En ésa y en otras delegaciones hay auditorías en curso: Luján
Sigue abierta la investigación del fraude en la Gustavo A. Madero, indica la contralora
La Contraloría General del Distrito Federal mantiene abierta la investigación por el fraude de 31 millones de pesos cometido en contra de la delegación Gustavo A. Madero, del que se acusa al ex titular, Octavio Flores Millán, así como a Luis Salazar Cano, ex director de Recursos Financieros, y a Martha Delgado, ex subdirectora de Planeación, aseveró la contralora, Bertha Luján.
Entrevistada durante la inauguración de las oficinas del Consejo de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal, la funcionaria detalló que hay una orden de aprehensión en contra del ex delegado, actualmente prófugo, a quien la Contraloría inhabilitó ante las incongruencias que presentaban sus declaraciones patrimoniales, y siguen adelante los procesos que involucran a los otros dos ex funcionarios, quienes también están prófugos, que fueron los encargados de hacer los pagos a las empresas del Grupo Quart.
La contralora capitalina hizo un recuento del caso: "El señor Carlos Ahumada, quien fue el directamente involucrado, está en la cárcel, y se han recuperado 10 millones de los 31 millones de pesos; además, han sido inhabilitadas alrededor de 15 empresas por acciones derivadas de este fraude. Entonces, este caso no está muerto, está muy vivo".
Luján recordó que en estos momentos en la delegación Gustavo A. Madero está en marcha otra auditoría, a cargo de auditores externos, la cual concluirá a mediados de 2005.
Explicó que en otras delegaciones hay varias auditorías en curso, y "en algunos casos ya generaron la apertura de procedimientos disciplinarios contra alrededor de una treintena de servidores públicos".
Hace un año se hizo público el fraude cometido contra la delegación Gustavo A. Madero, cometido por funcionarios coludidos con personal de dos constructoras vinculadas al Grupo Quart, a las que les pagaron poco más de 31 millones de pesos por la supuesta realización de trabajos de desazolve que nunca se concretaron. El pago se hizo por instrucciones del entonces secretario de Finanzas del gobierno local, Gustavo Ponce Meléndez.