Promueve el PRD derogación de norma constitucional injusta
El diputado del PRD Luis Medina Lizalde presentará en la sesión ordinaria de hoy una iniciativa de reforma constitucional para establecer que cualquier representante popular que sea sometido a un proceso penal no pierda sus derechos políticos sino que cause sentencia definitiva y, en este caso, la última instancia judicial solicite a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia para retirarle el fuero.
"Actualmente el proceso de desafuero es una aberración y el cuello del funcionario depende de una consigna partidista. Sobre todo ahora, que es muy clara la urgencia de la familia presidencial de eliminar a Andrés Manuel López Obrador y encontrar un sucesor que les sirva de tapadera, que no indague los negocios de la señora Marta (Sahagún) con su 'filantropía' ni el hospital con tecnología de punta de su hermano, los negocios de sus hijos ni las hectáreas que ella y Vicente Fox se apropiaron en El Tamarindillo", declaró.
El legislador explicó que aun cuando el proceso jurídico y de desafuero contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal ya está en curso, de aprobarse esta modificación sí podría beneficiarlo, porque sólo las nuevas leyes no son retroactivas si su aplicación resulta en perjuicio de los ciudadanos.
La propuesta central de Medina Lizalde es derogar el inciso II del artículo 38 de la Constitución, el cual establece que "los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden (...) por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión".
Al respecto, el texto de la iniciativa sustenta que esa disposición "establece a manera de pena la suspensión de derechos o prerrogativas del ciudadano, sin que el tribunal jurisdiccional competente haya aún sustanciado exhaustivamente el proceso respectivo señalado en la ley, y mucho menos haya realizado la aplicación de la pena respectiva de acuerdo con la valoración específica de los elementos de prueba desahogados en el caso concreto.
"Aunado a que haya establecido fehacientemente la comprobación de los elementos del cuerpo del delito y la responsabilidad penal del acusado, razón por la cual se sostiene que dicha disposición es claramente injusta, toda vez que desde el auto de formal prisión no se establece la responsabilidad penal del acusado, por lo que en consecuencia dicha norma constitucional debe ser derogada."
Enrique Méndez y Roberto Garduño