Frontera norte y el festín de los lobos
Poca atención otorgan en Estados Unidos a las recientes pretensiones de su gobierno de bardear tramos de la frontera, negar servicios médicos o cancelar licencias de manejo a indocumentados en su territorio. La clase política estadunidense tiene asuntos más importantes que atender como para inquietarse o prestar la mínima atención al revuelo que causó en México la nueva zarandeada que nos pusieron. La dolorosa realidad es que nuestra relación asimétrica no proporciona ningún aliciente a Estados Unidos para suavizar el rudo trato que nos dispensa y que endurecerá conforme se generalice la paranoia entre sus elites y empiecen a dedicar más atención al pariente pobre, no para mejorar la convivencia, sino para llamarnos la atención por nuestro desorden.
Los recientes actos se añaden a los hipócritas reclamos yanquis por la violencia fronteriza, cuya razón más directa es su endémica condición de sociedad adicta a las drogas, que tantos problemas nos ha acarreado a los mexicanos. El reflujo financiero del narcotráfico de Estados Unidos a México casi equivale a la suma de los ingresos nacionales por exportaciones petroleras y remesas de braceros, ya que nuestros principales productos de exportación son drogas, petróleo y braceros. Resulta patético que al tiempo que el país vecino anuncia su intención de sellar su frontera, las trasnacionales Sempra-Shell y Chevron-Texaco aplaudan los permisos federales para instalar en Baja California las gaseras que los surtirán de energía.
Con la complicidad de autoridades "mexicanas", las trasnacionales gaseras están adquiriendo una ventaja comparativa en la búsqueda de espacios geográficos de Baja California, donde se construirá la infraestructura de recepción, almacenamiento y envío del gas natural licuado que demanda la pujante economía del rico estado vecino, quinta economía del mundo.
Con el beneplácito federal de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los corporativos privados Sempra-Shell y Chevron-Texaco están imponiendo su voluntad capitalista depredadora a los bajacalifornianos para construir enormes plantas almacenadoras del gas importado que exigen las necesidades estadunidenses. La ocupación trasnacional de territorio mexicano se acompaña de una sofisticada campaña propagandística que ha tenido éxito en algunas vertientes, como la relativa a disimular y ocultar a la vista pública lo evidente: la instalación de las gaseras tiene el propósito de servir a los intereses corporativos extranjeros.
El discurso propagandístico insiste en que el objetivo es cubrir la exigua demanda energética en México y que sólo el gas "excedente" almacenado se enviará a Estados Unidos. Sin embargo, los mismos datos de los corporativos y de las autoridades demuestran que el dichoso gas "excedente" supera con creces las necesidades mexicanas; entonces el gas para México será una irrisoria cantidad simbólica porque el porcentaje mayoritario irá a California, destino original que motivó los proyectos.
Ian MacFarlane, ministro de Industria, Energía y Turismo de Australia, habló en su visita a México el pasado 20 de enero del interés de su país por la exportación de gas natural hacia Estados Unidos a través de Baja California. Sabe que la finalidad de las gaseras en nuestro territorio es servir al mercado californiano, pero fue franco y no recurre a la mentira sostenida hasta ahora de que el gas importado tendría como destino las ínfimas necesidades energéticas mexicanas, pequeño mercado que sólo mencionó para contextuar. Según los reportes periodísticos siempre privilegió el mercado estadunidense, al cual, dijo, pueden exportar "diez millones de toneladas de gas". El negocio no está en México, sino en California, pero el territorio nacional es parte fundamental del proyecto porque sirve como el grasoso cuarto de máquinas.
No habría de pasar mucho tiempo para que otros corporativos demandaran su parte del festín. La prensa bajacaliforniana informó de nuevo, el 21 de enero pasado, sobre el interés que manifestaron otros corporativos en aprovechar la barata de territorio nacional para desde aquí atender las insatisfechas necesidades de California. Esta vez, Moss Maritime, que pertenece a la compañía italiana Saipem, dio inicio a las gestiones para construir una regasificadora en Rosarito.
Por lo pronto, las cartas están sobre la mesa y bien valdría la pena reflexionar si el bienestar que deseamos para nosotros y nuestros seres queridos en Baja California lo dejamos en manos de corporativos extranjeros y autoridades cómplices de esta ocupación colonial. Afortunadamente el moviendo ciudadano en Baja California en contra de esta política entreguista crece y se expande en amplias capas de la sociedad fronteriza.