Editorial

Nahum Acosta y los peloteos del foxismo

El pasado 5 de febrero el gobierno que encabeza Vicente Fox informó a la opinión pública que Nahum Acosta, que hasta ese día se desempeñaba como director de área en la residencia oficial, a cargo de la organización de las giras presidenciales, había estado pasando información sobre los movimientos del mandatario a una banda de narcotraficantes. La Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Rafael Macedo de la Concha, realizó un despliegue de datos sobre la residencia que alquilaba el ahora ex funcionario, ofreció fotos del interior de la casa, y dijo que Acosta se encontraba en poder de la PGR en tanto se obtenía una orden de arraigo domiciliario y se reunían los elementos necesarios para consignarlo ante un juez. El procurador federal afirmó, entre otras cosas, que la supuesta fuga de información "pudo en su momento haber puesto en riesgo la integridad física del Presidente".

A partir de ese momento el gobierno, por boca del secretario de Gobernación, Santiago Creel, y del propio presidente Fox, no dejó pasar oportunidad para concentrar el interés público en el tema. El mandatario dijo, dos días después de la revelación, que "el crimen organizado, el narcotráfico (...) llegó hasta el nivel de Presidencia de la República". La PGR, por su parte, difundió la especie de que se contaba con un video de Acosta en compañía de un prominente capo del narcotráfico.

Tal como fue presentada la información por las instancias oficiales, el asunto era, en sí mismo, un escándalo. Pero hasta el momento actual los únicos elementos con que cuenta en firme la PGR para fundamentar la acusación contra Nahum Acosta son una agenda de un traficante de drogas en la que está inscrito el número de teléfono del ex funcionario, una foto de éste en la capilla de Jesús Malverde (conocido como el "santo de los narcos") en Culiacán, Sinaloa, la cual constituye un conocido atractivo turístico local y en ella se hacen fotografiar miles de personas sin vínculos con el narcotráfico, y ­se dice­ el registro de una llamada de Arturo Beltrán Leyva, individuo vinculado a Joaquín El Chapo Guzmán, al teléfono celular de Acosta. Las autoridades federales de procuración de justicia han filtrado a la prensa la supuesta existencia de mensajes de correo electrónico en clave enviados por el ex director de área de Los Pinos a personajes del narcotráfico, así como de presuntas cuentas bancarias millonarias a nombre del acusado, pero a la fecha no se ha dado a conocer ninguna de esas pruebas.

En coincidencia con la aparente falta de resultados de la averiguación contra Acosta, ayer en Madrid el presidente Fox pretendió restar importancia a un tema que fue colocado en las primeras planas por su propio gobierno, y formuló unas sorprendentes declaraciones de que el episodio ha sido "peloteado", exagerado y sobredimensionado por los medios, los analistas y los opositores. "Nada está pasando ­dijo Fox­, salvo que a través de esta persona probablemente vamos a tener mucha más información de algunos cárteles." Cinco días después de que Macedo de la Concha sostuvo que la integridad física del propio Fox pudo haber estado en riesgo a raíz de la presencia en Los Pinos del supuesto informante de los narcos, y tres después de que el titular del Ejecutivo federal afirmó que el narcotráfico "llegó hasta el nivel de Presidencia de la República", el mandatario cambió de opinión: "nada está pasando", resonancia de la machacona campaña de promoción oficial "en este gobierno no pasa nada".

Independientemente de que Nahum Acosta sea culpable o inocente, y a contrapelo de lo dicho por el mandatario, salta a la vista que están pasando muchas cosas. La primera es que la aterradora incoherencia con que el gobierno ha manejado el episodio genera sospechas en la opinión pública sobre el sentido de la revelación del 5 de febrero. La segunda es que el grupo foxista confunde, con sus inexplicables contradicciones, a la sociedad, y la tercera es que no se entiende la actuación de la PGR, la cual se lanzó a fondo en una indebida exhibición pública del ex funcionario sin tener los elementos que permitan inculparlo en forma legal. Por otra parte, llama la atención la debilidad lógica de la suposición, central en el caso, de que la misión de Acosta consistía en alertar a los cabecillas del tráfico de drogas de los movimientos presidenciales, como si éstos fueran operativos antidrogas o como si pudiera suponerse que un eventual atentado contra la persona del mandatario pudiera estar en el interés de los narcos.

Si Acosta actuó como informante de los cárteles de la droga, las conclusiones son, necesariamente, alarmantes, porque ello indicaría que ni el Cisen ni el Estado Mayor Presidencial ni la misma PGR fueron capaces de detectar, en su momento, la infiltración de la estructura presidencial por la delincuencia organizada. Y si no lo hizo, también, porque ello sólo puede indicar dos cosas: o bien la PGR cometió una pifia monumental ­destruyéndole, de paso, la vida a un ciudadano inocente, o bien este episodio constituye un nuevo ejercicio faccioso de la procuración de justicia orientado a golpear a personajes políticos como Alfonso Durazo, ex secretario particular de Fox, o Manuel Espino, ex coordinador de giras en Los Pinos y actual aspirante a la dirigencia panista. Sea cual fuere la verdad, con su manejo de esta historia el foxismo ha dado otro gran paso hacia la demolición de su credibilidad ante la ciudadanía.