Sólo admitirá a personas "altamente calificadas" y que aprueben examen de inglés
El gobierno de Tony Blair endurece su política de inmigración a Gran Bretaña
Arranca plan de regularización de extranjeros residentes en España; será insuficiente: ONG
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El premier brit�co, Tony Blair, en imagen de archivo FOTO Afp
Londres, 7 de febrero. Cuando faltan tres meses para las elecciones generales en Gran Bretaña, el gobierno del primer ministro laborista Tony Blair anunció este lunes un drástico plan para controlar la inmigración, que hará casi imposible que extranjeros sin preparación y dominio del inglés se establezcan en el país.
El ministro del Interior, Charles Clarke, anunció además una polémica reforma del sistema de asilo, indicando que las personas que hayan obtenido asilo ya no pueden quedarse en Gran Bretaña de manera permanente, sino que se les dará un permiso provisional de hasta cinco años, renovable.
Para el jefe del Consejo de Refugiados, Maeve Sherlock, esto dejaría a los asilados "en el limbo", ya que no sabrían que pasará con ellos después de ese periodo.
El plan anunciado ante la Cámara de los Comunes por Clarke, en medio de abucheos de varios diputados, entre ellos algunos laboristas, prevé que sólo se autorizará permanecer en el país a personas "altamente calificadas", que deberán someterse además a una prueba de inglés.
El nuevo sistema, que excluye a los ciudadanos de la Unión Europea, garantizará que Gran Bretaña sólo recibirá emigrantes que ocuparán plazas para las que no haya trabajadores entre la fuerza de trabajo local, como médicos y enfermeras, agregó Clarke.
Blair, que aspira a ser relegido para un tercer mandato en mayo, entró de lleno en el tema migratorio, tradicional bandera de los conservadores, al declarar anoche que Gran Bretaña debe elaborar un sistema que le permita acoger a los inmigrantes "que necesite el país" y mantener "controles estrictos" en las fronteras.
El responsable de los temas migratorios de la oposición conservadora, David Davis, denunció el "confuso" plan del gobierno, que establece un sistema de puntajes, en vez del sistema "firme y justo" de "cuotas" para los inmigrantes que pide su partido.
En tanto, España inició este lunes un proceso excepcional de regularización de inmigrantes, el sexto desde 1991, que beneficiará a por lo menos medio millón de inmigrantes que tengan un contrato de trabajo, entre otros requisitos.
Según datos oficiales, de 2.6 millones de extranjeros que residen en España, un millón son irregulares. Ecuatorianos, colombianos, rumanos y marroquíes son los que más cantidad de certificados de antecedentes penales han solicitado a sus respectivos países para poder normalizar su situación.
Este proceso se enmarca en el reglamento de aplicación de la ley de extranjería que el gobierno socialista elaboró con partidos políticos, empresarios, sindicatos, asociaciones de inmigrantes, excepto el opositor Partido Popular (derecha), para el cual los inmigrantes que ahora se regularizan desplazarán a los trabajadores actuales, "por las reglas de la oferta y la demanda".
SOS Racismo advirtió que muchos inmigrantes quedarán fuera del proceso, pues no podrán presentar el certificado de empadronamiento en un ayuntamiento con fecha previa a agosto pasado, mientras la asociación Karibu afirmó que esa disposición "da la espalda" a los inmigrantes africanos, que en gran medida no pueden reunir ningún requisito.
"No tienen suficiente personal y no han puesto más, siguen teniendo las mismas cinco personas de siempre", se quejaba el argentino Juan Darsi luego de intentar infructuosamente lograr un certificado de empadronamiento.
Tanto Alemania como Holanda, dos de los principales contribuyentes netos a las arcas de la Unión Europea, han expresado su reticencia a la política de regularización de España, pues temen que ese país sea un "coladero" para que el flujo de inmigrantes que entra en su territorio se traslade al norte de Europa.