Determina la Corte que el PEF es un acto administrativo y no una ley
Seguirá congelada parte del presupuesto
Por diferencia de un voto y en una sesión signada por el desaire de un ministro hacia uno de sus pares, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las 50 partidas presupuestales suspendidas el 22 de diciembre por la Comisión de Receso del máximo tribunal son actos administrativos y no califican como normas generales o leyes.
Con ese fallo se dejó abierta la posibilidad de que la Corte avale en los próximos días la suspensión con que cuenta el presidente Vicente Fox como parte de la controversia constitucional que interpuso. Ese recurso suspende temporalmente el ejercicio de partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2005 por más de 4 mil 195 millones de pesos, pero que representan menos de uno por ciento del total del presupuesto.
La votación final fue de seis ministros contra cinco. Si hubiera prevalecido la opinión de la minoría, que encabezaron Genaro David Góngora y José Ramón Cossío, la suspensión habría sido automáticamente revocada, pues la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional (relativo a las controversias constitucionales) prohíbe suspender las ''normas generales''.
El presidente de la Corte fijó para el próximo lunes a las 11 horas la continuación de la discusión del último recurso de reclamación que tiene vigente la Cámara de Diputados, el cual es el más importante, pues impugna la suspensión que los ministros de guardia concedieron a la Presidencia en diciembre pasado.
La próxima sesión los ministros discutirán varios puntos pendientes, entre ellos si con el otorgamiento de la suspensión se afectó a la economía nacional, y si existía un "peligro de demora" que justificara esta medida.
Cada uno de estos puntos seguramente requerirá de una votación particular, hasta llegar a una decisión final sobre si se mantiene o revoca la suspensión.
Intenso debate
Durante la sesión, la ministra Margarita Luna Ramos indicó: ''Me di a la tarea de buscar mediante varios autores la naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos y lo que encontré es que hay un total desacuerdo sobre el tema. Honestamente mi investigación doctrinaria me provocó más dudas. Aunque considero que es claro que el presupuesto no es norma general, por lo que es susceptible de suspenderse".
De todos los ministros, el que sostuvo con más claridad por qué las partidas no pueden ser consideradas norma general, es decir ley, fue el presidente Mariano Azuela, quien indicó a sus compañeros: "No entra en mi mente que una orden específica pueda ser una norma general, entendida ésta como una norma abstracta, impersonal, que no regula cuestiones concretas".
Asimismo, continuó: "Todas las partidas tienen nombre y apellido, y no veo por qué no puedan suspenderse".
Al término de la votación se presentó un incidente de los que ocurrían en reuniones privadas de los ministros, pero que al menos en los últimos años no se habían visto en público.
Una vez que ya se conocía el sentido de la votación, el ministro Góngora Pimentel pidió la palabra y comenzó a leer un documento en el que dejaba entender que aun cuando se determinó que el presupuesto es una norma particular o acto administrativo, no procede ratificar la suspensión al Ejecutivo federal.
José Ramón Cossío no se pudo contener, interrumpió a Góngora y cuestionó si éste era el momento para discutir temas que, aparentemente, se refieren al fondo de la controversia.
Azuela prefirió no detener a Góngora, pues consideró que para hacer su argumento tenía que tocar esos puntos. Cossío, claramente molesto, se paró y abandonó el salón de plenos, diciendo, mientras caminaba, que esos temas tenían que discutirse en otra ocasión.
Se hizo un silencio incómodo, que Góngora rompió al continuar con la lectura de su documento hasta que se agotaron las dos horas de sesión. Quedó claro, desde ahora, que el ex presidente de la Corte votará por revocar la suspensión.
En tanto, entrevistado al término de la sesión, el consejero jurídico de Presidencia, Daniel Cabeza de Vaca, dijo que evalúa si la próxima semana presenta un recurso de reclamación por la decisión de la Corte de aceptar como terceros interesados en la controversia interpuesta por el Ejecutivo a estados, municipios y delegaciones.