Samuel Ruiz y Raúl Vera exigen deslindar responsabilidades y enjuiciar a culpables

Piden a Fox colaborar con la CIDH para investigar crímenes en Chiapas

Solicitan desmantelar a paramilitares, desmilitarizar el estado y reparar daños a víctimas

CIRE PEREZ SILVA

Los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera López, representantes del consejo directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), hicieron un llamado al presidente Vicente Fox Quesada para que colabore con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, a efecto de que se realice una investigación eficaz, se deslinden responsabilidades, se castigue a los culpables, se reparen los daños y se establezcan medidas para que no se repitan los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona norte del estado de Chiapas y en Acteal.

Señalaron que la justicia y el respeto a los derechos humanos, así como al derecho internacional humanitario, son la base fundamental de un acuerdo auténtico de paz.

Consideraron que las violaciones a los derechos humanos, en el contexto del conflicto armado en Chiapas, deben ser atendidas con un compromiso de Estado, con independencia del proceso de diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Después de advertir que el Estado mexicano debe garantizar en todo momento la procuración y administración de justicia, con especial interés cuando se trata de delitos de lesa humanidad, y vigilar que las fuerzas armadas actúen con apego al derecho internacional y con pleno respeto a la población civil, dijeron que la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) tiene un papel fundamental para revisar con toda transparencia el desempeño actual de los gobiernos federal y estatal, así como de las fuerzas armadas en Chiapas, para proteger a la población civil y prevenir crímenes similares en el futuro.

Seis días después de que el CDHFBC acusó ante la CIDH al ex presidente Ernesto Zedillo, como jefe supremo de las fuerzas armadas, y a otros mandos castrenses por delitos de lesa humanidad, Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, advirtió que no es la Fiscalía Especial parta Movimientos Sociales y Políticos del Pasado la instancia idónea para dar curso a esta demanda, ya que los crímenes se enmarcan en el contexto de un conflicto vigente y actuante.

Consideró que en este sentido hay complicidad del gobierno foxista, toda vez que ha mantenido la misma actitud de gobiernos anteriores en cuanto a la militarización y paramilitarización en el estado de Chiapas.

En conferencia de prensa, Samuel Ruiz García y Raúl Vera López, obispo de Saltillo, destacaron que en las quejas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona norte de Chiapas y en la matanza de Acteal, que el CDHFBC presentó a la CIDH, se han agotado los recursos del Estado mexicano para hacer justicia a las víctimas, dado que ha habido una constatada incapacidad para investigar a los grupos paramilitares responsables de esos crímenes y, por tanto, para deslindar responsabilidades de las autoridades estatales y federales, incluyendo al Ejército Mexicano, involucradas en su formación.

En todos los casos abiertos, indicaron, ha prevalecido la teoría de los problemas intercomunitarios; se han tratado como crímenes aislados en los que ni siquiera se acusa a los presuntos responsables de crimen organizado; se han omitido las diversas pruebas que señalan responsabilidades de autoridades federales y estatales, que en diferentes momentos el CDHFBC presentó a la Procuraduría General de la República (PGR), incluyendo el testimonio presentado en días recientes a los medios de comunicación de un ex comandante de Paz y Justicia que ha sido "informante" de la propia PGR desde hace varios años.

Mencionaron que el CDHFBC presentó una denuncia formal ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada de la PGR (UEITA/50/2004), que en 15 días declinó la competencia del caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.

Por otro lado, agregaron, la falta de una investigación seria ha permitido que las condiciones que llevaron a la comisión de los delitos señalados permanezcan intactas. Los paramilitares no han sido desarmados y siguen organizados, y la presencia militar persiste de manera desproporcionada y controla el territorio que ocupan los pueblos indígenas en Chiapas, por lo que la población civil sigue amenazada de sufrir hechos como los que ahora denunciamos ante la CIDH.

Ruiz García recordó que el pasado 20 de julio entregó la información que hoy es de conocimiento público al titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel Miranda; a la oficina de la Presidencia, por conducto de su vocero, Rubén Aguilar, y a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), días después de haber hecho lo mismo con el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía.

"Hemos notado la disposición manifestada por el secretario de Gobernación para que estos crímenes sean atendidos por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Al respecto, el CDHFBC no considera que sea ésta la instancia idónea, dado que estos crímenes no pueden ser considerados del pasado, toda vez que se enmarcan en el contexto de un conflicto vigente y actuante", sostienen.

El obispo de Saltillo destacó que la CIDH ha trasladado al Estado mexicano la queja P-1121/04, presentada por el CDHFBC, y en breve deberá responder con sus observaciones.

"Instamos al gobierno federal a que ofrezca su disposición a colaborar con este órgano internacional para deslindar responsabilidades, llamar a juicio a los culpables, reparar los daños a las víctimas y garantizar medidas de no repetición, desmantelando a los grupos paramilitares y desactivando la estrategia militar contra la población civil en Chiapas", insistió.

Vera López sostuvo que el CDHFBC exhorta al Presidente de la República a desmilitarizar las comunidades indígenas de Chiapas; hace un llamado a la Cocopa para que, de acuerdo con sus facultades, verifique la situación militar en ese estado, su presencia y sus tareas; revise las políticas gubernamentales encaminadas a atender las consecuencias del conflicto armado, y proponga acciones para que el Congreso y el gobierno federales protejan a la población civil, atiendan las necesidades de los desplazados de guerra y prevengan nuevas situaciones de violencia y de violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, demandaron a los gobiernos federal y estatal que vigilen y adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad y proteger la integridad física de los integrantes de las comunidades de desplazados en las zonas norte y altos del estado de Chiapas, particularmente de las víctimas y sus familiares; así como del denunciante de Paz y Justicia y sus familiares, y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, sus miembros y familiares.