El gobierno federal debe responder a denuncia del Centro Fray Bartolomé, señala
Miguel Concha: impunes, los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chiapas
La denuncia presentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se acusa al ex presidente Ernesto Zedillo por crímenes de lesa humanidad, es "una medida trascendental" para garantizar la aplicación de la justicia, pues en México se habían agotado todas las instancias jurídicas sin que miles de desplazados y desaparecidos en Chiapas accedieran a la procuración de justicia, sostuvo Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFV).
Destacó que la acusación presentada ante la CIDH tiene particular relevancia porque está "avalada por uno de los comandantes de los grupos paramilitares conocido como Paz y Justicia, el cual establece con claridad la participación del gobierno federal, por medio de las fuerzas armadas y del gobierno de la entidad, en toda la organización, financiamiento y entrenamiento de estos grupos, lo que ocasionó no sólo miles de desplazados, sino cientos de muertos y desaparecidos".
En entrevista tras participar en un foro sobre los alcances y limitaciones del Programa Nacional de Derechos Humanos, convocado por el CDHFV, indicó que el gobierno federal "tiene la obligación de responder a la denuncia planteada por el CDHFBC, ya que más allá de sexenios o administraciones públicas, se trata de crímenes de Estado en los que no se ha hecho justicia".
El defensor de los derechos humanos rechazó que las autoridades federales puedan argumentar que los crímenes denunciados por el CDHFBC ante la CIDH son hechos del pasado, pues agregó que "esto no quiere decir que en las administraciones anteriores se hiciera justicia. Por el contrario, los delitos siguen impunes y sin respuesta".
Concha Malo reiteró que el Estado debe atender la exigencia de las organizaciones civiles de responder por los crímenes cometidos en el norte y en los Altos de Chiapas, lo que generó un saldo de más de 10 mil desplazados, "afectando los derechos y garantías de los pueblos indígenas, además de cientos de torturados y desaparecidos, lo que establece crímenes de lesa humanidad que hoy siguen sin castigo".
Destacó que la denuncia presentada por la CDHFBC ante la CIDH fue aceptada por el organismo internacional, lo que permitirá que estas violaciones a los derechos humanos sean analizadas dentro de los casos que competen al Estado mexicano. Reiteró su "apoyo y solidaridad" al Centro Fray Bartolomé de las Casas, "con el cual daremos seguimiento al caso".