Acto jurídico histórico, consideran organizaciones
Admite juez amparo de obreros contra el salario mínimo vigente
En un acto jurídico histórico, el juez segundo de distrito en materia de trabajo del Distrito Federal admitió el pasado 7 de febrero del presente año un amparo interpuesto por miembros de organizaciones civiles en contra de la fijación de 46.80 pesos como salario mínimo general y señaló fecha de audiencia constitucional para el próximo día 2 de marzo de 2005, a las 12 horas.
Las autoridades señaladas en este caso como responsables de la fijación del salario mínimo vigente y que tendrán que responder a este requerimiento jurídico son: el Presidente de la República, el secretario del Trabajo y Previsión Social, el presidente y el director técnico de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y el director del Diario Oficial de la Federación.
El caso fue difundido ayer por el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), el Centro Pro, el Centro Antonio Montesinos, el Equipo Pueblo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Corporativo de Estudios Jurídicos, la Coalición Internacional por el Hábitat, el Espacio Desc (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), y otros que expusieron que desde 1993 organismos internacionales han emitido recomendaciones internacionales para que se atienda la situación de los bajos salarios en México, las cuales han sido ignoradas por el gobierno.
En este amparo se argumenta que esta remuneración es contraria a la fracción VI del artículo 123 constitucional, el cual establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, así como para proveer de educación a sus hijos.
En conferencia Manuel y Marcos Fuentes Muñoz analizaron este caso y plantearon que la presentación de este amparo es un hecho inusitado en la historia reciente, ya que por lo menos hace más de 30 años no se presentaba uno contra el decreto que establece los salarios mínimos. Los últimos amparos de los que se tiene noticia presentados ante un juez de distrito fueron promovidos por empresas y no por trabajadores en 1974, entre ellas Hotel Roosevelt, Inversiones Hoteleras y Bello Asociados.
Señalaron además que en el amparo se denuncia que los llamados representantes obreros Adolfo Gott Trujillo, Javier Pineda Serino, Víctor Flores, Jesús Casasol, Francisco Sánchez García, José Luis Carazo, Antonio Villegas Dávalos, Gustavo Macías y otros no cumplen con su tarea de defender los derechos de los trabajadores y "tratan de justificar lo injustificable al aceptar la miseria del salario mínimo".
Por su parte, las organizaciones convocantes plantearon que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, ha hecho en 1993, 1997 y 1999 sendas recomendaciones para que el Estado mexicano adopte medidas eficaces para garantizar el cumplimiento del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 123 constitucional, y se impida que se siga deteriorando el poder adquisitivo del salario mínimo.
Informaron que el amparo fue presentado por Juan Alfredo Yedra Padilla y Rosa Estela López López, pero será defendido por diversas organizaciones no gubernamentales, porque ha sentado un precedente muy importante para la lucha por mejores salarios en el país.