El daño a los clientes se estima en 13 mil 500 millones de pesos al año
Enfrenta Profeco 900 amparos contra la revisión del despacho de gasolinas
En los últimos 15 días aumentaron 42% las solicitudes de esta protección judicial
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) enfrenta ya 900 solicitudes de amparo contra la revisión de sistemas de despacho de las gasolineras, cuyos propietarios se oponen a que se verifique que sus clientes reciban litros de mil mililitros y que se respeten sus derechos como consumidores.
Los amparos promovidos por los empresarios a los que Petróleos Mexicanos (Pemex) les otorgó una franquicia para vender gasolina y otros combustibles para automotores, son producto de uno de los escasos avances que Profeco ha tenido en la defensa de los consumidores, y que consiste en la actualización de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia 011 (NOM-011), a través de la cual la Secretaría de Economía dotó a la procuraduría de facultades y herramientas técnicas para revisar la operación de las gasolineras.
A su vez, la actualización de la NOM 011 fue promovida por Profeco luego de que un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública Federal reveló que hay estaciones de servicio que despachan hasta 40 por ciento menos combustible del que paga el usuario
En suma, el daño para los clientes de las estaciones de servicio se estima en por lo menos 13 mil 500 millones de pesos al año, agravio cometido entre casi la totalidad de las 6 mil 500 estaciones de servicio que se rigen bajo el contrato de la Franquicia Pemex.
Pemex Refinación, y el procurador federal del Consumidor, Caros Arce Macías, señalaron que este intento por defender los derechos de los consumidores provocó que en los últimos 15 días se incrementara en 42 por ciento la solicitud de amparos, para llegar ya a los 900, de los cuales, precisaron, sólo se ha concedido la suspensión provisional a 180.
Detallaron que las entidades con mayor número de empresarios que se oponen a ser revisados mediante los controles volumétricos son, hasta el momento, Coahuila y el Distrito Federal. Aunque 80 por ciento de las solicitudes han sido rechazadas, todavía no es posible dar por hecho que este episodio lo ganarán los consumidores, porque los procesos de revisión continúan.
En este sentido, la Asociación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Lubricantes (Andicolub) se manifestó a favor de las acciones anunciadas por Pemex Refinación para terminar con el mercado ilícito de combustibles, las cuales se pondrán en marcha en marzo.
El organismo consideró que la única vía para terminar con el comercio irregular de combustibles es el retorno a las prácticas comerciales anteriores a 1999, que estaban sujetas a un marco jurídico que regulaba y normaba la venta de gasolinas y diesel.
Con esto, puntualizó, Pemex Refinación retomaría el control de los productos petrolíferos ya que conocería la forma y sistema de transporte, supervisaría el almacenamiento regional y daría seguimiento a la distribución a estaciones de servicio y usuarios finales, entre los que se considera a la industria del transporte, turística, comercial y otros sectores.
La Andicolub señaló que, si bien la instalación de circuitos cerrados en todas las terminales de almacenamiento y distribución de Pemex (a partir de marzo) es una magnífica medida complementaria, resulta insuficiente cuando los distribuidores genéricos, al tener la propiedad y dominio desde que se realizaron las modificaciones comerciales, comenzaron a mezclar los productos petrolíferos, sobre todo las gasolinas, con solventes, naftas y aromáticos de baja calidad.
Estos productos se siguen empleando a pesar de que su utilización fue prohibida en 1994 a nivel internacional por ser altamente cancerígenos y contaminantes del ambiente, aunque no existe regulación o norma jurídica que los sancione.
Andicolub opinó que para que este programa de lucha contra el mercado ilícito de combustibles rinda los frutos que los consumidores esperan, debe haber más integración y cooperación entre Pemex Refinación, distribuidores al menudeo y mayoreo, Profeco, Profepa, Secretaría de Seguridad, autoridades estatales y municipales. Además se deben sancionar acciones discrecionales de servidores públicos en el área comercial de Pemex Refinación, en particular por actividades ilícitas e ilegales.