Usted está aquí: jueves 10 de febrero de 2005 Política La PGR debe investigar a los grupos armados y sus nexos con militares

Cocopa solicitará a Luis H. Alvarez un reporte acerca de esas organizaciones

La PGR debe investigar a los grupos armados y sus nexos con militares

Aplica el Estado una política que busca dividir a las comunidades, señala diputado

ANDREA BECERRIL, ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Ampliar la imagen Ind�nas choles de las comunidades Progreso y El Para�, desalojados por paramilitares de Paz y Justicia en Yajal�en agosto de 2000 FOTO Victor M. Camacho

La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) se reunirá el próximo miércoles con el comisionado para la paz en Chiapas, Luis H. Alvarez, con el propósito de solicitarle información sobre los grupos paramilitares que -se afirma- el Ejército Mexicano organizó y armó en esa entidad. Ese mismo día se fijará una cita con el titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel Miranda, a quien la semana pasada la propia Cocopa le solicitó un informe acerca de las agrupaciones armadas que operan en Chiapas.

Los senadores integrantes de la Cocopa -Felipe Vicencio Alvarez, Carlos Rojas Gutiérrez y Rutilio Escandón, de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente- señalaron la necesidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue a fondo la actuación de los grupos paramilitares en Chiapas y sus nexos con mandos militares, luego de conocerse el testimonio de un ex comandante de Paz y Justicia publicado en La Jornada, ya que además de sancionar a los responsables de crímenes contra los indígenas debe impedirse que esas organizaciones vuelvan a actuar.

Por su parte, Bernardino Ramos, diputado por el PRD e integrante de la Cocopa, dijo que lo publicado por este diario confirma que desde el gobierno de Ernesto Zedillo y en el de Vicente Fox existe una estrategia de Estado para aniquilar al movimiento indígena chiapaneco, una táctica de desgaste y aislamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y muestra que nunca existió preocupación por resolver los problemas que originaron el conflicto armado.

Luego de que ayer se difundió en estas páginas un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas que señala la participación del ex comandante de la séptima Región Militar, con base en Tuxtla Gutiérrez, general Mario Renán Castillo, en el adiestramiento de paramilitares, el presidente en turno de la Cocopa, Manuel Velasco Coello, decidió convocar a reunión urgente para analizar el tema por considerarlo "muy preocupante".

El también coordinador del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados refirió que en un encuentro previo con Creel Miranda se le pidió información sobre los grupos paramilitares, y el funcionario foxista se comprometió a enviar un reporte por escrito.

"Estamos a la espera de que llegue la información. Sin embargo, Creel y Luis H. Alvarez, así como el subsecretario Felipe González, que también estuvieron en la plática, nos dijeron que algunas cuestiones son de seguridad nacional y que sobre eso no nos podrán informar. En la próxima entrevista con el secretario de Gobernación vamos a insistir en el tema de los paramilitares. Hoy (miércoles) hablé por teléfono con Creel y está en la mejor disposición de que nos reunamos", explicó Velasco Coello.

Mientras, el perredista Bernardino Ramos afirmó que "es evidente que jamás ha estado en la agenda del gobierno federal la pacificación, el diálogo, la solución del conflicto de Chiapas, particularmente con el EZLN. No se ha visto en el diálogo el camino para solucionar el conflicto y se impulsa la existencia de guardias blancas, de paramilitares que todavía sirven de instrumento a los caciques y para defender la posición gubernamental".

Este hecho permite, agregó, que se mantenga el hostigamiento contra los simpatizantes del EZLN y que haya complacencia para grupos como Paz y Justicia, que si bien es cierto se ha desenvuelto como una organización política, emplea prácticas de hostigamiento y de amenazas, de desapariciones que se denuncian y documentan.

Afirmó que la política de Estado incluye una estrategia, que encabeza Luis H. Alvarez, para dividir a las comunidades en la zona de conflicto. "No busca restablecer el diálogo, sino continuar con las prebendas, llevar migajas, ofrecer beneficios de carácter social a algunas comunidades, pero sólo a las que no simpatizan con el EZLN, en una labor de contrainsurgencia. Debería preocuparse por restablecer condiciones para el diálogo con los dirigentes zapatistas y dejar la labor asistencial a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas", expuso.

El senador Carlos Rojas consideró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe intervenir de oficio para investigar el reporte del Centro Fray Bartolomé de las Casas sobre los crímenes cometidos por grupos armados en la zona de conflicto en Chiapas.

Esta investigación, agregó, podría ser paralela a la de la PGR y al análisis interno que haga la Cocopa, ya que es un tema importante no sólo para ver hacia el pasado sino hacia el futuro, porque no es una situación concluida y podría darse una nueva agresión de los paramilitares.

"Hay versiones del propio Centro Fray Bartolomé de las Casas y de otros organismos, incluyendo al obispo emérito Samuel Ruiz, que han expresado la preocupación de que pueda darse en Chiapas un suceso que después todos tengamos que lamentar".

El senador priísta destacó que en varias ocasiones han reportado la situación al gobierno federal, también "la hemos hecho del conocimiento público, pero el gobernador del estado, Pablo Salazar, la ha desestimado. Por eso insisto en que me preocupa el pasado, pero más la posibilidad de que se puedan dar hechos violentos a partir de esos grupos armados que al parecer siguen actuando".

El panista Vicencio Alvarez consideró necesario deslindar el papel de los mandos militares y las autoridades de Chiapas que presuntamente crearon y armaron a los grupos paramilitares como Paz y Justicia. Recordó que durante el régimen de Ernesto Zedillo la Cocopa viajó en varias ocasiones a la zona de conflicto y recogió testimonios sobre el patrocinio oficial a los grupos armados que hostigaban a los indígenas afines a los zapatistas.

El perredista Rutilio Escandón consideró imprescindible investigar la actuación de los paramilitares, ya que no puede olvidarse la matanza de Acteal -cuyos autores intelectuales siguen en la impunidad- ni otras agresiones contra las comunidades indígenas chiapanecas, organismos defensores de derechos humanos y contra el propio obispo Samuel Ruiz.

El senador señaló que la investigación debe llegar hasta el ex presidente Ernesto Zedillo, porque no es creíble que la guerra de baja intensidad contra el EZLN fuera desconocida por él.

 
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