La toma de la alcaldía "no era un baile", justifica secretario de Gobierno

Paz y Justicia busca reactivar la violencia en Chiapas: párroco de Tila

El desalojo del martes y detenciones de opositores, las pruebas, sostiene Cruz Vera

Está en riesgo la paz, advierte

JUAN BALBOA

El párroco del Señor de Tila, Heriberto Cruz Vera, advierte que hay temor en todo el municipio de que el grupo paramilitar Paz y Justicia vuelva a reactivar la violencia en la zona norte de Chiapas, donde ocurrieron más de 100 asesinatos durante el gobierno del ahora ex presidente Ernesto Zedillo.

"El grupo que ha causado tanto dolor y muerte en la zona norte de Chiapas está reapareciendo con fuerza, apoderándose, una vez más, de gobiernos municipales", asegura el sacerdote de una de las parroquias -conocida también como del Cristo Negro- más veneradas por católicos de Chiapas, Tabasco, Campeche y Oaxaca, e inclusive de Guatemala.

Justificó su dicho con la violencia ejercida por la policía estatal el martes para desalojar a personas que se oponen a que uno de los dirigentes del grupo Paz y Justicia tome posesión como presidente municipal de Tila, y porque la policía sectorial de Chiapas está deteniendo a gente señalada como opositora.

El sacerdote confirmó además que este miércoles se inició un éxodo de habitantes de Tila hacia otros pueblos o comunidades de la montaña.

Cruz Vera, uno de los párrocos más perseguidos en Chiapas por su trabajo con los pobres y los indígenas, asegura en entrevista telefónica que está convencido de que en estos momentos "se pone en riesgo la paz" en la región indígena de los choles, pues señala que la dirigencia histórica de Paz y Justicia está retomando la presidencia municipal de Tila.

El sacerdote subraya: "Si tienen el poder y el control municipal se caerá de nuevo en la violencia y el enfrentamiento". Y remata: "Está en riesgo la paz".

No duda en señalar que en la región del norte de Chiapas se está viviendo una situación tensa por problemas poselectorales y el reactivamiento del sector histórico del grupo paramilitar, todo agravado por la intervención violenta que realizó el martes pasado la Policía Sectorial y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) del gobierno chiapaneco.

Los hombres de confianza del nuevo presidente municipal de Tila, el priísta Juan José Díaz Solórzano, son señalados como comandantes del grupo paramilitar Paz y Justicia, acusados de asesinato ante instancias judiciales del estado y la federación, así como ante organismos nacionales e internacionales.

Dos de los apoyos primordiales del nuevo edil, Samuel Sánchez Sánchez y Marcos Albino Torres, fueron detenidos el 11 de octubre de 2000 como presuntos responsables de los delitos de terrorismo, motín, asociación delictuosa, delincuencia organizada, portación de arma de fuego exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, daños y despojo.

Fueron liberados el 21 de abril de 2001, siendo ya presidente Vicente Fox y Pablo Salazar Mendiguchía gobernador de Chiapas. La liberación de los dos dirigentes de Paz y Justicia se realizó a pesar de que acumularon seis años de averiguaciones previas en el ámbito estatal por homicidio, desaparición, violación, despojo y daños. Sólo cinco meses estuvieron en la cárcel, pues fueron puestos en libertad "por falta de evidencias".

Ahora son hombres fuertes del nuevo alcalde de Tila, junto con otros conocidos dirigentes de Paz y Justicia: Carlos Torres López y Jesús Celis Guillén, ex presidentes municipales, y Raymundo Trujillo.

Este es el nuevo escenario que se vive en la zona norte del estado, todo, según organismos de derechos humanos, por la inactividad de la Procuraduría General de la República y de las autoridades judiciales de la entidad sobre procesos de investigación de acciones paramilitares en la zona, de las cuales en la actualidad no existen investigaciones abiertas.

ELIO HENRIQUEZ Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSALES

San Cristobal de Las Casas, Chis., 16 de febrero. El secretario de Gobierno, Rubén Velázquez López, justificó la actuación de la policía estatal durante el desalojo violento de cientos de indígenas que mantenían tomado el palacio municipal de Tila, al pedir "sentido común", pues "no era un baile".

"Algunos alebrestados por los discursos de otros toman alguna actitud agresiva y hay que someterlos, esto es un privilegio de la autoridad y lo tiene que ejercer, si no sería una anarquía", señaló Velázquez López, quien consideró que la situación en ese municipio del norte de Chiapas es de "tranquilidad y paz".

Sin embargo, el ex candidato de la alianza de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) a la alcaldía de Tila, Domingo Cornelio Trujillo, informó que la situación continúa tensa y que inclusive la policía detuvo hoy a otros cinco opositores al alcalde priísta Juan José Díaz Solórzano, los cuales se suman a 47 que el martes fueron aprehendidos, cuyo paradero dijo ignorar el secretario de Gobierno.

"Están en una casa que tiene la fiscalía (General del Estado), pero desconozco en qué municipio. Le vamos a preguntar a la fiscalía", determinó.

Los indígenas que hasta este martes mantenían un plantón a las afueras de la alcaldía se inconformaron porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio el triunfo al Partido Revolucionario Institucional en los comicios del pasado 3 de octubre, por una ventaja de menos de 100 votos sobre la alianza PRD-PT.

Vía telefónica, Cornelio Trujillo aseveró que los agentes estatales presentes en la cabecera municipal "continúan realizando cateos sin orden judicial y en muchos casos saquean las viviendas". Añadió que ante el clima de intranquilidad en la localidad entre 30 y 40 familias han salido hacia el vecino estado de Tabasco.

De acuerdo con el ex candidato perredista, los detenidos este miércoles son Roque Bonifaz, Mario Román, Guillermo Gordillo Sánchez, Francisco Montejo y María Refugio Vázquez, todos simpatizantes de la alianza que lo postuló como candidato a la presidencia municipal en las elecciones del pasado 3 de octubre.

Entrevistado en esta ciudad, el secretario de Gobierno informó que algunos de los detenidos pertenecen al grupo Paz y Justicia, y la Fiscalía General del Estado (FGE) "está determinando cuántos van a quedar presos, que serán los que tienen responsabilidad, los cuales están identificados con mucha claridad y no se va a cometer ninguna injusticia porque sabemos bien quiénes son, ya que los tuvimos enfrente más de 100 días".

En tanto, la FGE informó que los 47 indígenas aprehendidos durante el desalojo de la presidencia municipal fueron presentados ante las autoridades judiciales, acusados de atentar contra la paz y la colectividad social, así como ataques a las vías de comunicación, entre otros delitos considerados graves. Al menos unos 20 lesionados continúan con atención médica en varios centros de salud de la entidad, y 250 elementos policiacos siguen montando guardia en la localidad, informó.

La fiscalía aseguró que los inconformes pretendieron sorprender a los elementos policiacos con bombas caseras conocidas como molotov, por lo que -a decir de las autoridades- debieron repeler el ataque. Según las acusaciones presentadas ante el Ministerio Público, los ahora detenidos "secuestraron" a varios policías, entre ellos dos mujeres, a quienes les causaron diversas lesiones.