Editorial
Linchamiento en curso y corporativismo
Día tras día se hace más descarada la operación de linchamiento judicial emprendida por el gobierno foxista y sus aliados priístas contra el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador. La sintonía en esta materia entre Los Pinos y la dirigencia tricolor se ha vuelto tan transparente que, cuando el presidente Vicente Fox afirmaba, en una reiteración del discurso pretendidamente legalista que suele dirigir contra el asediado gobernante del Distrito Federal, que nadie debe "ajustar la ley a sus intereses" y que ésta debe aplicarse "sin distinciones ni omisiones", porque de otra forma "sólo nos espera el desorden y el caos", el coordinador de la fracción priísta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Jiménez Guzmán, más específico en sus denuestos, acusó a López Obrador de "violentar la ley", de provocar "escenarios de caos" y hasta de "promover la ingobernabilidad". Por si quedara duda de los acuerdos entre el Ejecutivo federal y la dirigencia madracista del PRI para excluir a la mala al funcionario perredista de la contienda presidencial del año entrante, lo confirman éstas y otras consonancias discursivas.
Si algún evidente torcimiento de la ley ha tenido lugar en el escenario político actual, ése ha sido el operado por el grupo en el poder para fabricar al gobernante capitalino un delito inexistente con el fin de iniciarle un proceso legal que, en la opinión externada ayer a título personal y en su calidad de "profesional del derecho" por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, resulta improcedente por el simple hecho de que el artículo 215 del Código Penal no considera entre las causas de abuso de autoridad la falta de acatamiento a una suspensión judicial, que es la acusación inventada por la Procuraduría General de la República contra López Obrador.
El manifiesto atropello que el gobierno, auxiliado por panistas y priístas, pretende cometer contra el Ejecutivo local es, por esas y otras consideraciones, reprobable, injusto y profundamente lesivo para la institucionalidad, la legalidad y la democracia. Sin embargo, ello no justifica las recientes medidas defensivas de la autoridad capitalina que recurre a un corporativismo ya impresentable, como fueron la reunión sostenida anteayer por López Obrador con trabajadores del Distrito Federal en el teatro Metropólitan y los descuentos vía nómina a asalariados de las secretarías de Finanzas y de Transporte, de "aportaciones voluntarias" para la campaña de defensa del titular del Gobierno del Distrito Federal (GDF). Igualmente indebido es el uso de recursos públicos para financiar o promover las movilizaciones contra el desafuero. Particularmente inquietante es el anuncio formulado ayer por el secretario de Desarrollo Social, Marcelo Ebrard, quien dijo que la dependencia que encabeza utilizó 100 mil pesos de su presupuesto de propaganda y publicidad para ese efecto, y la contradicción de ese funcionario con el director de Comunicación Social y con el titular de Finanzas del gobierno capitalino, César Yáñez y Arturo Herrera, quienes aseguraron que los fondos para las acciones de defensa de López Obrador provendrán de aportaciones voluntarias de funcionarios.
El acarreo, la solidaridad obligada de las bases trabajadoras con sus superiores, así como la utilización del dinero público para una causa justa, pero ajena a la institucionalidad capitalina, como es el empeño de López Obrador por evitar su desafuero o revertir sus consecuencias, son prácticas que desvirtúan y enturbian el desempeño general el político y el administrativo del GDF y regalan munición a los inescrupulosos conjurados que a toda costa quieren eliminar del escenario político al jefe de Gobierno. No es posible moralizar la vida institucional de la urbe y del país si se recurre a métodos que recuerdan aunque se disfracen de acciones para "informar a los habitantes" las maniobras clientelares y patrimonalistas que el Partido Revolucionario Institucional aplicó en la capital de la República hasta que fue desalojado del gobierno local por el voto ciudadano, hace siete años.
Un hecho paradójico es que la causa de López Obrador, quien cuenta con una aprobación popular sin precedente, e incomparablemente más alta que la del Ejecutivo federal, su principal perseguidor, no necesita echar mano de tales medidas para articular un movimiento genuinamente ciudadano que respalde a su gobernante y defienda, llegado el caso, el derecho de éste a presentarse como candidato presidencial en los comicios del año entrante.