Salinas y Zedillo tienen cargos por comisión; Fox, por omisión, sostienen ONG
Existe responsabilidad continuada por los asesinatos de indígenas en Chiapas
El gobierno federal debe investigar de inmediato y castigar a los autores de los crímenes
Los gobiernos de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, así como el del actual jefe del Ejecutivo federal, Vicente Fox Quesada, "tienen responsabilidad continuada" por las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y violaciones de mujeres cometidas por los grupos paramilitares, aseveraron ayer la Red Nacional de Organismos Todos los Derechos para Todos, los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Con la "valiente denuncia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC)", y la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de que un comandante del grupo paramilitar Paz y Justicia "reconoce que el Ejército Mexicano participó en la creación y dotación de armamento de esos agrupamientos", queda claro que las acciones de éstos respondieron a una política del Estado y de los gobiernos federal, estatal y municipal, aseveraron las organizaciones defensoras de los derechos humanos (ONG).
Manifestaron que se recurrió ante la CIDH porque en México "continúa la impunidad y el sistema de justicia es deficiente, además de que ya se habían agotado en el país las instancias ante las que se tenía que acudir, en las cuales no hubo una investigación profunda, imparcial y seria, sino que por estar involucrado el Ejército no se quiso ir al fondo".
Ante esta situación, el gobierno del presidente Fox no debe esperar a que la CIDH le envíe una recomendación, sino "actuar de inmediato y ordenar que se investigue la existencia de esos grupos, la participación del Ejército y, desde luego, castigar penalmente a los responsables de los asesinatos, torturas y violaciones que han cometido contra los indígenas".
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, aseveró que "el testimonio presentado por el CDHFBC permite releer los acontecimientos y mostrar que distintos hechos del pasado no eran aislados ni fortuitos, sino que respondían a una política que se aplicó en el gobierno anterior; fue una política genocida".
Además, la denuncia ante la CIDH "viene a documentar la responsabilidad del gobierno y del Estado, que es continuada. En los casos de Salinas y Zedillo hay responsabilidades por comisión, y en el caso de Fox por omisión, ya que no ha hecho justicia".
El director del Centro Fray Francisco de Vitoria, el sacerdote Miguel Concha, destacó que "en las desapariciones y ejecuciones que cometieron los grupos paramilitares hay responsabilidad del Estado. Son crímenes de lesa humanidad, el Estado creó esos grupos y los dotó de armas para enfrentar a los indígenas, hubo un doble lenguaje del gobierno y está en falta ante las instancias internacionales".
Queda claro, abundó el padre Concha, que la creación de los grupos paramilitares "fue una estrategia de guerra implementada por la Secretaría de la Defensa Nacional, y el gobierno de Fox debe investigar esto de inmediato y no esperar a que haya una recomendación de la CIDH".
El director del Centro Pro Juárez, David Velasco, destacó que la denuncia ante la CIDH vuelve a poner en el tapete el fuero especial de que goza el Ejército Mexicano. "La denuncia ante la CIDH responsabiliza a Zedillo, a su secretario de Defensa Nacional y al comandante de la séptima Región Militar, entre otros".