No encontró elementos para proceder penalmente, pero el expediente quedará en reserva

Exculpa PGR a Ebrard y Martín Huerta de los sucesos de Tláhuac

Pesquisas determinan que sólo cuatro servidores incurrieron en responsabilidad

Gabriel Regino y José Luis Figueroa, entre ellos

Homicidio culposo y ejercicio indebido del servicio público, cargos

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) ejercitará acción penal por los delitos de homicidio culposo y ejercicio indebido del servicio público en contra del ex comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), el almirante José Luis Figueroa Cuevas, y del subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, Gabriel Regino García, como resultado de las investigaciones en torno al linchamiento de dos agentes federales en el poblado de San Juan Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, el 23 de noviembre de 2004.

De acuerdo con fuentes oficiales, el Ministerio Público Federal no encontró elementos para proceder penalmente en contra de Marcelo Ebrard, ex titular de la SSP del Distrito Federal, ni de Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública federal.

Luego de más de dos meses de investigación y de que considerara como indiciados a más de 20 funcionarios y ex funcionarios federales y capitalinos, la PGR determinó que únicamente incurrieron en responsabilidades cuatro funcionarios, de los cuales dos de ellos son el subsecretario de la policía capitalina y el ex comisionado de la PFP.

La determinación de no llevar a los tribunales a Marcelo Ebrard Casaubón se consolidó porque, hasta el momento, no se tienen elementos para actuar contra él, y su caso se decidió que quedara en reserva, es decir, si en el futuro se encuentran elementos que prueben su responsabilidad, entonces se podría turnar su expediente a un juez, explicaron los servidores públicos entrevistados.

La mayor responsabilidad en el caso Tláhuac correspondió a Gabriel Regino y a José Luis Figueroa, de acuerdo con las investigaciones y a partir de las constancias ministeriales y distintas pruebas periciales, porque en ambos casos jamás dieron la orden para que los elementos a su cargo rescataran a los agentes de la PFP que fueron golpeados y posteriormente linchados en Tláhuac el 23 de noviembre pasado.

Fuentes oficiales revelaron a La Jornada que, excepto dos mandos medios de la SSP capitalina, a los cuales todavía no se les determina si tienen o no responsabilidad, no se actuará en contra de al menos 16 jefes de la policía de la ciudad de México, como tampoco contra los ocho mandos de la PFP que habían sido suspendidos para ser investigados por esos hechos.

En esta determinación ministerial, que estuvo en análisis durante dos semanas por la subprocuraduría que encabeza Gilberto Higuera Bernal, se estimó, con base en la información obtenida por el Ministerio Público Federal, que Ebrard ordenó al subsecretario Gabriel Regino que se usara toda la fuerza policiaca disponible y no cumplió, como tampoco el director regional de la zona oriente del Distrito Federal, Ignacio Flores Montiel, ya que además nunca dieron la orden de actuar, incluso con el uso de la fuerza, para rescatar con vida a los agentes Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla.

Almirante sin apoyo

Por lo que hace a José Luis Figueroa, fuentes oficiales indicaron que mientras miembros de las fuerzas armadas apoyaron la actuación del general retirado Tomás Valencia Angeles (ex jefe del Estado Mayor de la PFP y actual titular de esa corporación), la Armada de México en ningún momento respaldó al almirante, sino al contrario, se acumularon diversos señalamientos de que pese a haber sido informado en tiempo y forma de lo que sucedía en Tláhuac, decidió no actuar ni enviar a elementos de la PFP a rescatar a sus compañeros.

En torno a este caso, el subprocurador Higuera Bernal declaró ayer que la PGR estará "en aptitud de resolver la consignación de la averiguación previa iniciada por esos hechos en ocho o 10 días más"; sin embargo, en distintas ocasiones funcionarios de esa institución han señalado que los expedientes se consignarán para una fecha determinada y en realidad eso ha ocurrido días antes, pero se oculta la verdad para que no se conozca con precisión la consignación.

Asimismo, dijo que en cuanto a la situación jurídica de los funcionarios públicos indiciados por estos hechos, una vez que concluya la investigación se conocerán todos los detalles y la Procuraduría General de la República podrá acreditar si consigna o no a servidores y ex servidores públicos, pues en éste -como en todos los casos- "tenemos el compromiso de que la institución realizará todos los actos de su competencia con absoluto y estricto apego a la ley".