El problema no se resuelve con más policías, sino con reformas al sistema, considera
La crisis en penales, estructural: SG
Rechaza que retomar el control de las prisiones implique vulnerar los derechos humanos
Las condiciones en que operaban los penales federales constituían un riesgo latente que derivó en la crisis actual, plantea el coordinador de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Ricardo Sepúlveda. Se trata de una problemática estructural cuya solución no se reduce a mayores recursos, combate a la corrupción o mayor presencia policiaca, sino que requiere incluso de acciones legislativas, considera.
En entrevista con La Jornada, el funcionario reconoce que no todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se han logrado cumplir, porque precisamente muchas aluden a una reforma estructural, no sólo en el ámbito de penales, sino también en el terreno de la procuración y la administración de justicia.
En ese tema, subraya Sepúlveda, existe gran preocupación del gobierno federal porque la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión ''está literalmente estancada''.
Sin duda, apunta, uno de los factores que ha precipitado la crisis en los penales es la sobrepoblación, y la iniciativa presidencial está orientada, entre otros aspectos, a modificar la aplicación de la prisión preventiva.
No obstante, el funcionario reconoce que, más allá de avanzar en el orden estructural, es imperioso retomar el control inmediato de los penales: "mayores medidas de seguridad y de control no son necesariamente antagónicas a la vigencia de los derechos humanos en las cárceles; por el contrario, garantizar la seguridad de los presos es uno de los derechos fundamentales que tienen los internos".
En ese sentido, destaca que aun en esta crisis no debe concluirse que el control de los penales esté reñido con los derechos humanos. Es al contrario, enfatiza Sepúlveda: son las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de las garantías fundamentales las que pugnan por un verdadero control, porque en medio del caos o del descontrol se generan las condiciones de discrecionalidad y, por tanto, de mayor posibilidad de que se violen los derechos humanos.
-Pero la discrecionalidad también puede operar en favor de la delincuencia.
-Claro, esa discrecionalidad puede operar para represión o corrupción. Debe haber claridad y supervisión intensa, estricta, sobre el desarrollo de todos los penales. Sí es muy importante revisar el asunto de la reglamentación y, a la par, que se cumplan los estándares internacionales que rigen en la materia.
Sin embargo, Sepúlveda admite: ''lo fundamental es evitar el relajamiento en su operación interna, porque en muchos casos ni siquiera se requeriría de una renovación de los reglamentos, sino simplemente de su aplicación''.
Cumplimientos a largo plazo
Respecto al incumplimiento de las recomendaciones que ha realizado la CNDH en torno a las cárceles, Sepúlveda refiere que el organismo envió un documento general para las cárceles federales, estatales y municipales. ''Fueron recomendaciones de orden estructural, muchas de las cuales no es posible cumplir en el corto plazo''.
Por ejemplo, la convivencia entre sentenciados y procesados fue uno de los factores que generó el descontrol en La Palma. ''Es una situación inconveniente para el mejor tratamiento de los internos y del cumplimiento de los objetivos de readaptación social. Empero, lograr enfrentarlo no es algo que se pueda conseguir a corto plazo".
Revertir esta situación -que es generalizada en gran parte de los penales- no depende sólo de infraestructura, sino de reformas que permitan un uso más racional de la prisión preventiva.
La iniciativa presidencial enviada apunta precisamente a modificar esa utilización para que no necesariamente se aplique la prisión en función de los años en que pueda oscilar la pena, sino fundamentalmente tomando en cuenta la peligrosidad del delincuente, la gravedad del delito y la posibilidad de que exista una fuga.
Finalmente, el funcionario mencionó que no se dejarán de gestionar cambios de internos si éstos no se contraponen o son de internos de alta peligrosidad. ''Lo que hay que tener claro es que nosotros podemos gestionar ante la Secretaría de Seguridad Pública esos traslados, pero depende de esta dependencia su autorización definitiva.''