Organizaciones
dudan que sean los verdaderos culpables Cuatro mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez en lo que va del año. El primer feminicidio ocurrió el uno de enero, el cuerpo agonizante de Josefina Contreras Solís de 25 años de edad, fue encontrado en un contenedor de basura de la Colonia Revolución Mexicana de Ciudad Juárez. Fue brutalmente golpeada con un pedazo de tabique que le desfiguró el rostro, estaba semidesnuda y murió en el Hospital General adonde fue trasladada, según informó la policía municipal. El segundo se perpetró en contra de Claudia Guillén Hinojosa, quien estaba embarazada y fue asesinada de tres tiros el martes 11 de enero, su esposo, Jesús Rentería Vargas, presunto responsable, se suicidó. El tercer caso, es el de Liliana Acosta Acosta de 19 años, quien murió de un impacto de bala en el tórax, elementos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, detuvieron a Carlos Herrera Bustos, de 21 años de edad, quien aceptó haber sido él quien le dio muerte a la joven. El cuarto caso fue el de una juarense de 30 o 35 años que también encontraron en un lote baldío de la colonia Bellavista, la madrugada del 24 de enero, presentaba huellas de estrangulamiento y heridas de arma punzo cortante. Este principio de año, la situación en esa ciudad fronteriza se agrava, pues además de los asesinatos, la fiscal especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres, María López Urbina, fue agredida física y verbalmente por dos sujetos, supuestos representantes de una asociación de abogados, en un restaurante de comida rápida de Juárez. En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la oportuna intervención de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones -que auxilian a la fiscal- evitó que fuera atacada de forma más violenta y que se investigarán los hechos hasta sus últimas consecuencias. En el 2004, fueron asesinadas 24 mujeres, mientras que en el 2003 se registraron 14 crímenes. Por su parte, la procuradora de Justicia estatal, Patricia González Rodríguez, informó que en las instalaciones del Servicio Médico Forense hay 70 cadáveres de hombres y mujeres que no han sido identificados, de los cuales, la mayoría fueron encontrados desde 1993 en la zona desértica. No obstante, comentó que hay avances en la identificación de 14 cuerpos y que la procuraduría instalará en breve un laboratorio genético y en este mes tres especialistas estadounidenses auxiliarán en la identificación de cuerpos y osamentas. Por otra parte, 10 integrantes de la banda de Los Rebeldes y Los Ruteros , encarcelados en 1996, fueron sentenciados, el pasado 6 de enero, a penas que van de los 24 a los 40 años por rapto, violación y asesinato, de por lo menos 10 mujeres. Juan Jorge Contreras Jurado, uno de los inculpados, rechazó la sentencia y explicó que él estuvo detenido ocho años sin sentencia por falta de pruebas y ahora le dan 40 años de cárcel a pesar de que sólo tienen testimonios que le arrancaron bajo tortura. En tanto, organizaciones como Nuestras hijas de regreso a casa y Casa amiga, expresaron el temor de que "se paralicen" las investigaciones al considerar que ya se tienen a los culpables en la cárcel, como es el caso de Los Ruteros y Los Rebeldes, cuando éstos pudieron haberse declarado culpables por medio de la tortura. Marisela Ortiz Rivera, de Nuestras hijas... expresó que no se deben confiar las autoridades y pensar que como ya se le dictó sentencia a los supuestos asesinos, ya no hay nada que investigar, cuando "hay serias dudas de que ellos sean los responsables. Estamos hablando de que los asesinos siguen libres y que esto no va a parar". Asimismo, comentó que las madres de las víctimas están en desacuerdo con la exoneración de 39 funcionarios públicos a quienes se imputó actuar con negligencia en torno a los feminicidios cometidos de 1993 a la fecha y agregó que tampoco están de acuerdo con las sanciones administrativas y económicas que se les impusieron a 15 ex funcionarios hallados culpables de actos irregulares en la integración de expedientes. La procuradora Patricia González informó que luego de "un riguroso estudio al informe" que entregó en octubre pasado López Urbina, se determinó que cinco de los 73 ex funcionarios investigados actuaron de manera negligente en el esclarecimiento de feminicidios. Ortiz Rivera dijo que las faltas, por ejemplo, de Manuel Esparza Navarrete, son "imperdonables" y se le debe hacer una investigación para que responda por las omisiones que ocasionaron más muertes y por "la tergiversación de la información que él ordenó directamente para desviar la atención hacia lo que llevaba a una investigación más contundente que diera con los asesinos, por él se perdieron pruebas, él hizo amenazas, ha ocasionado torturas y tenemos prueba de ello, al padrastro de una de las niñas asesinadas, Brenda Berenice Delgado, lo secuestraron más de 10 horas, tiempo en el que lo torturaron, de esto levantamos un acta en derechos humanos y eso era para que se alejara de nuestra organización", no es suficiente, reiteró, una pena administrativa, hace falta que se les encarcele y se les juzgue conforme a la ley. Y en la misma situación se encuentra Alejandro Castro Valle, "no queremos que se vayan limpiecitos, porque eso también se llama impunidad". Ortiz también se refirió
a las acciones de la fiscalía especial de la PGR. Indicó
que se prometió hacer albergues para hombres violentos, pero
a la fecha, ni siquiera se han instalado los albergues para mujeres
maltratadas y quedan muchos pendientes que se podrían resolver
con el presupuesto asignado a dicha fiscalía, como la atención
a los niños y niñas huérfanas, que tienen muchas
carencias. El nuevo gobierno de Chihuahua, puntualizó, tiene una política de "generar confianza", pero hasta ahora a las familias de las víctimas no les ha dado ninguna expectativa "porque no hay nada que les indique que esto se pueda frenar o que sus casos puedan irse solucionando, las investigaciones siguen igual". Informó que para el mes de marzo se hará un foro local y para ese mismo mes harán la apertura de su radio comunitaria, misma que buscarán instalar también vía Internet. La radio, complementó, servirá para abrir espacios informativos que no se tienen en los medios de comunicación convencionales y para apoyar a aquellas madres cuyas hijas desaparecen y no encuentran la respuesta inmediata. Buscarán que la información que se dé a conocer en su radio local, sea la verdad de las víctimas y no la voz oficial, como siempre ha ocurrido. (Agencias y Aleyda Aguirre) |