Revela presidente de la instructora hallazgos periciales
Detectan venta irregular de porción de El Encino
El propietario "se apoderó" de 17 mil metros cuadrados
Al dar a conocer pruebas periciales del caso El Encino, el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Horacio Duarte Olivares, reveló que Federico Escobedo, propietario del predio en cuestión, vendió áreas que pertenecían a la Federación y al Gobierno del Distrito Federal (GDF) a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para edificar la autopista México-Toluca.
En medio de las contradicciones que se han generado en la sección instructora por la porción de terreno de la que ilegalmente se apoderó Escobedo, abogados especializados en catastro, consultados ayer en la Cámara de Diputados, señalaron que la expropiación de un área de El Encino corrió a cargo de Rosario Robles Berlanga, ex jefa de Gobierno, y por lo tanto la responsabilidad del acto no recae en el actual titular del GDF, Andrés Manuel López Obrador.
Con tal escenario a cuestas, frente a la prisa de los diputados que integran la instructora por parte del PRI (Rebeca Godínez y Francisco Cuauhtémoc Frías) y del PAN (Alvaro Elías Loredo), ayer se confirmó que el líder de la fracción priísta en San Lázaro, Emilio Chuayffet Chemor, convino en Los Pinos, con el presidente Vicente Fox, impulsar el desafuero de López Obrador.
Además, en el ánimo de priístas y panistas destacó la intención de culminar la redacción del dictamen antes del 15 de abril. Es decir, los legisladores tendrían dos semanas para constituirse en jurado de procedencia y, en conjunto priístas y panistas, votar por retirar la protección constitucional al jefe de Gobierno.
Horacio Duarte reveló ayer dos engaños de Federico Escobedo, quien informó a las autoridades federales que el predio ubicado al norte de El Encino, conocido como Lomelí, le pertenecía, cuando ese terreno había sido adquirido por la empresa Servimet (Servicios Metropolitanos).
El área de El Encino es de 83 mil 762 metros cuadrados, y el propietario incrementó de facto esa área a 100 mil metros cuadrados al asumirse como dueño del Lomelí. Desde entonces se detectó una diferencia de 17 mil metros cuadrados que a la fecha son motivo del diferendo, porque sobre ellos se ubica el trazo de la avenida que se había planeado para dar salida a un hospital ABC en la zona.
Además, Escobedo habría incurrido en estafa porque al sur El Encino colindaba con el río Tacubaya. Al momento de construirse la autopista México-Toluca, la SCT elaboró una proyección sobre los terrenos donde atravesaría la carretera. En aquel entonces el propietario de El Encino extendió de facto el área de su propiedad hacia el sur y vendió la zona del río Tacubaya, que representaba la colindancia de su terreno con aquellos cuyo propietario era el GDF.
De aceptarse las pruebas presentadas por Escobedo, el área de conflicto desaparecería y sólo se conservarían 420 metros cuadrados de El Encino, porque las autoridades federales deberían tomar en cuenta la venta que hizo el personaje aludido del área sur para construir la carretera.
¿Estafa?
Al preguntarle al perredista Horacio Duarte sobre el comportamiento de Escobedo, al vender áreas que no le pertenecían, el presidente de la instructora manifestó: "Este es un tema que en todo caso le corresponde defender al área de patrimonio de la ciudad de México. Yo creo, porque ahí se constituía el río Tacubaya, que es propiedad federal, de la nación, ahí también se constituía el derecho de vía del tranvía Tacubaya-La Venta, que pertenecía al gobierno de la ciudad de México. Las instancias de la Federación y el GDF tendrían que reclamar que fue vendido un terreno que les corresponde a ellos".
-¿El dueño de El Encino cometió un delito al vender esa parte?
-No sé si se constituya un delito. Lo único que sé es que para efectos del procedimiento que se sigue en la instructora, la ubicación del predio y, por tanto, la discusión de si vendió más al sur y debió haber vendido desde el río Tacubaya hacia arriba, son elementos importantes, y si constituye un delito corresponderá tanto al gobierno federal como al del Distrito Federal reclamarlo.
El perredista llamó a los priístas integrantes de la instructora a revisar acuciosamente el expediente para no recurrir a una decisión política a la hora de fallar por un sí o un no al desafuero.
"Confío en el profesionalismo y en la responsabilidad de los diputados integrantes de la instructora. Espero que puedan estar alejados o se alejen día con día de esa tentación política de avalar el procedimiento contra el jefe de Gobierno sin revisar con pulcritud el expediente. Si no se le permite avanzar en una posible contienda presidencial, se dará un golpe duro a la legitimidad de 2006. El país necesita que la elección, además de ser competida, sea legítima."