El marco institucional influye en grado muy elevado en la calidad de la política pública. De él derivan directamente los incentivos y restricciones que determinan el modo de operación de la burocracia en todos sus niveles, incluyendo a quienes diseñan y ejecutan las grandes estrategias gubernamentales.

En materia fiscal, por ejemplo, las reglas del juego institucional pueden ser el origen de tendencias hacia la hipertrofia e improductividad del gasto público, la acumulación de déficit crónicos y el crecimiento desmedido de la deuda pública. Dichas reglas también pueden dar lugar a amplios espacios para la discrecionalidad que, en nombre de la eficiencia, favorecen el desarrollo de lo que los especialistas denominan políticas cuasi fiscales, o uso intensivo de medidas y prácticas extrapresupuestarias para alcanzar metas de gobierno cuya consecución debería sujetarse a procedimientos más transparentes y a la vez más regulados. La experiencia mexicana de las últimas tres décadas ofrece numerosos ejemplos para ilustrar ambos extremos.

Ahora que algunos actores políticos están intentando rescatar el proyecto de reforma del Estado acaso sea necesario insistir que uno de sus principales componentes debería ser la instauración de un proceso presupuestario transparente que establezca con nitidez mecanismos de asignación, ejecución y evaluación (lo que incluye necesariamente la rendición de cuentas) del gasto público. Ello impediría que las decisiones presupuestarias, en especial las referidas a rubros sensibles de la inversión y gasto federales, sean fácilmente modificadas por la burocracia fiscal o, como podría ser el caso, por el mismo Congreso, con base en criterios unilaterales o partidarios.

El modelo al que debería apuntar un nuevo diseño institucional en el terreno presupuestario es uno en el que se garantice un proceso de toma de decisiones descentralizado, pero sujeto por mandatos programáticos precisos cuya definición sea el resultado de la concertación política, de acuerdo con las reglas del juego establecidas, entre gobierno y Congreso.

En la nueva institucionalidad presupuestaria el secretario de Hacienda y Crédito Público y todos los altos funcionarios responsables del ingreso y el gasto públicos deberán ser sujetos periódicamente a la rendición de cuentas ante el Congreso en un formato por completo diferente a las actuales comparecencias, cuya utilidad pública, como quiera que se la mire, es totalmente nula.

Un orden institucional democrático produce organismos públicos capaces de instrumentar y hacer valer las reglas del juego que la sociedad instituye para garantizar estabilidad y desarrollo de la economía. Un sistema de regulaciones cambiante e incoherente no sólo impide alcanzar estos dos objetivos, sino que dificulta la coordinación de los agentes y las entidades que intervienen en el ciclo presupuestario y fiscal, además de producir ineficiencias y de posibilitar la corrupción.