Citan al consejero de la Presidencia para que acredite su personalidad jurídica
Analiza la Corte si Cabeza de Vaca podía interponer recurso contra el PEF
Veinte estados, 89 municipios y tres delegaciones del DF podrán presentar sus alegatos
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El ministro jubilado Juventino V. Castro y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�Mariano Azuela, captados durante la celebraci�el d�mo aniversario de la restructuraci�el m�mo tribunal del pa�FOTO Yazm�Ortega Cort�
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) citó a comparecer, el próximo 23 de febrero, al consejero jurídico de la Presidencia de la República, Daniel Cabeza de Vaca, para que acredite, con la documentación necesaria, que tiene personalidad jurídica para interponer, en nombre del Poder Ejecutivo, la controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2005.
Asimismo, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia notificó a 20 estados, 89 municipios y tres delegaciones del Distrito Federal (que serían afectados por el resultado de la controversia constitucional que promovió el presidente Vicente Fox para impugnar diversas partidas del presupuesto de 2005) que pueden participar en el juicio en calidad de terceros interesados, y los emplazó para que, en 30 días hábiles, presenten sus alegatos sobre el tema.
Con ello, la Corte admitió la prueba que presentó la mesa directiva de la Cámara de Diputados acerca de que Cabeza de Vaca no podía interponer la controversia constitucional, sino que la responsabilidad de hacerlo era del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha.
En su momento, el Poder Legislativo afirmó que Cabeza de Vaca carecía de personalidad jurídica para promover la demanda y, según fuentes judiciales, si este argumento fuera cierto, la controversia sería desechada por la SCJN.
En el oficio 0420, de ocho fojas que suscribe el secretario de estudio y cuenta, adscrito a la Unidad de Controversias Constitucionales, Jesús Rebollo García, refiere que con objeto de constatar -como lo exigió la Cámara- que entre el primero de noviembre y el 21 de diciembre de 2004 el presidente Vicente Fox no expidió acuerdo alguno para que el consejero jurídico de Los Pinos actuara en su representación en la controversia, se acordó citar a comparecer a Cabeza de Vaca.
Dicho documento da cuenta del acuerdo del ministro instructor, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien resolvió: "se admite la prueba ofrecida y se señalan las 12 horas del 23 de febrero del año en curso para su desahogo. Dígase a las partes que, si desean asistir a dicha diligencia, deberán comparecer por sí o a través de delegado, con una hora y media de anticipación en la Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad".
La Cámara de Diputados había argumentado que el párrafo tercero del artículo 102 de la Constitución establece que "el procurador general de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105" constitucional, el cual, a su vez, en su fracción 1, inciso d, define que la Corte "conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieren a la materia electoral, se susciten entre (...) el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión".
Asimismo, mediante el citado oficio la SCJN notificó ayer a la Cámara que se admitió como terceros interesados en el proceso de la controversia 109/2004 a 20 estados, 89 municipios y tres delegaciones del Distrito Federal, los cuales tienen hasta el 30 de marzo para presentar pruebas y alegatos en su favor.
El documento da cuenta del acuerdo emitido por el ministro instructor Guillermo Ortiz Mayagoitia, con el cual se da por contestada en tiempo y forma la controversia por la Cámara, y señala que se reconoce a los estados, municipios y delegaciones como terceros interesados en la controversia, "tomando en consideración que, efectivamente, el dictado de una posible resolución anulatoria podría afectar partidas del PEF que, directa o indirectamente, benefician a diversas entidades políticas".
A partir de esta resolución también se decidió "dar vista a los estados, municipios y órganos a los que se les reconoció el carácter de terceros interesados en este asunto, para que manifiesten lo que a su derecho convenga", y paralelamente se les requerirá que señalen domicilio en la ciudad de México para oír y recibir notificaciones.
Se les fijó como plazo para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos el 30 de marzo próximo, a las diez de la mañana, en la segunda sala de la Corte.
Ayer, luego de que recibió copia del oficio, el presidente de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, inició la integración de 132 oficios para notificar también a los estados, los municipios y las delegaciones capitalinas, con copias para los diputados federales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y del Distrito Federal, para que también estén enterados de que sus entidades fueron admitidas como terceros interesados.
Aunque esta es la primera resolución favorable que obtiene la Cámara de Diputados en este juicio, la medida adoptada por el ministro Ortiz Mayagoitia sólo retrasará la resolución final que pudiera emitir la Corte en este caso, porque los 20 estados, 89 municipios y tres delegaciones del Distrito Federal a los que se les reconoció el carácter de terceros interesados tendrán el derecho de ofrecer y desahogar pruebas, formular alegatos e interponer reclamaciones, a las cuales la SCJN tendrá que dar respuesta en su momento.
Cabe mencionar que el Ejecutivo federal consideró en su demanda de controversia que no existen terceros interesados en este litigio, pues la Corte no hará pronunciamientos de tipo económico, sino únicamente interpretaciones sobre las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados y el Presidente en materia de aprobación del presupuesto.
No obstante, el presidente Fox puede impugnar la decisión del ministro Ortiz Mayagoitia de emplazar a los gobiernos locales, mediante un recurso de reclamación que resolvería el pleno de la Corte.
En tanto, los 11 ministros comenzaron a discutir la tarde de ayer, en público, el último recurso de reclamación que mantiene vigente la Cámara de Diputados, esta vez contra la suspensión del ejercicio de partidas presupuestales por 4 mil 195 millones de pesos, dictada el 22 de diciembre por los ministros Salvador Aguirre y José de Jesús Gudiño, encargados entonces de la Comisión de Receso del máximo tribunal del país.
Aunque la sesión duró más de hora y media, los ministros sólo pudieron llegar a la conclusión de que en la próxima sesión (del jueves) discutirán si las partidas presupuestales que fueron congeladas con la suspensión son normas generales (leyes) o actos administrativos. A partir de ahí, los ministros determinarán si fue legal o no otorgar la suspensión al Ejecutivo federal.