José González Méndez
PAGINA DEL CONSUMIDOR 
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Treinta años después se advierten relevantes avances institucionales, pero, igualmente, fuertes limitaciones legales y operativas para que cumpla con sus funciones.
Luego de varias reformas a la ley, la última del 4 de febrero de 2004, la Profeco es capaz hoy de evitar que los proveedores de electricidad, agua o teléfono suspendan esos servicios básicos a un ciudadano cuando éste los acusa de irregularidades; pero no ha podido sancionar a los concesionarios de gasolinerías que a la vista de todos expenden litros de 600 u 800 mililitros.
Tiene facultades para representar a los ciudadanos frente a los gobiernos federal, estatal y municipal y defenderlos de arbitrariedades en la expedición de pasaportes, licencias o suministro de agua. Pero no ha logrado que Teléfonos de México (Telmex) pague una multa que le impuso por instalación discrecional del llamado Buzón Telmex en 620 mil líneas.
Ha conseguido una reducción paulatina entre el monto que reclaman los consumidores y el que efectivamente se recupera luego de su mediación; ha endurecido las multas y sanciones que aplica por violaciones a ley, y reconoció a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) como consumidoras; pero muestra limitaciones institucionales y logísticas para regular el comercio informal y vía electrónica.
En 2004 la Profeco recuperó 832 de mil 46 millones de pesos reclamados por los consumidores (80 por ciento del total). Sin embargo, el fraude cometido por las gasolinerías supera varias veces ese monto: 13 mil millones de pesos anuales.
Pese a estas limitaciones con las que aún opera, investigadores y organizaciones civiles pro consumidor celebran la existencia de la Profeco.
Su importancia dicen radica en que sólo un organismo financiado por el Estado tiene los instrumentos legales y coercitivos para evitar distorsiones en el mercado, como la fijación unilateral de precios, la especulación o incluso la discriminación.
La dependencia federal justifica su existencia al señalar que México es un país con 105 millones de consumidores, toda su población: desde el bebé que requiere pañales hasta el anciano que adquiere fármacos contra la osteoporosis.
Una razón poderosa es que el consumo en el país equivale a casi 70 por ciento del producto interno bruto. De acuerdo con la Asociación Mexicana para la Defensa del Consumidor, los mexicanos gastan cada año 200 mil millones de pesos en 10 productos básicos, cifra que se incrementaría a 300 mil millones si se agrega el consumo de cigarro y refresco.
La historia
Concebida como organismo que prevendría que los consumidores fuesen objeto de abusos, la Profeco fue creada en 1976 a iniciativa del Comité Nacional Mixto de Protección al Salario y la entonces Secretaría de Industria y Comercio. Uno de los objetivos esenciales era evitar que la inflación generalizada en aquella etapa afectara los salarios de los trabajadores.
"Es indiscutible que el consumidor se encuentra desprotegido ante las prácticas que le impone la relación comercial... y estimular la conciencia cívica y dotar al pueblo de los instrumentos necesarios para su defensa es deber del gobierno", exponía el entonces titular de Industria y Comercio, José Campillo, en septiembre de 1975, para justificar la creación de la Profeco.
La Ley Federal de Protección al Consumidor fue promulgada en febrero de 1976 y con ella se crearon el Instituto Nacional del Consumidor (Inco) y la Profeco. Al primero correspondió informar y orientar al consumidor sobre prácticas comerciales; la segunda asumió la defensa del ciudadano y tendría la encomienda de vigilar precios y aplicar sanciones en caso de violación. El gobierno de Carlos Salinas determinó que las funciones de ambos organismos se "duplicaban" y los fusionó en 1992.
Nuevas atribuciones
A las funciones de orientar, vigilar, investigar e informar sobre los precios y la calidad de productos y servicios, la Profeco incorporó durante estos 30 años otras de gran importancia. Así, desde 1998 informa sobre el costo de las remesas desde nueve ciudades de Estados Unidos; reasume la defensa de las Pymes, cuando el monto en litigio involucrado no supere los 300 mil pesos, e incrementó sus multas hasta 5 millones de pesos en caso de violaciones "graves" o reincidencias de los proveedores.
Sus actuales facultades le permiten garantizar al consumidor una indemnización no menor a 20 por ciento en caso de servicios deficientes, cerrar establecimientos hasta por 90 días, calificar de "graves" las violaciones en consumo de temporada, e impedir que los proveedores de gas, electricidad y telecomunicaciones suspendan sus servicios a un ciudadano cuando haya denuncia de por medio.
Organizaciones civiles
En un primer momento la Profeco defendió a los consumidores del anatocismo, cobro de intereses sobre intereses que la Corte legalizó en 1988. El desarrollo del concepto de consumo ha avanzado a la creación, en el ámbito del Estado, de órganos de defensa especializados: en 1996 la Comisión Nacional Arbitraje Médico y en 1998 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros.
La sociedad también ha asumido de manera directa y progresiva su defensa como agente de consumo. De acuerdo con la Profeco, existen más de 4 mil organizaciones civiles pro consumidor, relacionadas con productos y servicios como el café, el cine, los transgénicos y el comercio justo.
El año pasado, la Profeco recibió más de 146 mil quejas, aunque reconoce que sólo documenta una de cada nueve que existen, fuerte restricción que debe irse superando para hacer efectiva la legítima defensa del consumidor§
El gasto en consumo de las familias y las empresas en la economía mexicana en 2004 fue de 5 billones 100 mil millones de pesos, lo que representó 70 por ciento del valor del producto interno bruto de ese año. Esto indica la relevancia de las actividades cotidianas de comprar y vender y ubica a los consumidores de todo tipo de productos sean de uso final o intermedio, de origen nacional o importado en un lugar central del funcionamiento del mercado.
La noción de la soberanía del consumidor, en cuanto a que sus decisiones determinan qué y cuánto se produce y a qué precio se vende, es propia de los libros de texto más convencionales. Es claro que la producción se asocia necesariamente con el consumo, pues es la única manera en que las empresas realizan sus ganancias. No obstante, en el mercado, el consumidor suele estar a merced de los productores sin poder ejercer siempre de manera cabal el derecho que le confiere el uso de su ingreso para adquirir los bienes y servicios que deben satisfacer eficazmente sus necesidades.
Cualquier decisión de consumo de una persona, una familia, una empresa (o el mismo gobierno) debe estar amparada en el derecho de recibir a cambio la cantidad y la calidad pactadas de facto al concretarse un intercambio.
Los derechos del consumidor surgen por la misma existencia del mercado y deben ser preservados por la ley. En México es aún incipiente el ejercicio de tales derechos y la construcción institucional para garantizarlos tiene aún que fortalecerse. Con esta entrega iniciamos una sección en la que trataremos las distintas facetas relacionadas con el consumidor y sus derechos.
Al disponer de este suplemento, usted es un consumidor. Lo invitamos a participar con nosotros en el tratamiento de este asunto que involucra a todos§