Editorial
Editorial
El proyecto de presupuesto presentado ayer por el gobierno de George W. Bush al Congreso constituye un retrato crudo e inequívoco de las orientaciones políticas, éticas y humanas que animan a la actual administración estadunidense: tras haber reducido drásticamente los impuestos a los más ricos en el curso de su periodo anterior, ahora Bush se propone combatir el astronómico déficit fiscal creado por su gobierno 427 mil millones de dólares para este año fiscal, 15 mil millones más que el año pasado recortando los fondos destinados a unos 150 programas sociales para los más pobres, como acciones de asistencia médica, desarrollo comunitario, vivienda, alimentos y ayuda a ancianos.
El gasto corriente para el Departamento de Defensa se incrementará 4.8 por ciento, para situarse en más de 419 mil millones de dólares sin considerar solicitudes complementarias por 80 mil millones de dólares para proseguir las guerras contra Afganistán e Irak, mientras el pomposo programa de asistencia a naciones con severos niveles de pobreza, bautizado como Desafío del Milenio, no tendrá ni uno por ciento de lo destinado a presupuestos militares; por lo que hace a la investigación científica y tecnológica, los fondos previstos para combatir la epidemia mundial de sida equivaldrán a 0.76 por ciento de los que se destinarán al Pentágono, y se suprimirá el presupuesto destinado a dar mantenimiento al telescopio espacial Hubble, principal instrumento de la investigación astronómica mundial y orgullo, hasta hace poco, de la comunidad científica estadunidense.
Llama la atención el dinero que la Casa Blanca piensa destinar a combatir "las amenazas de armas químicas y biológicas" mil 600 millones de dólares este año, 9 mil 100 en el próximo lustro, adicionales a los 9 mil 500 millones dedicados a la administración de la seguridad interior y a 147 mil 800 millones de mantenimiento y emergencias, especialmente en una circunstancia en la que la única de esas amenazas que podía tener cierta verosimilitud, la de las armas químicas y biológicas de Irak, resultó ser un embuste fabricado por el propio gobierno de Estados Unidos para invadir, destruir y someter a esa infortunada nación árabe.
¿Cuál será, entonces, el destino real del dinero de los contribuyentes, cuya programación ha implicado recortes a programas sociales orientados a combatir amenazas mucho más reales, como el hambre, la falta de vivienda y la imposibilidad de los estadunidenses pobres de acceder a atención médica?
En otro terreno resulta inquietante la petición de la Casa Blanca de recursos millonarios etiquetados para "el apoyo a los esfuerzos de formación de partidos políticos y los programas de desarrollo de la democracia por organizaciones no gubernamentales" de Venezuela, que tiene un inconfundible carácter intervencionista y un claro propósito de desestabilizar al gobierno de Hugo Chávez. Otro apartado con sentido injerencista es el de los 15 millones de dólares para financiar programas que apunten a una "transición rápida y pacífica" en Cuba. Acerca de nuestro país, llama la atención el intento por reactivar la asistencia militar, así sea por la modesta suma de dos millones y medio de dólares y, en mayor medida, el pedido de 30 millones de dólares para mejorar los controles en los puertos mexicanos de salida hacia Estados Unidos. Cabe preguntarse si esa solicitud obedece a la necesidad de financiar medidas de seguridad acordadas en forma bilateral o si Washington tiene la intención de imponer en nuestro territorio, una vez más, en forma violatoria de la soberanía nacional y con la venia de autoridades mexicanas habituadas al sometimiento, acciones de control que violentan las garantías individuales en suelo mexicano.
Para finalizar, es curiosa la solicitud de que en el próximo año fiscal que comienza en octubre el Capitolio otorgue al Departamento de Estado 56 millones de dólares para "promover la democracia y los derechos humanos" en el planeta, habida cuenta de que el gobierno de Estados Unidos es hoy, dentro y fuera del territorio de ese país como en Abu Ghraib y Guantánamo, uno de los principales violadores de tales derechos.