Pugnas internas en el PRI dieron origen al surgimiento de la organización

Paz y Justicia ha dejado una estela de homicidios, expulsiones e impunidad

El asesinato de un perredista en Tila, en marzo de 1995, desencadenó la violencia

LUIS HERNANDEZ NAVARRO

A partir de la ofensiva militar contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de febrero de 1995, un nuevo tipo de violencia se adueñó de la región norte de Chiapas. Asesinatos, emboscadas y expulsiones se convirtieron en hechos usuales en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto del Agua. Fueron parte de la guerra irregular contra el zapatismo.

El hecho que desencadenó la espiral de violencia en la región fue el asesinato de un joven perredista por el presidente municipal de Tila, Jesús de Celis, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 19 de marzo de 1995.

El crimen provocó que el ayuntamiento, integrado por militantes de una fracción del PRI, y de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), protestara saqueando la comandancia de policía y tomando durante 15 días la presidencia municipal, hasta que se nombró un concejo.

El alcalde había sido fuertemente impugnado desde tiempo atrás, y en el municipio, como en toda la región, el cardenismo había obtenido una copiosa votación durante las elecciones para gobernador de finales de 1994.

En ese entonces miles de indígenas choles se incorporaron activamente a las jornadas de resistencia civil en contra del fraude electoral que hizo a Eduardo Robledo gobernador del estado. Muchas de las comunidades que votaron por la oposición fueron excluidas de las obras sociales y sus dirigentes amenazados.

Los comerciantes ricos de la cabecera municipal habían desatado una campaña de calumnias contra el párroco del lugar, Heriberto Cruz, en parte porque éste les canceló la posibilidad de hacer negocios dentro de los terrenos que ocupa el templo. El asesinato del perredista apareció así no como un hecho aislado, sino como parte de la escalada represiva de los sectores oficiales para tratar de contener a un movimiento popular crecientemente radicalizado.

En esta escalada de violencia, los opositores detuvieron a Nicolás Pérez, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y uno de los pocos operadores políticos del partido oficial en la región, quien buscó organizar a los comerciantes y sectores del PRI para retomar la presidencia municipal. Su cuerpo sin vida apareció días después.

Intervienen Ejército y MP

El recrudecimiento del enfrentamiento político -que sólo marginalmente puede explicarse como un conflicto interpartidario- "coincidió" con el aumento en la inseguridad pública. Una ola de asaltos en la parte baja del municipio sirvió como pretexto para que una parte del concejo municipal pidiera la intervención del Ejército y del Ministerio Público. El malestar popular creció. El comentario de la gente era: "los nombramos para cuidar el municipio, no para meter al Ejército". La militarización, obviamente, no frenó la delincuencia.

El proceso electoral para nombrar diputados locales y presidentes municipales, el 15 de octubre de 1995, incrementó aún más la confrontación. De un lado, hubo una fuerte disputa por las candidaturas a diputados y presidentes municipales dentro del PRI. Del otro, el avance organizativo de la oposición.

En este contexto, de claro arrinconamiento de los grupos de poder locales, apareció públicamente el grupo paramilitar Paz y Justicia.

Durante meses, Paz y Justicia actuó con completa impunidad: asesinó, secuestró, robó y expulsó de sus comunidades a simpatizantes zapatistas e integrantes de la sociedad civil.

En 1998 se jactaban de controlar más de 200 comunidades. Los agravios que las comunidades disidentes del PRI sufrieron por parte de este grupo llenaron centenares de cuartillas: homicidios, violaciones, casas quemadas, expulsiones, clausura de templos, cobro de "impuestos" por permitirles regresar al PRI e intentona de secuestrar al obispo coadjutor. Sus víctimas pertenecen a todos los partidos políticos que actúan en la región.

Adiestrados por el Ejército

Parte de los integrantes de Paz y Justicia son ex soldados dados de baja en Tabasco o Campeche. Abastecidos con buen armamento recibieron, además, adiestramiento militar de soldados en activo. Sus vínculos con el Ejército eran inocultables.

Cuando el general Renán Castillo, comandante de la séptima Región Militar, salió del estado, la organización le rindió un homenaje. Samuel Sánchez, diputado y cabeza visible del grupo, le dijo: "nunca lo olvidaremos, señor. Hay recursos que quedan grabados en la conciencia de los hombres y usted representa uno de ellos. Todo lo que hizo por nosotros obliga a la gratitud."

Para esconder su naturaleza violenta, Paz y Justicia pretendió presentarse ante el gran público como una organización productiva y justificarse como víctimas del zapatismo. Su discurso fue elaborado por Solidaridad Campesino Magisterial, central rural de Chiapas apoyada desde los gobiernos estatal y federal a partir del levantamiento del EZLN, de la que muchos integrantes del grupo paramilitar fueron militantes.

El 27 de octubre de 2000, la Procuraduría General de la República detuvo a Samuel Sánchez y a Marcos Albino Torres (ex militar y ex regidor de Tila), acusados de portación ilegal de armas y otros delitos. Al poco tiempo, Paz y Justicia se fracturó.

Las contradicciones internas por el presupuesto y el mando, así como la derrota del PRI en las elecciones federales y estatales, acrecentaron los pleitos internos. Una parte de sus miembros pasó a formar la Unión Campesina Indígena Agrícola y Forestal.

La cantidad de muertos (el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas responsabilizó a Paz y Justicia de más de 40 asesinatos), el nivel de encono social y la permanencia del enfrentamiento, muestran la guerra sucia realizada contra las comunidades zapatistas, que tenían en aquella región un corredor natural de salida. Una guerra comandada desde el corazón mismo del Estado.