La fragilidad de las instituciones
A tres siglos de desarrollo del Estado-nación, el descrédito de las instituciones en la modernidad tardía conlleva tensiones que hoy alcanzan puntos críticos.
El conjunto de movilizaciones unidas a las grandes democracias fueron ocasión para debilitar y fortalecer instituciones sociales que se acompañaron de la tendencia hacia una progresiva individualización y creciente autonomía. Cuando al Estado ya no le corresponde decidir si tal o cual conducta es buena o mala, sino garantizar las libertades, enfrentamos masas precarias de gente que ni es libre ni ejerce sus derechos humanos. El desencantamiento de las instituciones del Estado ha desembocado en crisis permanentes e inclusive explosivas. Lo asombroso es que en pleno siglo XXI se intente superar la fragilidad de las instituciones mediante la repolitización de la Biblia y el reforzamiento de los patrones tradicionales de familia.
Tal como nos informa la importante Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil "Las familias mexicanas somos...", que da seguimiento a estas políticas, en el Congreso Internacional de la Familia, organizado por el DIF nacional y el gobierno de Jalisco durante la primera semana de este mes en Guadalajara, los funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal están vulnerando tanto el Estado laico como derechos humanos fundamentales.
Destaca entre los discursos nada menos que el del representante de Josefina Vázquez Mota, José de Jesús Castellanos, director general de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social, quien entre otras cosas afirmó: "hay que cuidar que la igualdad y la equidad no acaben con la familia" (...) "para que la familia se fortalezca es necesaria la complementariedad y corresponsabilidad entre hombre y mujer, pues solamente en esta forma se fortalece el núcleo básico de la sociedad" (...) "la familia debe ser considerada y reconocida como sujeto de derecho".
Cada una de estas frases tiene fuertes implicaciones y entre líneas reproduce las regulaciones cristianas de la familia atentando directamente la laicidad y la visión secular de las y los ciudadanos mexicanos. La primera es la más peligrosa, ya que cuestiona en el ámbito de la familia los derechos a la igualdad y la equidad y busca fortalecer el autoritarismo y la su-bordinación de las esposas y de hijos e hijas, así como contrarrestar la tendencia a la democratización del ámbito familiar. Los términos de la segunda frase denotan la intención de imponer un estilo familiar único y, por tanto, discriminar otras formas de organización como pueden ser los hogares monoparentales, las madres solteras, la monogamia sucesiva, los arreglos de segundas o terceras nupcias, y las relaciones de parejas de un mismo sexo. La última afirmación del funcionario, además de exponer el desconocimiento sobre el sentido de los derechos humanos, realmente pone en riesgo las garantías individuales: al intentar colocar a "la familia como sujeto de derecho" rompe con todo el espíritu que les da sustento, comenzando por el primer artículo de la Declaración universal de los derechos humanos, de 1948, el cual protege la dignidad de cada persona como sujeto de derecho, y reconoce su individualidad, valor que asegura en toda persona la existencia de complejos procesos cognitivos que se combinan y coexisten con códigos morales, aun por encima de imposiciones familiares: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros".
Otra de las graves declaraciones de ese congreso vino del procurador de Justicia de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, y del presidente municipal de Zapo-pan, Arturo Zamora, quienes proponen: "que la violencia no sea considerada un delito porque ello pone en riesgo la unión familiar" y retoman el término "víctima propiciatoria", imponiendo el principio de mediación en el tratamiento de la violencia intra-familiar.
Lo que hoy enfrentamos son retrocesos respecto de las exigencias universalistas que sustentan la ética moderna. Sin duda socavar la Iglesia y minar a la familia fue parte del precio para engrandecer al Estado y para fortalecer las instituciones ejecutivas, jurídicas y legislativas. Estas últimas sustituyeron la moral religiosa y familiar por una ética de Estado. Los individuos portadores del sentido racional de la realidad, las y los sujetos que discuten ideas entre iguales y ejercen su autonomía social, no sólo fueron quitando a las iglesias el papel regulador del comportamiento, sino despojando, en parte, a la familia, de sus funciones de socialización.
Ahora que desconfiamos de las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales, y que se acerca la celebración del Día de la Familia Mexicana -instaurado por primera vez para el 6 de marzo por la pareja presidencial- tendremos ocasión de recuperar el sentido de consuelo en la familia y la promesa religiosa del paraíso, donde con mucha más probabilidad podremos ejercer la libertad, la igualdad y la solidaridad.