Documenta centro de estudios excesos de la Sedena
Crecen ocupación castrense y despojos con el foxismo
Tiene el Ejército Mexicano 114 posiciones permanentes
Lejos de reducirse, la ocupación militar en la zona de conflicto en Chiapas se ha incrementado en el periodo presidencial de Vicente Fox. Ahí se desarrolla un despliegue estratégico de tropas "bajo una lógica de guerra regular e irregular", que despojó de tierras a poblaciones indígenas vía adquisiciones y decretos expropiatorios -plagados de violaciones a la Constitución y al derecho internacional- para entregarlos al Ejército Mexicano.
Actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con 114 posiciones militares permanentes en esa entidad -sin contar los campamentos castrenses de la 36 Zona Militar con sede en Tapachula-, 91 en territorio indígena, de las cuales 40 son predios "ocupados y no expropiados".
En total el Ejército dispone de 4 mil 976 hectáreas, aunque en respuesta a una solicitud presentada ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, la Sedena reportó sólo la adquisición de 4 mil 443 hectáreas, es decir, 532 hectáreas menos de las que realmente ocupa.
De 41 terrenos que son propiedad de la Sedena, 27 fueron adquiridos después del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sólo tres en el periodo de Carlos Salinas, 10 en el de Ernesto Zedillo y 14 en sólo cuatro años de Fox, además de cuatro predios ejidales en proceso de expropiación.
En una investigación realizada por el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise), denominada Derechos colectivos de pueblos indígenas. El territorio ocupado, se documenta lo anterior y se subraya que la cifra de 41 predios adquiridos por el gobierno federal para uso exclusivo de las fuerzas armadas representa una disparidad "cuantitativa y cualitativa" respecto a cualquier otro estado.
Por ejemplo, añade el documento fechado en San Cristóbal de las Casas, en febrero de 2005 otros estados con expropiaciones en favor de las fuerzas armadas son Veracruz (vecino a Chiapas) y Chihuahua (el más grande del país) con 17 predios, es decir, menos de la mitad que la entidad en estudio.
Tan sólo en el municipio de Ocosingo, la Sedena adquirió en 10 años siete predios: en San Quintín, ejido Taniperla, ejido Benemérito de las Américas, Flor de Cacao, Amador Hernández González, ejido Nueva Orizaba y Las Peñas.
El informe, que se concentra en el estudio de las afectaciones al derecho al territorio de las comunidades indígenas a partir de la ocupación militar, enfatiza que esta agresión "va acompañada de una sistemática violación a derechos humanos", como son la integridad física y las garantías políticas, económicas y sociales.
Por otra parte, destaca que la suma total de hectáreas adquiridas y expropiadas no toma en cuenta los ejidos de Guadalupe Tepeyac, San Cristóbal Buenos Aires y Guadalupe de los Altos (Río Euseba), los cuales fueron transferidos "ilegalmente" a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) el 26 de marzo de 2001.
Tampoco considera dos "acuerdos de destino", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1996, mediante los cuales se asignaron a la Sedena terrenos en Rancho Nuevo: uno de mil 974 hectáres, para la construcción de la 31 Zona Militar, y 389 hectáreas para la instalación del Centro de Adiestramiento Regional.
Entre las violaciones más frecuentes a la legislación mexicana y al derecho internacional al entregarse terrenos a la Sedena -de acuerdo con un estudio- destaca que en la mayoría de los casos el Ejército primero ocupa los predios y después se inicia el procedimiento de expropiación.
También llama la atención la violación a la Ley Agraria en los 40 casos en que los militares mantienen en su poder terrenos que no fueron expropiados; la creación de campamentos en parcelas e instalaciones escolares -sobre todo en la zona de la selva-; la adquisición de predios sin haber consultado al comisariado ejidal, y el establecimiento de grupos castrenses en parcelas y planteles escolares.
Otra irregularidad ocurrió el 26 de marzo de 2001, cuando por decreto presidencial se transfirieron predios de la Sedena a la Sedeso correspondientes a Guadalupe Tepeyac, San Cristóbal Buenos Aires y Guadalupe de los Altos, pese a que el artículo 97 de la Ley Agraria precisa que cuando un bien expropiado se destine a un fin distinto al señalado en el decreto, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal reclamará la reversión parcial o total de los bienes expropiados, requisito que no se cumplió.
El documento subraya que "la batalla por el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas pretende resguardar su identidad colectiva y el respeto a su diferencia como pueblos minoritarios que les permita disfrutar el pleno goce de sus derechos", por lo que, "como es evidente, la ocupación militar no solamente inhibe estos derechos, sino que sistemáticamente los lacera".
El estudio resalta por otra parte el caso del ejido Amador Hernández, donde, pese a que el juez primero de distrito en Chiapas, Roberto Obando Pérez, concedió la razón a los ejidatarios (amparo 942/2004) contra el decreto expropiatorio de un predio en favor de la Sedena, el gobierno federal interpuso un recurso de reclamación, por lo que el asunto sigue en juicio. El juez consideró que se violó la Ley de Expropiación, ya que el decreto fue para una ocupación "transitoria", y en realidad fue "permanente".
Además se documenta que la ocupación, "por su magnitud, características y lógica operativa en determinadas áreas, representa una violación a los compromisos asumidos por México ante la comunidad internacional en materia de protección de sus pueblos indígenas".
Entre los acuerdos y convenciones que no han respetado los gobiernos mexicanos de 1994 a la fecha destacan: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En términos generales, señala la investigación, la presencia militar ha derivado en la apropiación de terrenos cultivables y comunitarios, lo que rompió la ancestral relación que existe entre el territorio y la preservación de las culturas indígenas; el desplazamiento de indios a otras comunidades genera incertidumbre en la propiedad de sus tierras, y la falta de reparación en caso de que se pierdan sus bienes deja a los afectados desprotegidos frente a intereses gubernamentales o privados.
Por otra parte, el Capise desestima los argumentos de que la ocupación "es necesaria por razones de seguridad nacional", porque cae en la paradoja de "justificar la presencia del Ejército Mexicano invocando un estado de conflicto que nunca ha sido declarado y que, por tanto, no puede ser alegado".