Estado de sitio
Ya es grave que Andrés Manuel López Obrador se empeñe en hacer de la defensa de su carrera política causa nacional; es muy grave y tedioso que en lugar de tratar los serios problemas que nos aquejan y que empeoran día con día, los utilice para denunciar las malas intenciones del Presidente o de sus enemigos personales que quieren impedir que llegue a la Presidencia de la República. Por ejemplo, ante el descubrimiento de la posible complicidad de un funcionario de Los Pinos con el narcotráfico la reacción del jefe de Gobierno fue señalar la incapacidad del presidente Fox. Nada nuevo. Sabemos muy bien qué piensa López Obrador del primer magistrado de la nación, pero lo que no sabemos es qué piensa del narcotráfico, si lo considera un problema importante; tampoco nos ha dicho cómo lo atacaría de llegar él mismo a Los Pinos ni qué tan informado está de ese problema. Para este asunto, como para cualquier otro, la respuesta de López Obrador nos lleva siempre al mismo lugar: su futuro está en peligro. Algunos habrá que crean que López Obrador es la patria y que lo que a él le ocurra nos afecta a todos; pero también hay muchos que piensan que la patria es mucho más grande, más compleja y hasta más atractiva que López Obrador. Los grandes problemas nacionales no pueden reducirse a las dificultades o a las oportunidades de un individuo. Ojalá y todo fuera como eso.
Mucho más grave que el empeño de condensar nuestra vida política en sus ambiciones personales es la idea que sostiene repetidamente López Obrador de que en relación con el probable desafuero "el que va a tener la última palabra va a ser el pueblo". Nuevamente, expresa su desprecio por la ley, por sus representantes y por sus instituciones, como ha hecho en innumerables ocasiones: así inició su carrera y así la ha seguido construyendo. Pero además nos advierte: como él y sus seguidores tienen la razón, y como todo el procedimiento jurídico está manipulado por sus enemigos nombrables -Marta Sahagún- e innombrables -Carlos Salinas-, entonces ellos, el pueblo, la sociedad, la opinión pública, todos esos anónimos que no tienen cara ni nombre y, por consiguiente, tampoco responsabilidad ninguna, harán justicia. Igualito que en Ixtayopan y en los cada vez más frecuentes casos de linchamientos en los que el pueblo toma en sus manos la justicia y se impone a los representantes de la ley. Es escalofriante pensar en un presidente de la República que apoya la primacía de la opinión pública sobre la ley, entre otras razones porque con esa idea llegó Vicente Fox al poder, y también porque ése era el argumento de los presidentes priístas que aplicaban la ley a su antojo, según su leal saber y entender. Los reyes, los dictadores y los presidentes del PRI impartían justicia; en las democracias se aplica la ley.
Los anuncios en tono de advertencia de López Obrador y del presidente saliente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Distrito Federal, Agustín Guerrero Castillo, de que la movilización popular será el corazón de la defensa del jefe de Gobierno, equivalen al anuncio de que la Cámara de Diputados discutirá el tema del desafuero en un virtual estado de sitio; estrategia que ya fue utilizada por los perredistas y sus organizaciones afines contra el Senado de la República. Ahora la situación es tanto más extraordinaria cuanto que la acción para presionar al Poder Legislativo federal está abiertamente impulsada por el poder ejecutivo local. En las marchas y los plantones que se anuncian habrá participantes espontáneos, pero es indudable que la organización de lo que los perredistas llaman resistencia pacífica cuenta con los recursos humanos y materiales del gobierno de la ciudad -y de gobiernos estatales perredistas- que serán utilizados para transportar a los manifestantes, para darles comida, poner en sus manos pancartas y desplegados, para asegurar servicios sanitarios, cobijas, linternas, café, en fin, todo aquello que necesiten para mantener el sitio. Es lamentable que el PRD recurra a prácticas que antes de llegar al poder criticaba, pero que ahora que está en el gobierno utiliza con entusiasmo y sin ningún escrúpulo. No en balde necesita de apoyos como los de Carlos Ahumada para satisfacer sus necesidades.
El estado de sitio a la Cámara de Diputados que han anunciado López Obrador y el PRD del Distrito Federal no se circunscribe a San Lázaro, sino que estará rodeando el edificio inacabado de la democracia mexicana.