Proveedor del GDF
Insta Contraloría a evitar tratos con el grupo Vismar
La Contraloría General de la administrcaión local solicitó a las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la administración pública del Distrito Federal abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios con la sociedad mercantil denominada Grupo Industrial Vismar, SA de CV.
A través de la circular número CG/005/2005, su titular, Bertha Elena Luján Uranga, explica que en la resolución de fecha 13 de octubre de 2003, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó procedente, pero infundado, el recurso de revisión en contra de la resolución emitida contra la firma encabezada por Mario Siller García, que quedó fuera de la licitación para la adquisición de uniformes que hizo el GDF.
De acuerdo con declaraciones del empresario, en 2001 la Cámara Nacional de la Industria del Vestido se inconformó por el tipo de tela a utilizarse en la confección de uniformes para la Secretaría de Seguridad Pública, por considerar que era flamable y ponía en riesgo a quien la portara, cuando era del mismo material con que se confeccionó el vestuario de los elementos de Tabasco y Nueva York.
Esas declaraciones además se hicieron fuera del tiempo para adquirir las bases de licitación de 280 mil artículos, entre uniformes, calzado y accesorios, con un costo cercano a los 70 millones de pesos, dijo en ese entonces en un escrito de inconformidad que presentó junto con la firma de otros empresarios ante la Contraloría General, que lo desechó, procediendo a la asignación directa a las cámaras de la industria del vestido y el calzado.
Sin embargo, el Grupo Industrial Vismar obtuvo en 2002 otro contrato para la fabricación de calzado, que dio a maquilar al Grupo Industrial Pachuca -que en enero de ese año dejó de ser el proveedor del GDF después de 10 años, ante las demoras e incumplimientos en que incurrió-, que cobró 164 pesos por cada par, pero que se vendieron a la administración capitalina en 260 pesos.
Laura Gómez Flores