La decisión costará al erario $45 millones por salarios y prestaciones: Congreso
Por orden del PJF nueve magistrados serán restituidos en Baja California
En 2001 fueron separados de su cargo, sustituidos e inhabilitados por juicio político
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En sesi�el pleno, la 18 Legislatura de Baja California acat� orden del PJF de reinstalar a nueve magistrados FOTO Alejandro Sanchez
Mexicali, BC, 9 de febrero. El Congreso de Baja California acató la sentencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) de dejar sin efecto la destitución y el juicio político en perjuicio de nueve magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que en octubre de 2001 determinó la entonces Legislatura local.
De esta manera, luego de 40 meses, los magistrados (destituidos por una denuncia que presentó el consejero de la Judicatura Eleazar Verástegui Galicia por supuestas faltas graves a la Constitución local en el desempeño de sus funciones) serán reinstalados como togados del máximo órgano judicial del estado, tal como sentenció el juzgado tercero de distrito del Poder Judicial de la Federación.
Los magistrados que en breve deberán ser restituidos son Raúl González Arias, Olympia Angeles Chacón, Jesús Espinoza Orozco, Jaime Rico Jiménez, Oscar Valenzuela Avila, Marco Antonio Jiménez Carrillo, Víctor Vázquez Fernández, Emilio Castellanos y Sergio Peñuelas Romo.
Silvano Abarca Macklis, presidente del Congreso local, consideró que esta decisión afectará en cerca de 45 millones de pesos al erario, pues pagarán salarios y prestaciones que los magistrados debieron recibir durante todo el tiempo que permanecieron inhabilitados.
Cabe señalar que el Congreso del estado debió acatar la resolución el 31 de enero, fecha en que concluyó el primer periodo extraordinario de sesiones, pero la polarización de las fracciones parlamentarias entre otorgar una "indemnización" a los togados en funciones, o simplemente dejar sin efecto su nombramiento sin pago alguno, retrasó su reinstalación.
Los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias trataron de "negociar" con los ministros en funciones el pago de 2.9 millones de pesos por cada uno para que renunciaran a sus cargos.
Sin embargo, el punto de acuerdo que se aprobó por unanimidad en el pleno camaral determinó dejar sin efecto su nombramiento y negar toda posibilidad de obtener una especie de "pago de marcha" por 30 meses que les faltaba cumplir en su encomienda en el Poder Judicial.
En respuesta a la resolución parlamentaria que se adoptó cerca de la medianoche del pasado martes, los togados se ampararon ante lo que consideraron una violación a sus derechos, ya que su nombramiento -en 2001- fue por un periodo de seis años y hasta el momento llevan menos de la mitad del encargo constitucional, anunció el ministro Juvenal Hernández.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Gilberto Daniel González Solís, dijo que iniciarán una "cruzada" por una reforma federal que ponga candados para la ratificación e inamovilidad de funciones judiciales, para evitar problemas como éste, que data de hace cuatro años.
Y es que ante la opción legal que tienen los magistrados de obtener su ratificación y, por ende, su inamovilidad del cargo, en 2001 integrantes del propio Poder Judicial, los 25 legisladores y el Poder Ejecutivo cancelaron esa posibilidad y a partir de ahí se consensó la destitución, inhabilitación por juicio político y sustitución de los magistrados.
El panista sostuvo que en caso de entrar de fondo a una reforma constitucional del Poder Judicial, "nuestro pendiente es el artículo 116 constitucional", ya que representa un obstáculo para dar respuesta al problema de esta instancia.