición de casas de palestinos
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Un soldado israel�mpide el paso a un palestino, en el puesto de revisi�e Qalandia, al oeste de Ramallah, Cisjordania FOTO Reuters
Jerusalen, 17 de febrero. El fiscal general de Israel decidió no presentar cargos contra el primer ministro, Ariel Sharon, en un escándalo por financiamiento ilegal de campaña. Sin embargo, uno de los hijos del primer ministro israelí Ariel Sharon, sí fue inculpado en la causa.
El ejército israelí anunció, por otro lado, que renunciará a su política de demolición de viviendas palestinas ''por motivos de seguridad'' y en represalia a atentados antisraelíes, que dejó sin hogar a unos 28 mil palestinos en los últimos años.
Omri Sharon fue inculpado de "falso testimonio" y "falsificación y uso de documentos falsos" por el consejero jurídico del gobierno Menahem Mazuz, quien se desempeña como procurador general.
Pero el primer ministro y varios de sus cercanos colaboradores, entre ellos Dov Weisglass, escaparon a una acusación por ''falta de pruebas''.
El caso comenzó en 1999 cuando Omri Sharon usó casi millón y medio de dólares por medio de una sociedad con sede en el extranjero para financiar las elecciones primarias del Likud, que llevaron a Ariel Sharon a la dirección del partido de la derecha.
Ariel Sharon afirmó que no estaba al tanto de los detalles del financiamiento de su campaña, que fue organizada por Omri, quien se convirtió entre tanto en diputado del Likud.
Omri Sharon puede ser condenado a siete años de prisión por "falso testimonio" y a cinco por "falsificación de documentos".
El Ministerio de Defensa israelí ordenó este jueves poner fin a la política de demolición de las casas de los palestinos que cometan ataques antisraelíes, en un nuevo gesto de buena voluntad ante el cese el fuego que pactaron la semana pasada Sharon y el presidente palestino, Mahmoud Abbas. El ministerio advirtió que las demoliciones podrían renaudarse ''si cambian radicalmente las circunstancias''.
La medida fue adoptada por recomendación de la Comisión del Ejército de Israel, dijo el diario Haaretz, que en un informe entregado al jefe del Estado Mayor, Moshe Yaloon, afirmó que las demoliciones han causado más daños que beneficios, debido a que provocan entre los palestinos odio y hostilidad hacia Israel.
Según el informe, desde que comenzó la segunda intifada, en septiembre de 2000, sólo 20 familias palestinas entregaron a sus hijos antes de que éstos cometieran atentados por temor a que sus casas fueran demolidas en represalia.
Desde mediados de 2002, más de 270 casas de presuntos atacantes fueron destruidas en Cisjordania, y aún así se incrementó el número de atentados durante ese periodo. También fueron destruidos cientos de casas, sobre todo en Rafah, por "razones de seguridad", por considerarse que eran talleres para la construcción de bombas.
En total, Israel destruyó desde 2000 más de 3 mil 500 viviendas, por lo que dejó sin hogar a 28 mil palestinos.