Desafuero en el laberinto
Escurriéndose, el PRI eludió el debate. Los diputados de ese partido tomaron la palabra, pero realmente estaban en otra sesión. Si la comparecencia del secretario de Gobernación tenía como objetivo "informar sobre aspectos relativos a la seguridad nacional, la política interior, la reforma del Estado y la agenda legislativa del Ejecutivo federal", lo menos era que los distintos grupos parlamentarios expusieran en profundidad sus puntos de vista, es decir, cuestionaran al funcionario para impulsar el debate nacional que sigue pendiente. El propio Santiago Creel admitió dos asuntos de carácter prioritario: la reforma en materia de seguridad y de justicia sometida al Senado de la República y los temas pendientes en materia electoral. En la mesa un tema nacional: el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. La oportunidad estaba servida, pero los representantes del PRI hallaron la vía de escape y desperdiciaron su participación quemando la pólvora en infiernitos.
Mientras la temperatura subía con las denuncias del PT y el PRD en torno a las maniobras para desaforar al jefe de Gobierno, el diputado priísta David Hernández Pérez se destapó con una minuciosa crítica, acaso justificada, sobre "las irregularidades administrativas que se desprenden de la auditoría practicada a la Coordinación de Protección Civil", prosiguió denunciando varios incumplimientos del gobierno acerca de una caseta de cobro en la autopista Zapotlanejo-Guadalajara y terminó con una alocución sobre la Ley de Juegos y Sorteos. Todo eso puede ser muy importante, pero los señores legisladores, que hacen bien en cuidar los intereses de los electores, son, o debieran ser en primer término representantes de la nación y deben actuar en consecuencia.
Por su parte, los jefes blanquiazules, obligados a defender al secretario, no quisieron sostener al candidato y se limitaron a salir del paso, sin convicción. Los mismos que habían alertado sobre un linchamiento contra Creel apenas si reaccionaron con abulia, sin dar demasiada importancia a la discusión. En verdad, cuántas oportunidades se pierden por amor a la grilla, esa enfermedad nacional que nos lleva a sacrificar sistemáticamente lo trascendente por lo más circunstancial e inmediato, las causas generales por las ambiciones personales. ¿Cómo se puede pensar seriamente en la reforma del Estado si los grupos parlamentarios ya están volcados en la sucesión?
En su turno, el PT y el PRD subrayaron los peligros del desafuero del jefe de Gobierno. Las palabras de Pablo Gómez resonaron muy fuerte en el salón de sesiones, pero no consiguieron sacudir la modorra de los priístas, de cuyo voto dependerá en última instancia el destino del informe de la sección instructora.
El asunto es grave, pues demuestra que el gobierno avanza en la aventura de meter en el saco de la sucesión todo el expediente contra López Obrador, sin hacerse cargo de las consecuencias que tendría para el sistema político la inhabilitación de éste. La perversión del estado de derecho, al que se le cantan loas un día sí y al otro también, podría ser irreparable y nos metería en una verdadera crisis institucional.
En realidad, la exclusión de López Obrador sería un verdadero retroceso en la ya de por sí larga y accidentada construcción de la democracia, una vuelta atrás en la consolidación del pluralismo que se expresa a través del régimen de partidos y de una competencia libre, no sujeta a la consideración del gobierno de turno.
La decisión de atajar al jefe de Gobierno capitalino responde, en última instancia, a la concepción arraigada en la derecha de que el bipartidismo es, en realidad, la fórmula más conveniente para que el sistema presidencial funcione con eficacia en términos democráticos.
Para el panismo, el PRD no es más que una extensión del PRI que no merece tener vida propia; un reducto de marginales de izquierda que no cabe en su proyecto de Estado. Pero hay, además, la expresión casi visceral del temor genérico hacia una propuesta que en teoría representa valores y opciones que contradicen el pensamiento dominante. Las críticas al "populismo" apenas si esconden el ánimo antidemocrático de impedir a toda costa que esa corriente llegue a Los Pinos. Y de eso se trata.
El PRI no las tiene todas consigo. Algunos se niegan a meter las manos al fuego para salvar al presidente Fox de sus torpezas, pero otros comparten las fobias derechistas, el miedo a que se les vaya de la mano la oportunidad de volver a la casa presidencial. Comparten con el foxismo los paradigmas económicos y cierta idea del mundo y la modernidad, pero desdeñan su torpeza y falta de oficio, la falta de cultura histórica que caracteriza a este gobierno. No se tocarán el corazón para inhabilitar a López Obrador, pero ese movimiento ahora depende de lo que ocurra en el laberinto de la sucesión interna tricolor y de lo que sean capaces de hacer sus cuadros más lúcidos para impedir el descalabro del régimen democrático.
No es necesario manifestarse a favor de la candidatura presidencial de López Obrador para advertir el peligro que se cierne sobre la convivencia democrática y civilizada de la nación. Ha costado enormes esfuerzos y sacrificios colectivos crear reglas aceptadas y respetadas para disputar el poder como para hacerse de la vista gorda ante el atraco que se pretende consumar. Hay una desproporción total entre las acusaciones y los efectos que se buscan.
El peor servicio que hoy se puede hacer a la legalidad consiste en ridiculizarla, haciendo de ella un arma arrojadiza para golpear a otros. Eso también debiera saberlo el señor Creel.