Riesgos de la captura del Estado
Con la presencia y avance de las empresas trasnacionales en la economía mundial ha surgido un fenómeno que los teóricos han denominado "la captura del Estado", que básicamente define la cooptación de gobernantes y todo tipo de servidores públicos por parte de esas empresas, para influir en su beneficio en la formulación de leyes y en la orientación de las políticas públicas o de manera inversa, para bloquear reformas que puedan reducir las concesiones o ventajas alcanzadas; el propósito son las grandes ganancias a través de la apropiación de los sectores más rentables de la economía.
El esquema se ha reproducido en todas las latitudes. Las poderosas empresas van pasando por los países devastando sus economías mediante la destrucción de sus cadenas productivas y construyendo nuevos eslabonamientos que faciliten su tarea; se trata de tomar el control de las materias primas más rentables, de los insumos energéticos, de los servicios públicos; su actuación se facilita porque, como caballos de Troya, logran incorporar a sus empleados en los puestos directivos del gobierno o de las empresas públicas, a la vez que impulsan campañas políticas bajo el compromiso de promover o defender sus intereses.
El proceso incluye ataques para debilitar las instituciones estatales -lesionando o descalificando la credibilidad del Congreso y del Poder Judicial-, cobro de altos intereses por la deuda pública o exigencias para su rápida amortización, lo que conduce al Ejecutivo federal a la insolvencia e incapacidad para suministrar servicios públicos; flexibilización en los sistemas de fiscalización, relajamiento en la actuación de los órganos encargados de regular las actividades privadas, etcétera. La fase de consolidación de la captura del Estado se da con la privatización de los sectores productivos más rentables. Ahí da inicio la extracción o saqueo acelerado de la riqueza nacional, la degradación de las condiciones laborales, el aumento de las tarifas y precios de los servicios públicos, la deficiencia en la calidad de los mismos y disminución de su cobertura a los sectores menos favorecidos.
Y al llegar la crisis huirán hacia la captura de otro estado, dejando atrás, sin miramiento, deudas impagables para la Federación, el descontento de la mediana y pequeña empresas, el enojo de las clases media y baja que difícilmente remontarán sus niveles de pobreza; enfado por las privatizaciones quizá irreversibles; desilusión por la democracia y el desgaste de las instituciones.
La desventura sufrida por Argentina en su proceso de privatización es el ejemplo en boga de la captura del Estado. Se ha tornado simbólica la forma en que las trasnacionales se apropiaron de los servicios públicos; en que el gobierno reconfiguró sus estructuras de precios y tarifas, tomando como referencia los precios internacionales -igual que sucede en México- para asegurar a las empresas privatizadas una rentabilidad holgada, o la crisis energética que estuvo a punto de sufrir por falta de inversiones en infraestructura para la explotación del gas y de la electricidad; o el colapso del sistema financiero en manos de extranjeros que, lejos de enfrentar la crisis, optaron por levantar sus capitales y escapar raudos a puerto menos riesgoso.
Esta es la tónica de los países cuyos gobiernos entregan su riqueza, sus recursos naturales y malbaratan la fuerza laboral de su pueblo. Pero los movimientos sociales para sacudirse del yugo resultan cada día más peligrosos. Ahí está el caso de Bolivia, donde la privatización del gas y del petróleo se pactó de manera que por cada dólar capturado por las empresas extranjeras el gobierno sólo retiene 18 centavos -esquema que hoy se trata de imponer en México para el gas y extenderlo al petróleo-, lo que condujo al violento derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada y que su sustituto, el presidente Mesa, presionado por su pueblo, trata de recomponer, impulsando nuevas leyes fiscales en el sector energético y ahora con la privatización del agua. Derivado de ello, las protestas de los grupos indígenas continúan provocando cancelaciones de contratos a las trasnacionales especialistas en estas materias, al tiempo que exigen un trato más justo para el pueblo y más restrictivo para las trasnacionales. Es tal la crisis, que recientemente el presidente ha requerido replantear su gabinete, despidiendo a varios ministros.
Nadie escarmienta en cabeza ajena, pero esas experiencias que se reproducen en nuestro país obligan a reflexionar sobre el grado en que el Estado mexicano ha sido capturado por las trasnacionales, que avanzan en la consecución de lo poco que aún poseemos: las empresas energéticas, cuyos ingresos pretenden menguar en detrimento del presupuesto nacional y, en consecuencia, el de los contribuyentes. ¿Cuánto ha avanzado en México la captura del Estado? Ya cuentan esas empresas con un gobierno amigable a sus intereses; tan amigable que se solaza en el debilitamiento y descrédito de sus empresas públicas. Su actuación, legal o ilegal, y el descontento social que dejen a su paso, no les preocupa, pues siempre habrá algún otro gobierno que, convencido por sus promesas y "bondades", facilite la captura de otro Estado.